Triguero, alcalde de Ibiza: “La VPL nunca ha sido ni será mi residencia habitual”

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, asegura que adquirió el local que convirtió en vivienda de precio limitado (VPL) año y medio después de que el Consistorio aprobara la zonificación donde se permitían esas operaciones; informa de que hace una semana inició acciones legales "para proteger" a su familia; se presenta como víctima y, además, como adalid de la lucha contra el drama de la vivienda, y afirma que, aunque sus hijos jugaron en el patio de esa VPL ("aún siguen allí sus bicis"), nunca llegó a vivir en esa casa: "Nunca ha sido ni será mi residencia habitual". Es el resumen de la intervención del primer edil de Ibiza durante el pleno extraordinario, solicitado por PSOE y UP, en el que se ha debatido la polémica surgida por la operación en la que el alcalde decidió convertir en VPL un local en el barrio de Can Misses.

En sus dos intervenciones, el alcalde ha insistido en que no tiene nada que esconder, ni él ni su familia; en que no ha recibido ningún trato de favor, no ha cometido “ninguna ilegalidad” y no se ha aprovechado de su cargo como alcalde: “Jamás he utilizado ni utilizaré mi responsabilidad pública para beneficiarme ni personalmente ni mucho menos patrimonialmente”.

Niega que modificara la zonificación urbanística del municipio para beneficiarse personalmente: “Es rotundamente falso. Y la propia cronología lo desmiente”. A saber: la modificación inicial se aprobó en pleno el 30 de noviembre del 2023, y se modificó en sesión plenaria justo un año más tarde. “No fue —ha explicado Triguero— ninguna medida hecha para un inmueble en concreto ni para ninguna persona en concreto. (…) Y además conviene recordar que los grupos de la oposición no votaron en contra”.

“Mi familia y yo adquirimos ese local en junio de 2025, aproximadamente un año y medio después de la primera aprobación de esta modificación urbanística"

"No hubo información privilegiada"

Y esas fechas avalan, afirma, que actuó legalmente: “Mi familia y yo adquirimos ese local en junio del año 2025, aproximadamente un año y medio después de la primera aprobación de esta modificación urbanística. Y además lo hicimos cuando sus propietarios decidieron ponerlo a la venta. No hubo información privilegiada, no hubo trato de favor, no hubo beneficio derivado de mi cargo”. La tramitación en el registro de la propiedad de esta VPL comenzó, asegura, el 19 de marzo.

Respecto a la donación en vida realizada a sus hijos, la ha justificado como un derecho, sin entrar, como le reprochaba la oposición, en cuestiones éticas: “Los pactos sucesorios en Balears no son ningún fraude. Es una figura legal reconocida por nuestro ordenamiento jurídico y, además, un derecho utilizado por muchísimas familias de estas islas, incluida también la mía. Mi familia, por tanto, tiene derecho a actuar en igualdad de condiciones como cualquier otra familia de esta ciudad y de esta tierra”.

“Los pactos sucesorios en Balears no son ningún fraude. Es una figura legal reconocida por nuestro ordenamiento jurídico"

"Mis hijos jugaron en los patios"

Mientras PSOE y UP insistían en sus intervenciones en que el alcalde y su familia han vivido en esa VPL, pese a que no podía hacerlo tras convertir el local en tal y poseer otros inmuebles, Triguero lo negó tajantemente: “En la vivienda han existido [sic] estancias puntuales de mi familia. En el proceso de adecuación de todo el mobiliario, de todos los muebles, cuando mi mujer y yo trabajábamos en ese local comercial [para acondicionarlo], mis hijos jugaron en los patios y en las terrazas, con porterías de colores, amarillas, negras... Además, incluso sus bicicletas siguen estando ahí. Como habría hecho cualquier familia y cualquiera de esos niños en una situación similar”. Es decir, estaban de paso, mientras arreglaban y adecentaban esa casa: “Nunca ha sido ni será mi residencia habitual”, ha respondido a las preguntas de la oposición. Tramita su transformación en VPL “conforme a la más estricta normativa vigente, y el destino de esa vivienda final será el alquiler a precio limitado”, concluye.

Y de ahí a la amenaza, que suele acompañar siempre este tipo de polémicas con origen en la hacienda familiar, como tan magistralmente hacían los Channing en ‘Falcon Crest’: “Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido, gravemente dañinas, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas”. De momento, y según los socialistas, esas acciones van contra algunos vecinos.

Siguiendo el manual de resistencia de Pedro Sánchez, Triguero ha recurrido también a la victimización. Acusa a los socialistas de “convertir un expediente administrativo en una herramienta de exposición pública de la vida personal y familiar”, la suya en este caso, para orquestar contra él “una campaña política” basada en “repetir insinuaciones, alimentar titulares y tratar de convertir una sospecha interesada en una supuesta verdad que jamás lo será”.

"La vivienda no debería ser un arma política"

“Han sido capaces incluso de atraer a esta ciudad a Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, vicesecretaria general de su partido en Balears, y al parecer posible candidata a las próximas elecciones autonómicas”, para hablar de la polémica, se ha quejado el alcalde, que, además, intenta dar la vuelta a la polémica y reivindicar que el drama habitacional le quita el sueño: “Se está jugando con un tema tan sensible como es el acceso a la vivienda en esta ciudad. En este momento, en el que miles de ciudadanos están sufriendo por tenerla, se está convirtiendo este debate en una herramienta de desgaste político que no sólo es injusto, sino que además es profundamente irresponsable. Porque la vivienda no debería ser un arma política”.

Triguero se dispone a atrincherarse, la moda entre los políticos locales y nacionales: “Si pensaban que con esto me iban a destruir, este equipo de gobierno y este alcalde seguirán trabajando con más transparencia, con más rigor y con más respeto institucional”. Porque, afirma, nada de lo sucedido es ilegal y solo “afecta al más estricto ámbito familiar y personal, y a menores de edad”. Menores mentados no por capricho, sino porque el alcalde donó en vida propiedades a sus hijos. Lo cual, aunque es un asunto vital en esta polémica, aprovecha para usarlo de arma arrojadiza contra la oposición: “La crítica política nunca jamás debería traspasar determinadas líneas, y aquí se han sobrepasado. Involucrar indirectamente a menores o utilizar imágenes relacionadas con el entorno privado y familiar de mis hijos no contribuye a dignificar la política”.

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