Mariano Juan Colomar, vicepresidente primero del Consell de Ibiza: «Estamos batiendo récords de usuarios de autobús con un aumento del 20%»

La propuesta de limitación de vehículos, presentada en febrero, preveía que este año se aplicara del 15 de junio al 15 de septiembre y con un techo de entrada de 18.918 automóviles diarios, 1.250 menos que el año pasado. Al final, el plazo se ha ampliado a los cuatro meses enteros y el cupo se ha reducido a 2.500 vehículos con respecto al de 2025. ¿Qué ha animado al Consell a apostar por una mayor restricción?

Es una decisión consensuada que se tomó tras un mes negociando con los grupos de la oposición que, sorprendentemente, después no apoyaron en el pleno. La propuesta inicial era más conservadora, pero acordamos con Unidas Podemos y PSOE ampliar el periodo de aplicación al 100%, como el año pasado, y fijar ya el cupo más reducido de vehículos que el estudio [de carga de movilidad en Ibiza] planteaba a cinco años vista. No solo escuchamos a los sectores económicos, también sabemos llegar a acuerdos con la oposición.

¿Tiene la sensación de que cualquier iniciativa de contención turística va a tener el apoyo mayoritario de la sociedad ibicenca?

Creo que sí. En 2019 ganamos las elecciones con un mensaje de lucha contra el intrusismo, porque percibíamos que el sentimiento de que aquí ya hay demasiada gente se debía a los excesos de los que vienen a hacer el pirata. La oferta ilegal aumenta el índice de presión humana, los residuos o el consumo de agua. Con los buenos resultados que obtuvimos cuatro años después, consideramos refrendada esta postura. Ese mensaje se refleja en un Plan Territorial Insular que prohíbe nuevos alquileres turísticos en suelo rústico. También en una Oficina de lucha contra el intrusismo que ha eliminado los anuncios de alquileres ilegales de las principales plataformas, que suponían el 75% de toda la oferta no reglada. Igualmente, hemos acordado con la Autoridad Portuaria de Balears (APB) la llegada escalonada de los cruceros, sin atacar al sector, para que no se produzca un colapso por el desembarco de pasajeros en el puerto. Estamos convencidos de que los ibicencos ahora están a favor de un mensaje de contención y de decrecimiento de la ilegalidad.

Con la limitación de vehículos se ha puesto de relieve que gran parte de la flota de alquiler no tributa en Ibiza. Llama la atención que una de las patronales, Baleval, se oponga frontalmente a la regulación mientras que Aevab, con más peso entre las empresas locales, es más favorable.

Es evidente y se entiende perfectamente el porqué. En 2019, pedimos el estudio de carga de vehículos en la red viaria de Ibiza que se había acordado un año antes, durante el gobierno del PSOE y Podemos-Guanyem en el Consell. Era una propuesta acordada con todos los municipios, pero ni se había encargado. Empezamos la colaboración de la APB para que nos facilitara los datos de entrada de vehículos. Así detectamos que, en un plazo de dos o tres años, se produjo un boom y se pasó de 15.000 vehículos desembarcados durante el verano a 45.000. Ahí llegamos a la convicción de que había que intervenir, pero no teníamos claro si tendríamos este apoyo social. Los datos de la APB del año pasado confirman que se tomaron las decisiones correctas, con una caída de 32.000 vehículos durante el verano, que representa el desembarco de un 15% menos. Curiosamente, en los meses sin restricción, las cifras suben. Es comprensible que los rent a car de fuera se quejen, por eso nos ponen recursos.

En función del estudio de carga, ¿en las próximas temporadas podrá modificarse el periodo de aplicación?

Tenemos que hacerlo, porque nos hemos avanzado y ya hemos establecido el cupo que el estudio de carga fijaba en un horizonte de cinco años, con un máximo de 17.668 vehículos de fuera circulando al día. Este cupo está en vigor hasta 2027. Después, deberemos elaborar otro estudio, evaluar el impacto de la nueva contrata de transporte público y decidir qué hacemos los próximos años.

¿Qué grado de satisfacción tienen con el nuevo servicio de autobuses?

Las sensaciones han mejorado. Fui el primero en reconocer que los primeros días fueron caóticos. Nadie se dio cuenta de que el proyecto de líneas, aprobado en 2021, dejaba zonas desatendidas porque se ha producido un aumento de población de 14.000 personas en cinco años. El Consell tenía la responsabilidad de corregir este fallo, pero también se dieron errores de funcionamiento, como conductores nuevos que se perdían o una falta de información absoluta por parte de la concesionaria. Esos primeros días provocaron una caída de usuarios. A partir del 15 de abril, se estabilizó y, a partir de mayo, cuando muchos auguraban que iría a peor, el cambio ha sido radical y estamos marcando récords. Ayer mismo [por el miércoles] registramos 31.000 usuarios, un 20% más que en el mismo día de 2025. El balance provisional ya es positivo, como demuestra la fidelización de los usuarios, y esto significa menos coches. Por nuestra parte, nos hemos reunido con los ayuntamientos y asociaciones de vecinos para mejorar frecuencias y adecuar horarios, sobre todo en horas laborables: de seis a siete de la mañana, ahora tenemos buses cada cinco minutos entre Vila y Sant Antoni. Aún debemos mejorar la conexión en las calas del sudoeste y Sant Josep o entre Cas Serres y Can Misses. Ya avisamos de que iba a ser una aplicación gradual.

¿La reforma de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni contempla nuevas paradas de bus?

En las próximas semanas aprobaremos el trazado definitivo y empezaremos a redactar el proyecto constructivo para empezar las obras el año que viene, si tenemos financiación. No es una ampliación de la carretera actual, sino que se redefine el trazado. Eliminaremos curvas y sustituiremos las intersecciones a las playas, que son los puntos más conflictivos, con seis rotondas, además de crear un carril bici. Se pondrán nuevas paradas en toda la carretera, forma parte de un plan para instalar 370 en toda la isla, salvo en las zonas urbanas de competencia municipal.

¿Pero no se había anunciado ya que el Govern financiaba la carretera de Sant Josep a Sant Antoni?

Estamos convencidos de que el Govern aportará los fondos, dada la negativa del Gobierno central a renovar el convenio para financiar las obras de las carreteras del Consell. No estamos hablando de crear nuevas infraestructuras, sino de adecuar las que ya existen con carriles bici y paradas de bus. Siempre fue así, para compensar que el Estado no tiene infraestructuras viarias en la isla, con independencia del color político. En 2019, se nos prometió un nuevo convenio. Les enviamos un listado con inversiones por valor de 129 millones de euros, pero cortaron esta colaboración con todos los consells de Balears.

Los 129 millones de euros estimados para las carreteras, ¿son presupuestos actualizados?

No. Como ejemplo, la carretera de Sant Josep a Sant Antoni, para la que se calculaban 15 millones de euros y ahora costará más de 20.

¿Qué otras actuaciones tienen previstas?

Tenemos aprobados los proyectos de los carriles bici de Ca na Negreta a Puig d’en Valls; el que conectará Sant Antoni, Can Coix y la carretera a Cala Salada, así como el que unirá Sant Antoni con Can Guillemó y Can Tomàs, mientras que estamos finalizando el que irá de la escuela de Jesús al paso subterráneo de Puig d’en Valls. Estamos ejecutando las obras del cruce de Forada y la rotonda de los Cazadores, que era la más urgente. Nos queda redactar el proyecto constructivo de la variante de Sant Rafel y la reforma de la carretera de Cala Llonga, donde también se deben reducir las curvas para reforzar la seguridad.

¿Cuándo presentarán el trazado definitivo de la variante de Sant Rafel a los vecinos?

Hemos escuchado a los colectivos del pueblo y es complicado contentar a todos. Se han presentado alegaciones contradictorias. Está claro que Sant Rafel debe ser peatonal y, para ello, debemos sacar el tráfico por un nuevo vial. Se eligió una propuesta, a través de un estudio de alternativas, y el Consell expuso la solución a los vecinos antes de aprobar el proyecto. Es la primera vez que se lleva a cabo este proceso de participación para llegar a un consenso previo. Recibimos 1.500 firmas a favor de un lado, mientras que otras asociaciones consideraban que era una intervención desmesurada. Intentamos recoger todas las sugerencias y en breve les presentaremos la nueva propuesta.

Con el inicio de la temporada, han vuelto los taxistas pirata. El Consell incide en que se redujo mucho su presencia en el aeropuerto, pero los taxistas indican que, pese a que observan avances, el problema reaparece en el momento en que se va la policía.

Con el plan de choque contra el intrusismo hemos logrado expulsar a los piratas del aeropuerto, gracias al trabajo conjunto con AENA, la Policía Local y la Guardia Civil. Los piratas vigilan para entrar cuando se van las patrullas, por eso es necesario tener presencia casi permanente. La temporada pasada, cubrimos turnos de 14 horas seguidas en el aeropuerto, cuando llegaba la gran mayoría de pasajeros. Por la noche no se programan tantos vuelos, por lo tanto pierden negocio. Les perjudicamos muchísimo y tuvieron que ir a otras zonas menos cómodas para ellos.

¿Se reforzarán las inspecciones contra los alquileres turísticos?

No, porque hemos pasado a otro nivel. Hemos abandonado del sistema de ir tocando puertas, preguntando [a los inquilinos] para ver si son turistas, a otro automatizado eliminando la publicidad ilegal de internet. El año pasado retiramos 4.000 anuncios en las plataformas y, desde el 1 de enero, hemos bloqueado más de 1.550 intentos para publicar nuevos anuncios. Así se les acaba el negocio.

Uno de los objetivos del plan de choque contra el intrusismo era que los alquileres turísticos ilegales se destinaran al mercado residencial. ¿Algún indicador confirma esta tendencia?

Cuando entramos en el Consell, enfocamos esta problemática para aumentar la oferta del mercado residencial, pero tratando los datos nos dimos cuenta de que es una cuestión mucho más amplia. Todas las zonas con actividad económica se llenan de gente que va a trabajar y, en Ibiza, cada año aumenta la población entre 1.000 y 1.500 personas, según el Ibestat. Además, se firman unos 30.000 contratos de temporeros y, la mayoría de ellos, residen unos meses en pisos alquilados todo el año por sus empresas. Por último, tenemos la inseguridad jurídica, con propietarios que no quieren alquilar por los problemas que han sufrido de desperfectos, impagos o la eternización de los procedimientos [de desahucio]. Con todos estos factores, es necesario que en Ibiza salgan al mercado muchas viviendas, no hablo de construir. Si tenemos 1.500 anuncios de alquileres turísticos ilegales, y de cada vivienda se publican unos tres para posicionarse mejor en redes sociales, nos quedan 500 casas que podrían introducirse al mercado residencial. Esa cantidad no arregla el problema ni de lejos.

El Consell quiere facilitar que las empresas creen residencias para trabajadores de temporada. ¿Cómo se va a regular esta vía?

Es una propuesta muy novedosa que surge del proceso de diálogo con todos los colectivos que han querido participar en la redacción del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), que será la norma básica de la ordenación turística en Ibiza. Uno de los mayores retos que se planteó era qué pasaba con el mercado residencial de los temporeros. No hemos encontrado ninguna Administración pública que haya propuesto estos equipamientos. Consideramos que darán un servicio a la comunidad para que se pueda vivir durante el verano con toda la dignidad. Los trabajadores que vienen a hacer la temporada, que es un problema estructural que afecta al mercado residencial, siempre habían estado ignorados a la hora de abordar la problemática. Tenemos miles de viviendas alquiladas por empresas que las utilizan solo durante el verano, cuando deberían alojar a los residentes en la isla. A través del PIAT, habilitaremos las zonas donde construir estas residencias, con habitaciones y zonas comunes. Para ello, planteamos aprovechar solares turísticos vacantes, estructuras inacabadas en zonas turísticas o incluso suelos que ahora no son urbanos.

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