El Govern refuerza la persecución contra la actividad de intrusismo en Baleares

El Govern pretende terminar con el intrusismo, tanto en la oferta ilegal de viviendas turísticas, como contra los taxistas piratas, además de otras actividades ilegales que se están ejerciendo en Baleares. Para luchar contra esta lacra esta mañana se ha celebrado la primera reunión operativa de la denominada mesa de lucha contra el intrusismo, que ha presidido la vicepresidenta Antonia Estarellas. Es una mesa de trabajo que tiene como objetivo dar una respuesta más efectiva frente a las actividades irregulares que afectan a los sectores estratégicos de la economía balear.

Este equipo de trabajo se dividirá en tres grupos. El primer grupo se encargará del control del transporte terrestre y del alquiler de embarcaciones náuticas. El siguiente grupo se encargará del control del alojamiento turístico, con el objetivo de perseguir la oferta ilegal, así como las actividades sin autorización o las prácticas que afectan a la convivencia y al acceso a la vivienda. El tercer grupo coordinará la persecución de las actividades comerciales, industria y ocio ilegal, centrándose en las prácticas que generan economía sumergida, competencia desleal y sobre todo riesgos a la seguridad de las personas.

Uno de los problemas de intrusismo más grave que se han detectado en los últimos años lo protagonizan los llamados taxistas o transportistas piratas. Son los que acuden al aeropuerto en busca de turistas, perjudicando a los taxistas o a las empresas reguladas de transporte en autocar. Lorena del Valle, directora general de transportes, explicó que para que estas medidas contra el intrusismo sean más efectivas ha sido necesario realizar una modificación legal. Esta nueva normativa pretende aumentar la capacidad de inspección y sanción frente a actividades ilegales para aumentar las multas. La ley prohíbe, de una manera más precisa, la captación ilegal de clientes en puertos y aeropuertos, y se prohíbe que aparquen autobuses o mini autocares en los espacios de estacionamiento público si previamente no existe una precontratación con los clientes. Estos conductores ya no podrán situarse frente a la salida de turistas ofreciendo sus servicios, como venían haciendo hasta hace poco, porque la normativa impedía sancionarles.

Para conseguir terminar de una vez por todas con esta actividad ilegal en el transporte el Goverh ha aumentado las sanciones. Ahora se pondrán multas que irán desde los mil a los 6.000 euros a los conductores de estos vehículos no autorizados. Esta forma de captar clientes hasta ahora no se podía perseguir por la falta de una normativa clara y específica. También se impondrán sanciones, que irán de los 6.000 a 12.000 euros, si se detecta cualquier captación de clientes por parte de estos autocares que no se realice en las oficinas de la empresa transportista.

Otras medidas también afectan a los vehículos VTC. El Govern aumenta las sanciones por la captación de clientes en la calle o que se realicen servicios sin previa autorización. Es decir, los vehículos VTC podrán recpger a los clientes en sus vehículos si previamente han sido contratados, por lo que no podrán acceder al puerto o al aeropuerto sino existe esta contratación previa.El objetivo de subir las multas es que sean efectivas, de tal manera que para el infractor le suponga un grave perjuicio económico si pretende insistir en esta actividad ilegal.

Para que todas las medidas sean efectivas, según señaló la vicepresidenta, es necesario que los funcionarios policiales dispongan de una formación adecuada y que les permita actuar con contundencia contra el intrusismo. Así, se realizarán cursos específicos para estos funcionarios, para explicarles las novedades de las nuevas normativas y las herramientas legales con las que contarán para hacer frente al intrusismo.

Un aspecto básico para que esta política contra el intrusismo sea efectiva es la coordinación entre las diferentes administraciones, con la implicación de los ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil de tráfico.

Según señaló Antonia Estarellas la lucha contra la oferta turística ilegal se ha convertido en una prioridad para el Govern balear. El Ejecutivo va a destinar recursos del impuesto del turismo sostenible dedicados a financiar actuaciones de control de la oferta ilegal, a la vez que se va a promocionar un modelo de turismo responsable. Todas estas medidas van a ir acompañadas con un aumento de las sanciones económicas, de tal manera que para el propietario de una casa, que se dedica al alquiler turístico ilegal, este negocio no le sea rentable auque tenga que pagar una multa, como está ocurriendo en muchos casos. Las sanciones se aumentan hasta un 25 por ciento y pueden alcanzar la cifra de medio millón de euros. La mesa de trabajo adoptará las medidas que ya se han venido aplicando en Ibiza, donde llevan mucho tiempo persiguiendo esta oferta ilegal. En el año 2024 las sanciones que se impusieron en la isla pitiusa fue de casi un millón de euros.

El Govern ha señalado que va a aumentar el número de inspectores en todas las islas. En Mallorca se pasará de 20 a 30 inspectores, en Menorca se incorporarán nueve y en Ibiza la plantilla tendrá nueve funcionarios. A través impuesto turístico también se financiará la contratación de 35 inspectores adicionales. Los responsables de este operativo confían en que el aumento de los refuerzos permitirá ser más efectivos a la hora de detectar, inspeccionar y sancionar las actividades irregulares. La vicepresidenta Estarellas recordó que el intrusismo es un problema que perjudica a la economía, pero sobre todo castiga a las empresas legales y a los ciudadanos.