Ibiza confía su Servicio de Atención al Turista Extranjero a una empresa que protagonizó un conflicto laboral en Sant Antoni

El Ayuntamiento de Ibiza ha adjudicado el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) a Asturservicios La Productora, que gestionaba la escoleta municipal de Can Coix, en Sant Antoni, cuando sus trabajadoras convocaron una huelga indefinida el año pasado para reclamar mejoras salariales y laborales. La empresa gijonesa fue la única que presentó una oferta para llevarse el contrato y ha resultado adjudicataria por un importe total ofertado de 89.335 euros, ligeramente por debajo del presupuesto base de licitación, fijado en 89.653,09 euros.

El SATE es un servicio destinado a atender a turistas extranjeros y españoles que hayan sido víctimas de un delito, ofreciéndoles asistencia personalizada en su idioma. Entre sus funciones figuran la atención a las víctimas, la asistencia en la tramitación de denuncias, la información sobre sus derechos y el apoyo en gestiones como la cancelación de tarjetas, el contacto con embajadas o consulados y la localización de familiares.

La adjudicación se produce semanas después de que el Ayuntamiento de Ibiza sacara a licitación el servicio con unos pliegos que exigen a los trabajadores conocimientos de catalán, castellano e inglés, pero no establecen como requisito obligatorio otros idiomas habituales entre los visitantes de la isla, como el italiano, el alemán o el francés, que únicamente se valoran. El servicio estará integrado por dos trabajadores: una persona con titulación universitaria o graduada en Turismo y una persona informadora turística a media jornada. El SATE seguirá prestándose en dependencias de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, conforme al convenio entre el Consistorio y el Ministerio del Interior.

El conflicto en Can Coix

La adjudicataria, Asturservicios La Productora, salió a la palestra el año pasado por un conflicto laboral de la escoleta municipal de Can Coix. Las trabajadoras del centro, representadas por CCOO, decidieron iniciar una huelga indefinida tras no alcanzar un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares con la empresa y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Las educadoras denunciaban que desempeñaban funciones educativas esenciales dentro del sistema público, pero con condiciones laborales “notablemente inferiores” a las de sus compañeras de gestión directa. Reclamaban una equiparación progresiva del salario base, mejoras en la estabilidad del empleo y condiciones mínimas para garantizar la calidad del servicio a medio y largo plazo.

CCOO enmarcó entonces la situación de Can Coix en un patrón de precarización de los servicios públicos externalizados en Baleares, especialmente en sectores feminizados. El sindicato aseguró que las trabajadoras llevaban casi dos años intentando mejorar sus condiciones y denunció salarios de aproximadamente 1.200 euros. También reclamó que Asturservicios La Productora y el Ayuntamiento de Sant Antoni aproximaran sus posturas a las de las trabajadoras y que el Consistorio asumiera su responsabilidad como garante del servicio público educativo.

Al expirar el periodo de vigencia y sus prórrogas, el Ayuntamiento de Sant Antoni se vio obligado el pasado verano a rediseñar por completo la licitación, elevando el presupuesto de salida y adaptando las condiciones salariales del convenio. En ese nuevo concurso público, la adjudicación recayó en la firma balear S'Estel, que gestiona la escoleta desde el pasado mes de septiembre.

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