Pleno
Vía libre a la liberalización de la ITV en Ibiza: aprobado en el pleno del Consell
Aprobada las nuevas tarifas para los taxis, que se encarecen un 9% para paliar el incremento de sus costes
Frente común de todos los grupos políticos en defensa de los chiringuitos tradicionales

Todos los grupos políticos del Consell votan a favor para instar al Estado a proteger los chiringuitos de playa tradicionales. / CIE

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Ibiza se abre a las empresas privadas, aunque el Consell seguirá asumiendo directamente el servicio en su estación de Santa Gertrudis de manera transitoria. Así se ha acordado, con el rechazo de la oposición de izquierdas, en el pleno celebrado este viernes, en el que también se ha dado el visto bueno al aumento del 9% en las tarifas del taxi.
De momento, el reglamento que liberaliza las ITV queda aprobado de manera inicial, a la espera de que finalice el periodo de exposición pública para presentar alegaciones. El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha insistido en que el Consell seguirá controlando este servicio, como responsable de conceder las autorizaciones administrativas y supervisando su funcionamiento, "como sucede con el taxi". Igualmente, la administración fijará un precio máximo para las inspecciones, aún por determinar en el estudio económico, aunque no se limitará el número de empresas que quieran aprovechar este modelo.
Juan ha justificado la medida por las deficiencias que lastran la ITV pública en la isla, con esperas de seis meses, debido a que el parque móvil ha crecido un 30% en la última década: "Hay más coches que habitantes en Ibiza". También ha subrayado que se trata de un servicio deficitario, con pérdidas de 1,5 millones anuales.
La tarifa actual por inspección va de los 24 a los 30 euros, en función del vehículo, "pero en verdad cuesta 60 euros, que se pagan con los impuestos". El Consell abrió dos líneas de ITV móviles en el Recinto Ferial y abrirá otras dos en el polígono Monte Cristo, todas ellas externalizadas, y espera reducir los retrasos actuales debidos al absentismo obligando a pagar la tarifa en el momento de concertar la inspección. Así y todo, siguen haciendo falta "90.000 citas anuales, que pueden ser cubiertas entre una y cuatro empresas privadas".
El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, secunda esta iniciativa del equipo de gobierno, mientras que la oposición socialista considera que supone una "privatización" que se justifica con "las listas de espera y el problema derivado de una mala gestión", en palabras de Víctor Torres. Para el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, representa una "degradación de un servicio público" que repercutirá en un aumento de precios.
"Los ciudadanos de Ibiza estarían encantados de pagar 35 euros y pasar la ITV al día siguiente", ha replicado Juan, recordando que Madrid y Murcia aplican este modelo, al que también se va a sumar Catalunya, "gobernada por el socialista Salvador Illa".
Actualización de precios
El pleno ha dado luz verde, también de manera inicial, a las nuevas tarifas del taxi en Ibiza, que se incrementan cerca de un 9% para hacer frente al encarecimiento de los costes que asumen los propietarios de licencia. Así, el informe económico que avala esta propuesta recoge que el precio de los coches ha aumentado entre un 15 y un 25% y su mantenimiento hasta un 15%, mientras que las compañías de seguros cobran un 12% más.
Mariano Juan ha señalado que la actualización del 9% de las tarifas no cubre el impacto de todos esos gastos, pero se ha consensuado con la Federación Insular del Taxi que no se podían subir más los precios por sus trayectos.
Por otra parte, los tres grupos de la oposición han secundado la moción del PP para defender el modelo de los chiringuitos tradicionales, tras la polémica generada por el anuncio de la orden de demolición para el histórico establecimiento de Es Puetó y otros dos en Cala Llonga. El presidente, Vicent Marí, aboga por abrir un diálogo con Costas para que contemple el arraigo y las especificidades de la isla.
"La Ley de Costas aplica el mismo criterio a realidades completamente diferentes, sin distinguir entre grandes explotaciones y pequeños establecimientos ni el territorio peninsular del insular", lamenta Marí. Pese a su apoyo, Vox considera poco viable esta propuesta, ya que es contraria "a la esencia del dominio público", mientras que Rodríguez la ha tachado de "populista".
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