Aprobada la financiación para construir 48 nuevas viviendas protegidas en Ibiza

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 18,7 millones de euros, con IVA incluido, para ejecutar las obras y aprobar el proyecto de construcción de tres nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que sumarán 81 viviendas de protección pública en Ibiza, Llucmajor y Sencelles. La actuación más importante será la promoción de Can Cantó, en Ibiza, con 48 viviendas públicas previstas en un solar municipal del número 17 de la calle Es Cubells.

La promoción de Can Cantó, impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza junto al Ibavi, se ubicará junto a la escoleta infantil. El Consistorio cedió el terreno al Ibavi para proyectar este edificio, que finalmente contará con 48 pisos y 48 plazas de garaje en una planta subterránea.

El proyecto de Ibiza cuenta con un presupuesto base de licitación de 11,4 millones de euros, según el acuerdo aprobado por el Consell de Govern. En la presentación de la promoción se había informado de un presupuesto de 10,1 millones de euros y de que las obras comenzarían a lo largo de este año. Una vez iniciadas, el conseller de Vivienda señaló que el plazo de ejecución previsto será de entre 18 y 24 meses, por lo que las viviendas podrían estar concluidas en 2028.

Menos viviendas de las previstas

Aunque inicialmente el Ayuntamiento de Ibiza preveía que la promoción incluyera 51 viviendas, finalmente serán 48. La cifra era todavía mayor antes de la cesión del terreno al Ibavi, cuando el Consistorio anunció que serían 65 pisos. Las viviendas estarán destinadas a residentes de Vila que lleven diez años empadronados en la ciudad. "Sin duda, esto podrá aliviar la lista de espera para personas que están esperando una vivienda pública", afirmó el alcalde, Rafael Triguero, en la presentación de esta promoción. Y añadió que "tanto las viviendas proyectadas en el Mercat Pagès como las de Can Cantó tienen máxima prioridad para el Govern, ya que gracias a la nueva ley se han declarado inversiones de interés autonómico para que se pueda acelerar su construcción".

Paralelamente, el Ayuntamiento de Ibiza y el Govern balear han firmado un convenio de colaboración para la cesión de dos terrenos más al Ibavi en los que prevén construir viviendas a precios asequibles. Con la cesión de estos dos solares, son en total cuatro las promociones proyectadas por ambas instituciones, tras la de Can Cantó y la del antiguo edificio del Mercat Pagès, situada en la calle Vicente Serra i Orvay y anunciada el pasado mes de noviembre. Las cuatro promociones suman 272 viviendas.

Además de la promoción de Ibiza, el Consell de Govern ha autorizado el gasto para otras dos actuaciones del Ibavi. En Llucmajor, el proyecto se ubicará en la calle Grup Escolar y prevé la construcción de 23 viviendas y nueve aparcamientos, con un presupuesto base de licitación de 4,9 millones de euros. En Sencelles, la promoción de la calle Molins contempla diez viviendas, con un presupuesto base de 2,4 millones de euros.

Un total de 37 promociones

Estas promociones se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico, una figura que permite, según el Govern balear, un procedimiento exprés para acelerar su construcción. En total, 37 promociones del Ibavi en todas las islas, que sumarán más de 765 viviendas públicas, se acogen a esta medida impulsada por el Ejecutivo autonómico dentro del plan de choque para facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en las Illes Balears.

Los tres proyectos forman parte de las promociones con más de 1.200 viviendas públicas que tramita el Ibavi.

La declaración de las promociones de vivienda pública como inversiones de interés autonómico es una nueva figura incorporada por el Govern balear a través de la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears. Con esta fórmula, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada, como ocurre con otras infraestructuras, entre ellas centros educativos y sanitarios, lo que permite acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública.