Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, sobre la macrofiesta ilegal 'Anomalist' en Ibiza: "No criminalicemos a las empresas colaboradoras"

La isla entera está revuelta después de la celebración de la macrofiesta ilegal 'Anomalist'. Tanto administraciones locales como asociaciones de ocio y empresas están indignadas por el evento que se celebró en una finca de Buscastell y que contó con más de mil asistentes. En este caso, el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, mantuvo una conversación telefónica con este rotativo para dar su opinión acerca del evento.

La empresa organizadora y los colaboradores

Para comenzar, Rojo pone el foco en las empresas de las islas que cumplen la legalidad y en los trámites burocráticos y certificaciones que han de cumplir: "Las empresas tenemos nuestros centros de trabajo homologados y habilitados para la actividad que realizamos. Las discotecas y locales también están sujetos a una normativa de seguridad muy estricta". En el caso de la macrofiesta ilegal, organizada al aire libre en una finca de Buscastell, Rojo entiende que "debería contar con una serie de permisos, requisitos y certificaciones técnicas, tanto de los escenarios como de los equipos de música, que tendrían que estar certificados por profesionales". Menciona también el permiso municipal para llevar a cabo una fiesta de esta magnitud, "con el trasiego de personas que conlleva y con el volumen que impide el descanso de los vecinos".

Rojo incide en la magnitud del evento: "Parece ser que es un acto que se celebra en una finca privada que no tiene licencia para este tipo de eventos. La inteligencia nos permite diferenciar un cumpleaños de un propietario o un inquilino de una macrofiesta con todo tipo de mecanismos profesionales en un espacio que no está habilitado para estas actividades", declaró.

Presunción de inocencia

En cuanto a las empresas que colaboraron en el evento, tales como empresas de catering, alimentación, distribución de bebidas, seguridad, sanitarios, expertos en sonido e iluminación, Rojo quiso salir en su defensa. "Las empresas no somos policías. Tenemos que tener claro que las empresas tienen requisitos legales y tienen que estar dadas de alta y entiendo que han sido contratadas por alguien que tiene capacidad para contratarlas, otra cosa es que la empresa organizadora no tenga permisos para realizar el evento", incidió. Pide "presunción de inocencia" para las empresas colaboradoras: "Es posible que se les haya contratado en el pasado para un evento legal, y ahora se les ha contratado para un evento ilegal. Pero esa no es su responsabilidad".

Amenazas a periodistas

Preguntado acerca de las empresas de seguridad que intentaron amedrentar a los periodistas que cubrían la noticia, Rojo se posiciona a favor de la libertad de prensa. "Las empresas de seguridad tienen una normativa muy clara: no pueden actuar fuera del límite de la parcela para la que se les ha contratado. Si se ha amedrentado a periodistas en el exterior -tal y como ocurrió-, eso deja mucho que desear de la empresa de seguridad. Es un delito y debe ser denunciado", expresa con rotundidad.

El presidente de Pimeef ha querido dejar muy claro que se debe poner el foco en la empresa organizadora y afirma que "el Ayuntamiento de Sant Antoni está llevando a cabo las investigaciones correspondientes" acerca de las empresas que participaron en el evento para constatar si las contrataciones siguieron los cauces legales. "Quien debe ser responsable es quien contrata a esa empresa, si ha emitido una factura y un contrato a una empresa profesional con NIF podría darse el caso de que hayan sido utilizadas para un evento ilegal", concluye.