“El Consell de Ibiza quiere convertir la ITV en una caja registradora”, denuncia la oposición

PSOE y Esquerra Unida Podem han acusado al gobierno de Vicent Marí de querer convertir la Inspección Técnica de Vehículos en “una caja registradora” con el nuevo reglamento para liberalizar el servicio de ITV en Ibiza, que será debatido este viernes en el pleno del Consell Insular.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, y el portavoz de Esquerra Unida Podem, Òscar Rodríguez, han denunciado en rueda de prensa conjunta que el Consell prepara la “liberalización total” de la ITV, eliminando progresivamente el actual modelo de gestión pública directa, cerrando la estación pública de Santa Gertrudis y abriendo el servicio a operadores privados mediante autorización administrativa.

Según la oposición, Vicent Marí “ha mentido” a la ciudadanía al negar en varias ocasiones la privatización del servicio y al afirmar, en el último debate de política general, que la estación pública de Santa Gertrudis no cerraría y que los usuarios podrían escoger entre el modelo público y el privado.

El texto del reglamento, según han explicado PSOE y Esquerra Unida Podem, establece el marco jurídico para que empresas privadas puedan operar estaciones de ITV en la isla. Las disposiciones transitorias recogen que el cese de la prestación directa del servicio por parte del Consell se producirá de forma “progresiva y ordenada” hasta acabar siendo “definitivo”.

López Bonet ha advertido de que este reglamento no supone una privatización parcial, sino “al 100%”, porque “acabará desapareciendo la ITV clásica pública de Santa Gertrudis que conocemos de toda la vida”. La portavoz socialista ha situado esta decisión dentro de un modelo del PP que, a su juicio, está provocando la desaparición de servicios públicos en la isla.

La oposición ha puesto el foco también en el impacto económico para los usuarios. Actualmente, un turismo de gasolina paga 24 euros por pasar la ITV en Ibiza, una de las tarifas más bajas del Estado. PSOE y Esquerra Unida Podem comparan esa cifra con comunidades donde el servicio ya está liberalizado o concesionado, como Madrid y Murcia, con precios medios en torno a los 37 euros, o Cataluña, donde rondan los 40 euros.

Aunque el reglamento no fija tarifas concretas y deja en manos del Consell la determinación de los precios máximos que podrán cobrar los operadores privados, López Bonet ha alertado de que en Ibiza el coste será “quasi el doble”. “Ahora sí que encontramos la caja registradora de Vicent Marí”, ha afirmado.

"Receta clásica de privatización"

Por su parte, Òscar Rodríguez ha asegurado que el gobierno insular ha aplicado “una receta clásica de privatización”: deteriorar previamente el servicio público para justificar después su entrega al sector privado. “Han gestionado tan mal este servicio que hemos llegado a listas de espera de más de seis meses para pasar una obligación legal”, ha denunciado.

El portavoz de Esquerra Unida Podem ha advertido además de que, una vez desaparezca la ITV pública, podrían generarse diferencias entre usuarios en función de su capacidad económica. Según Rodríguez, el riesgo es que haya estaciones más caras que permitan pasar la inspección más rápido “en función de cuánto dinero tienes y de cuánto puedes gastar”, frente a un sistema público en igualdad de condiciones.

PSOE y Esquerra Unida Podem sostienen que las listas de espera, utilizadas por el PP como "argumento para la liberalización", podrían resolverse sin abandonar la gestión pública, mediante la ampliación de la capacidad de la estación actual, el incremento de horarios y líneas de inspección o la incorporación de más unidades móviles.

Ambos grupos han anunciado que votarán en contra de la aprobación inicial del reglamento en el pleno del Consell Insular de Ibiza al considerar que la liberalización será perjudicial para la ciudadanía y supondrá la desaparición definitiva de un servicio público esencial.