El PSOE exige al Parlament un expediente contra Triguero por el escándalo de su vivienda de precio limitado en Ibiza

El Grupo Socialista en el Parlament balear defenderá este martes en el pleno una moción para corregir las deficiencias de la política de vivienda del Govern y garantizar que las medidas públicas faciliten el acceso a una vivienda digna en Baleares. La iniciativa llega tras la polémica por la adquisición de un local comercial en Can Misses por parte del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, con el objetivo de convertirlo en una vivienda de precio limitado.

La diputada socialista Irantzu Fernández asegura que las medidas impulsadas por el Govern del PP "no han supuesto una mejora real en el acceso a la vivienda para la mayoría social". Según explica, el PSOE plantea una reforma profunda de la Ley 3/2024 de medidas urgentes para garantizar que las denominadas Viviendas de Precio Limitado (VPL) cumplan una auténtica función pública y social.

"Han pasado tres años y el balance no puede ser peor", afirma Fernández. La diputada critica que el actual Ejecutivo autonómico solo haya entregado las viviendas de protección oficial impulsadas por el anterior Govern y denunció una reducción en el ritmo de construcción de nuevas promociones. También reprocha la ausencia de medidas "valientes", como el límite al precio del alquiler.

"El caso Triguero"

Fernández sostiene además que la nueva figura de las VPL "solo beneficia a la especulación". En este sentido, vincula el caso del alcalde de Ibiza a ese modelo y anuncia que el PSOE solicitará un régimen sancionador más estricto y la apertura inmediata de un expediente contra Triguero.

La moción insta al Govern balear a incoar el expediente correspondiente sobre el inmueble adquirido recientemente por el alcalde de Ibiza en la calle Corona ante un presunto fraude en la reconversión de una vivienda de precio limitado. El Grupo Socialista defiende que la vivienda debe entenderse como un derecho y no como una oportunidad de negocio, especialmente en un contexto de emergencia residencial en Baleares.

Entre las principales propuestas de la iniciativa destaca la conversión de las VPL en auténticas viviendas públicas protegidas para evitar usos especulativos o sin control público suficiente. El PSOE también reclama que la Administración gestione directamente las adjudicaciones para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y criterios objetivos de acceso.

La propuesta establece además que solo puedan acceder a estas viviendas las personas inscritas previamente en las listas del Ibavi y fija límites máximos de ingresos personales y familiares para optar a ellas.

El texto incorpora asimismo medidas contra posibles irregularidades y fraudes. El PSOE solicita un régimen sancionador para quienes accedan a estas viviendas sin cumplir los requisitos establecidos y para los casos en los que no se tramite la correspondiente calificación de vivienda de precio limitado dentro del plazo legal.

"El acceso a la vivienda requiere políticas valientes, transparentes y centradas en el interés general", concluye Irantzu Fernández, quien advierte de que no se puede permitir que figuras creadas para facilitar vivienda asequible "acaben convertidas en nuevos espacios para la especulación de algunos privilegiados".