Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003

En cada paseo por la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que busca. La frase es de John Muir, padre de los Parques Naturales de Estados Unidos y defensor de que las caminatas no son un pasatiempo, sino una necesidad espiritual.

Las Pitiusas no cuentan con los árboles gigantescos de California que Muir fue el primero en proteger y preservar, pero sí con muchos rincones verdes que merecen ser apreciados y que todavía siguen sorprendiendo incluso a consumados andariegos como Vicent Ferrer, presidente de la Plataforma per a la Catalogació dels Camins Públics d’Eivissa.

«Tengo 65 años, me encanta la isla, he trabajado en el sector turístico toda la vida y en mi época de juventud hice de guía. Es decir, que conozco la isla bastante bien. Sin embargo, desde que hago senderismo he descubierto zonas de la isla que no conocía y que son increíbles. Te encuentras senderos que no son tan conocidos y que te llevan a parajes súper bonitos», explica a Diario de Ibiza.

El inminente verano aconseja aparcar las caminatas largas por lo menos hasta finales de septiembre. Demasiado calor para aventurarse por los entresijos de la isla. El parón es un buen momento para reflexionar sobre el senderismo, un deporte que, según cuenta, ha crecido de forma considerable desde el covid. Porque la pandemia fue «un antes y un después para las actividades de vida saludable». No todo iba a ser malo con el puñetero virus.

Catálogos obligatorios

Torres, que llegó a ocupar el cargo de director insular de Turismo del Consell insular, fue uno de los artífices de la mencionada plataforma, que se constituyó en 2018 buscando la «promoción y defensa del uso respetuoso y compartido» de los caminos y senderos existentes en la isla.

Mucho más atrás en el tiempo, hace casi un cuarto de siglo, se promulgó la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que obliga a las administraciones a proteger su patrimonio, inventariarlo e inscribirlo registralmente.

Pese a todo el tiempo que han tenido para ponerse al día con este imperativo legal, el Ayuntamiento de Santa Eulària es el único de toda Ibiza que ha elaborado su catálogo municipal de caminos, un trabajo que culminó el año pasado y que fijó un total de 280 caminos y 338 kilómetros de titularidad pública.

«Los demás ayuntamientos nos dicen que están en vías de hacerlo, patatín y patatán, pero no lo sabemos seguro. Por ejemplo, Sant Joan lo está haciendo, pero supuestamente no está siguiendo la metodología que se tiene que seguir para hacer un inventario de caminos público», explica Torres.

Estos catálogos no son un brindis al sol, ni documentos destinados a coger polvo en las estanterías de los Consistorios. Son herramientas que permiten resolver problemas reales, desde los más sencillos, como saber si los senderistas tienen derecho a cruzar determinado terreno, a los más complejos, como operaciones inmobiliarias de costes millonarios: «El derecho de paso era una cosa sagrada, toda la vida se sabía que un camino era de uso público y nadie lo cuestionaba. Pero ahora nos hemos encontrado con extranjeros que han invertido en Ibiza, han comprado un terreno y han registrado a su nombre un camino que había sido de uso público toda la vida».

¿Desconocimiento o mala fe?

¿Simple desconocimiento o mala fe? Torres cree que hay un poco de todo: «Para posibles futuras construcciones hace falta poder cumplir con una cantidad de metros de terreno y se han cerrado caminos de uso público por ese motivo. El nuevo comprador no conoce muy bien el origen de este camino y lo cierra al uso del público en general. Quiero pensar que es más por desconocimiento, aunque también puede haber mala fe, seguro, porque a veces los vendedores no informan debidamente».

Este es uno de los motivos que llevan a la plataforma a insistir «mucho» en la creación de los catálogos a los que obliga la ley a los ayuntamientos, ya que «se evitan todos estos problemas tanto si eres usuario, como si eres comprador o alguien de fuera». Y el presidente advierte: en otros lugares de España, donde este asunto tiene todavía mayor trascendencia económica, la Justicia ya ha actuado con contundencia: «Hay sentencias que condenan a los responsables políticos, y también a algún técnico, por no hacer los deberes, es decir, por omisión o por dejadez. Se les condena por prevaricación, ojo, que eso es bastante grave. En Ibiza y Formentera no ha pasado esto».

El motivo principal es que en las Pitiusas no existen vías pecuarias para el paso de ganado. Esas son las que «crean bastante conflicto» y existen «sobre todo en Castilla y León y Castilla-La Mancha, que es donde hay más incidencia». «Aquí suele haber más incidencia en caminos más secundarios que ya no están tan en uso», recalca.

Lo que sí es propio aquí es «el derecho de paso a la costa», que «siempre ha sido un tema muy claro en Ibiza». «Todo el mundo tenía derecho a llegar a la costa, pero también se están cerrando algunos de estos caminos porque no queda claro si son públicos o no. En el momento que se detecta un camino que está cerrado, se pone en conocimiento de la administración competente para que actúe correctamente. Y sí que actúa», avisa Torres.

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