Fiestas ilegales
Noches de Ibiza culpa a las administraciones de alimentar el auge de las fiestas ilegales
La patronal advierte que el crecimiento de la oferta ilegal, que mueve millones de euros, genera competencia desleal y amenaza la sostenibilidad turística y la seguridad en la isla

Agentes de la Guardia Civil se unen al dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal / Jerónimo Marín Palacios
La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha denunciado que la proliferación de fiestas ilegales y clandestinas multitudinarias en la isla es consecuencia directa de la falta de regulación, inspección y control por parte de las administraciones públicas.
La patronal sostiene que el crecimiento de esta oferta ilegal genera competencia desleal, mueve millones de euros y amenaza la sostenibilidad turística, la seguridad y la convivencia. Según AEON, el aumento de estos eventos es “una consecuencia directa de la falta de actuación de las administraciones públicas, que durante años han eludido abordar una actualización de la normativa, así como la implantación de mecanismos eficaces de control y supervisión”.
La asociación considera que la falta de criterios claros sobre horarios, aforos, actividades autorizadas y condiciones de seguridad ha creado una situación de desigualdad para las empresas que sí cumplen la ley. En palabras de su Junta Directiva, esta ausencia de medidas “ha generado un escenario de desigualdad competitiva que perjudica gravemente a las empresas que cumplen con la normativa”.
AEON reclama al Govern balear una reforma urgente de la Ley Turística de 2012 para reforzar la seguridad jurídica, definir las actividades permitidas y dotar a las administraciones de instrumentos eficaces de vigilancia y sanción. La entidad pide una modificación normativa “con el fin de evitar el intrusismo en este sector y combatir la desregulación que existe entre el ocio diurno y el ocio nocturno”.
La patronal pone el foco en actividades como hoteles que, según denuncia, actúan como discotecas durante el día, beach clubs y otros negocios que operan en una zona gris frente al ocio nocturno regulado. AEON defiende que la ley debe diferenciar de forma clara entre discotecas, hoteles, clubs de playa y beach clubs, y fijar condiciones iguales para todos los establecimientos que operan legalmente en Baleares.
AEON considera que las sanciones actuales no son suficientes
La asociación advierte además de que las sanciones actuales no son suficientes si no tienen un efecto real sobre quienes organizan eventos clandestinos. “Cuando los beneficios obtenidos por estas actividades ilegales se cuentan por millones de euros, las sanciones deben tener un verdadero efecto disuasorio. De lo contrario, incumplir la ley seguirá siendo un negocio rentable”, señala AEON.
La entidad también recuerda que el 26 de marzo de 2025 solicitó oficialmente al Consell de Ibiza modificar los horarios de salas de fiestas, discotecas y cafés concierto con licencia municipal para que el ocio nocturno regulado comience a las 22 horas y finalice a las 6 horas.
En paralelo, AEON ha pedido al Consell que “regule todas las actividades complementarias en horario diurno que desarrollan hoteles, restaurantes, etcétera”, limitándolas hasta las 20.00 horas para separar claramente esa oferta de la actividad propia del ocio nocturno.
La asociación denuncia, sin embargo, que “ni el Consell ni los ayuntamientos de la pitiusa mayor han sido capaces en esta legislatura de cumplir con su obligación de regular el sector”. AEON relaciona esta falta de actuación con la existencia de “25.000 nuevas plazas diarias de discoteca” en la isla, fruto de la suma de hoteles-discoteca de día, beach clubs y oferta nocturna, además de un nuevo establecimiento abierto el año pasado con 10.000 plazas.
Por todo ello, la patronal reclama un acuerdo entre Govern, consells, ayuntamientos y partidos políticos para crear “un marco común para las cuatro islas” que refuerce la inspección, el control y las sanciones contra el intrusismo. AEON concluye que Ibiza necesita una actuación inmediata para frenar una situación que perjudica a las empresas legales, deteriora la imagen del sector, afecta a la convivencia y pone en riesgo un modelo de ocio seguro, regulado y sostenible.
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