Multas de hasta 3.000 euros por drogarse con 'gas de la risa' en la calle en Sant Antoni

Sant Antoni ha presentado este miércoles una campaña para concienciar a sus visitantes sobre los comportamientos que provocan tensiones en la convivencia con los residentes y que pueden acarrearles sustanciosas multas. Esta iniciativa, financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible, se completa con nuevas incorporaciones en la Policía Local y en la plantilla de agentes de intrusismo y convivencia, además de triplicar el número de cámaras de vigilancia.

El alcalde, Marcos Serra, y la concejala de Gobernación, Neus Mateu, han destacado que esta campaña, denominada de convivencia y turismo responsable, nace con medidas "en positivo" para sensibilizar y apelar a las ordenanzas municipales en los hoteles, comercios y establecimientos de hostelería de la localidad. Para ello, cuentan con el apoyo de las patronales y asociaciones del sector, que contribuirán al reparto de 10.000 postales con los comportamientos que se quieren erradicar en la vía pública: el botellón, consumir óxido nitroso, orinar, ir sin camiseta fuera de las zonas de baño, comprar a vendedores ambulantes, recurrir a los servicios de taxis pirata o generar un exceso de ruido.

Todas estas prácticas incívicas tienen multas que van desde los 500 euros por la venta ambulante, a los 600 por utilizar transporte ilegal o los 750 para las restantes prohibiciones, aunque colocarse con gas de la risa en la calle puede penarse a partir de 750 y hasta los 3.000 euros.

Reclamación al Estado

Mateu ha destacado que ahora se pone el foco también en el infractor, para frenar así la demanda, tanto en el caso del botellón como del óxido nitroso. Eso sí, también ha admitido que, en el caso de los extranjeros, "va a ser complicado que paguen la multa y tendrá poco recorrido". "No es como cuando denunciamos a un turista por una infracción de tráfico, que le podemos retirar el vehículo", se resigna.

Así y todo, Mateu incide en que se van a intensificar los esfuerzos para perseguir la venta y consumo de gas de la risa en la vía pública, que se ha convertido "en lo peor que tenemos en Sant Antoni". "Nos está haciendo mucho daño", confiesa, a la vez que reclama un cambio de la legislación estatal para combatir este fenómeno de manera efectiva.

Mateu recuerda que, desde la Junta Local de Seguridad, se ha pedido colaboración al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, para que esta sustancia, que se emplea como sedante en odontología o incluso en los sifones, pase a considerarse como un estupefaciente, sin respuesta hasta el momento. "Estaremos encima [de los vendedores], aunque no haya un cambio normativo a nivel nacional, y los seguiremos deteniendo aunque vuelvan a la calle en 48 horas", sentencia.

Para lograr que estas postales capten la atención de los turistas, en la parte frontal están ilustradas con una de las cuatro imágenes más icónicas de Sant Antoni: la puesta de sol, una vista aérea de la bahía, Cala Saladeta y una colla de ball pagès en el mural de Okuda. En el dorso, figuran las siete prohibiciones de las normas de convivencia, y las consiguientes multas, tanto en inglés como en castellano.

Además de su reparto entre los negocios del pueblo, la campaña cuenta con la participación del consulado británico, que incluirá todas estas recomendaciones en las páginas de internet con sus consejos de viaje.

Refuerzos de seguridad

Esta campaña de sensibilización entre los visitantes se financia con los 3,4 millones de euros anuales que, desde 2025, recibe Sant Antoni como municipio afectado por el Decreto de Turismo Responsable del Govern balear, que también incluye Palma, Calvià y Llucmajor. A través de esta inyección económica extraordinaria, Sant Antoni también aumenta su plantilla de la Policía Local, que pasa de 59 a 69 efectivos.

De momento, los nuevos policías están aún en proceso de formación, pero a partir de junio y hasta agosto empezarán a patrullar por la calle en el periodo de prácticas, según ha detallado el alcalde. Por otra parte, también pasan de cuatro a ocho los agentes de intrusismo y convivencia, un cuerpo creado, precisamente, para velar por las ordenanzas municipales y con capacidad para levantar acta en caso de una infracción. Cabe tener en cuenta que este nuevo cuerpo, creado el año pasado, está dimensionado en 12 plazas, pero no se han logrado cubrir en ninguna de las dos convocatorias.

Otra de las actuaciones más ambiciosas a través del Decreto de Turismo Responsable es la instalación de cámaras de vigilancia, que pasan de las 40 actuales a 119. Este método permite hacer un seguimiento de los vehículos, a través de un lector de matrículas, controlar los puntos de mayor afluencia de gente o más conflictivos en el núcleo urbano o captar los puntos donde se arrojan residuos incontrolados.

Por último, el Ayuntamiento también contrata a más seguridad privada para recorrer los edificios públicos de Sant Antoni, con un total de seis vigilantes frente a los dos de la temporada pasada.