Vivienda en Ibiza: una promoción de VPO en el antiguo asentamiento chabolista de Can Raspalls

Sant Josep actuó correctamente al vallar el terreno de Can Raspalls donde se había creado un asentamiento con 154 infraviviendas, tal y como ha resuelto el Consell Consultiu de Balears. Gracias a este aval, el Ayuntamiento ha podido rechazar, en el pleno celebrado este jueves, la petición de la propiedad de esta finca, que pretendía anular la medida municipal para evitar que se instalaran nuevas chabolas en el lugar. Una parte de esta parcela quedará reprogramada con las Normas Subsidiarias Provisionales de este municipio para construir vivienda protegida y un cuartel para la Guardia Civil, según ha indicado a este diario el alcalde, Vicent Roig, tras la votación.

El Consell Consultiu ha ratificado que Roig actuó «conforme a derecho» al decretar el desalojo de la finca y su posterior vallado para evitar que volvieran a instalarse chabolas. Se da la circunstancia de que la empresa propietaria del terreno, la promotora inmobiliaria Tritonsa SL —ahora extinguida—, se mostraba favorable a desalojar y desmantelar las infraviviendas, pero ponía objeciones a que se levantara un perímetro de protección para no asumir los costes.

«Ellos presentaron un presupuesto alternativo que no cumplía con los requisitos que nosotros exigíamos a través del decreto, con lo que tuvimos que actuar nosotros», recuerda el alcalde. Así, una vez que se vació el asentamiento de Can Raspalls, a principios del año pasado, el propio Consistorio se hizo cargo de vallar el terreno de manera subsidiaria en el mes de junio, con un gasto de 44.000 euros que serán repercutidos a la propiedad.

Además, Sant Josep acabó pagando buena parte de los costes de limpieza y retirada de las cabañas de Can Raspalls, que también debía asumir la promotora. «En total, nos hemos gastado unos 120.000 euros», recuerda Roig.

El alcalde ha querido expresar su satisfacción por el aval a su decreto que supone la resolución del Consell Consultiu: «No solo nos da la razón, sino que incluso alaba la gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento». Todos los grupos municipales han mostrado unanimidad a la hora de desestimar la solicitud de Tritonsa para revocar el vallado de su finca en Can Raspalls.

Normas Subsidiarias

Este litigio por el vallado en Can Raspalls no va a afectar al convenio urbanístico que el Ayuntamiento había firmado con anterioridad con la propiedad y que supone un beneficio urbanístico para ambos. Por un lado, el terreno, ahora rústico, quedará recalificado como urbanizable, con lo que la promotora dispondrá de derechos edificatorios, además de una revalorización del precio del metro cuadrado.

Por otra parte, Sant Josep puede reservar una parcela de esta finca, de 25.000 metros cuadrados en total, para la construcción de vivienda a precio asequible, ya sea VPO o VPL, además de ceder suelo al Ministerio para que construya la futura casa cuartel para la Guardia Civil de Sant Josep. En esa superficie destinada a proyectos de interés público también se incluye el suelo que debe ceder la promotora para zonas verdes y equipamientos. El alcalde recuerda que esta es la misma fórmula con la que Sant Josep pudo disponer de suelo para construir el colegio de ses Planes.

Para que esta programación de suelo sea efectiva, Sant Josep está pendiente de las Normas Subsidiarias provisionales de Sant Josep, que ya fueron aprobadas de manera inicial el pasado mes de febrero por el Consell de Ibiza y que se prevé que queden ratificadas, de manera definitiva, a finales de septiembre.

Estas normas estarán vigentes hasta que Sant Josep disponga de un Plan General con el que poner orden en materia urbanística. Precisamente, el pleno de este jueves ha dado buena muestra de los problemas que sufre el municipio tras años funcionando con unas normas subsidiarias obsoletas de 1986: todos los grupos políticos han votado a favor de la recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial Can Nebot, con lo que quedan dentro de ordenación, con plena seguridad jurídica, las más de 40 viviendas de este barrio de Sant Jordi. Este expediente burocrático se inició, nada menos que en 1992.

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