La discriminación de ser madre sola en Ibiza y Formentera: ANPE y USO exigen a Educación 60 días de lactancia

Los sindicatos ANPE y USO de las Islas Baleares han presentado una reclamación previa ante la conselleria de Educación y Universidades del Govern balear para exigir la aplicación inmediata del permiso de lactancia acumulada ampliado en el caso de las familias monoparentales.

Ambas organizaciones sindicales reclaman que las personas trabajadoras que forman parte de este modelo familiar puedan disfrutar del permiso en condiciones de igualdad respecto a las familias biparentales. Según denuncian, la Administración mantiene actualmente un criterio restrictivo que limita el permiso a 30 días naturales, impidiendo que el único progenitor pueda acumular el tiempo de cuidado que en una familia con dos progenitores correspondería a ambos.

La reclamación afecta al personal laboral de centros públicos dependientes de la conselleria, entre ellos docentes de Religión, docentes especialistas, personal laboral y profesorado de programas específicos. También incluye al personal de la enseñanza concertada, centros de educación infantil y centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

La lactancia no debe entenderse como privilegio individual

Los sindicatos sostienen que esta práctica supone una desigualdad de trato para los menores nacidos o integrados en familias monoparentales, al considerar que tienen las mismas necesidades de cuidado que los menores de familias biparentales. “El modelo familiar no puede determinar una menor protección del niño o la niña ni reducir los derechos de conciliación de la persona trabajadora que asume en solitario las responsabilidades familiares”, defienden ANPE y USO.

La reclamación se apoya en la doctrina constitucional reciente, especialmente en la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024, que declara discriminatoria la omisión normativa que impide ampliar los permisos de cuidado en familias monoparentales. También se fundamenta en resoluciones judiciales que han reconocido a una trabajadora docente de un centro concertado el derecho a disfrutar de 60 días naturales de permiso de lactancia acumulada por formar parte de una familia monoparental.

Los sindicatos consideran que el permiso de lactancia no debe entenderse como un privilegio individual, sino como una medida de conciliación y protección del menor. Además, advierten de que impedir a las familias monoparentales el disfrute completo de este tiempo de cuidado puede constituir una discriminación indirecta por razón de sexo, dado que la mayoría de estas familias están encabezadas por mujeres.

Por todo ello, los sindicatos exigen a la conselleria de Educación y Universidades que dicte una instrucción general, clara y homogénea para todos los centros y unidades administrativas. En concreto, reclaman que se reconozca el derecho a disfrutar de 60 días naturales de permiso de lactancia acumulada, o la duración equivalente según el régimen jurídico aplicable; que se autoricen y financien las sustituciones necesarias; que se deje sin efecto cualquier criterio interno que limite este derecho a 30 días; y que se aplique de forma general a todo el personal afectado, con independencia del centro, isla o sector.

Un conflicto colectivo que afecta a las mujeres

Asimismo, piden que, cuando el disfrute del permiso ya no sea posible, se reconozca la correspondiente compensación económica por el periodo no disfrutado.

Las organizaciones sindicales advierten de que no se trata de casos individuales aislados, sino de un conflicto colectivo que afecta a un grupo homogéneo de personas trabajadoras. A su juicio, la falta de una solución general obligaría a las personas afectadas a acudir individualmente a los tribunales, lo que generaría inseguridad jurídica, desigualdad territorial y un perjuicio innecesario para las familias.

ANPE y USO instan a la conselleria a actuar “con responsabilidad, sensibilidad social y respeto a la doctrina judicial y constitucional” y no descartan nuevas actuaciones jurídicas y sindicales si la Administración mantiene lo que consideran una práctica “discriminatoria e injustificada”.

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