El PSOE y Esquerra Unidas Podem exigen la retirada del proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza

Los grupos PSOE y Esquerra Unida Podem del Consell de Ibiza han registrado este miércoles una propuesta de acuerdo para el próximo pleno en la que se oponen al proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza y exigen a las instituciones gobernadas por el PP -el Consell Insular de Ibiza, el Govern de les Illes Balears y el Ayuntamiento de Sant Josep- que defiendan una posición clara y contundente contra este proyecto en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Ibiza, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears y en cualquier otro órgano o ámbito de planificación aeroportuaria.

La propuesta, que se someterá al pleno del Consell Insular del próximo 29 de mayo, pide que las instituciones isleñas dejen de mirar hacia otro lado ante un proyecto de Aena cifrado en 229,7 millones de euros, que prevé un incremento del 29% de la superficie aeroportuaria y la ampliación de las actuales 17 puertas de embarque hasta 32.

La portavoz del grupo PSOE, Elena López Bonet, ha manifestado su “posición clara de rechazo a cualquier ampliación encubierta del aeropuerto de Ibiza que suponga un incremento de capacidad y una mayor presión turística, por ser incompatible con nuestro modelo de sostenibilidad, contención y decrecimiento turístico”.

Con la presentación de esta moción de rechazo, los grupos progresistas piden un posicionamiento al Partido Popular que vaya más allá de las palabras. “El PP debe elegir: o se posiciona claramente contra esta ampliación en los espacios donde tiene voz, o queda retratado como cómplice de un modelo que perjudica a la ciudadanía de Ibiza”, ha afirmado López Bonet.

El conseller de Esquerra Unida Podem, Òscar Rodríguez, ha subrayado que “la ampliación afecta directamente al entorno del Parque Natural de ses Salines, ya sometido a una presión acústica, atmosférica y territorial intensa. Agravar esta situación es irresponsable y contradice cualquier compromiso serio con la sostenibilidad de la isla. Ahora el PP tiene la oportunidad de demostrar si sus declaraciones sobre la protección del territorio tienen un valor real”.

Privatización del ente de gestión de las instalaciones aeroportuarias

Rodríguez también ha señalado que la planificación de Aena responde a los “intereses de una empresa privada que cotiza en bolsa”, después de que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy decidiera, en 2015, la privatización del 49% del ente de gestión de las instalaciones aeroportuarias del Estado. “Si alguien ha convertido Aena en una ‘caja registradora’ que busca beneficios para los inversores, no es otro que el Partido Popular”, ha añadido.

La propuesta de los grupos progresistas del Consell Insular insta al Gobierno de España y a Aena a paralizar todos los procedimientos administrativos, técnicos y contractuales vinculados al proyecto, incluida la licitación para la redacción del nuevo diseño funcional de la terminal, mientras no se revisen los instrumentos de planificación aeroportuaria y no se acredite su compatibilidad con la capacidad de carga territorial, social y ambiental de la isla.

También reclama la revisión urgente del Documento de Regulación Aeroportuaria, DORA III, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, y la adopción de medidas para reducir la capacidad aeroportuaria durante la temporada alta, incluida la revisión del régimen de slots y la limitación de horarios operativos.

Ambos grupos señalan que la propuesta se enmarca en una posición compartida por varias instituciones y entidades. Tanto el pleno del Consell Insular como la Comisión de Transportes del Senado han aprobado solicitar la revisión del DORA y del Plan Director del aeropuerto, y el Parlament de les Illes Balears ha aprobado una proposición de ley para avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria. Entidades como el GEN-GOB, Amics de la Terra y el Institut d’Estudis Eivissencs también han expresado su rechazo público al proyecto.

La propuesta recoge en cinco puntos las demandas progresistas: el rechazo institucional a la ampliación; la paralización de todos los procedimientos vinculados al proyecto; la revisión urgente del DORA III y del Plan Director; la incorporación de criterios de capacidad de carga y sostenibilidad en cualquier planificación futura; y la obligación de que las instituciones gobernadas por el PP —Consell Insular, Govern balear y Ayuntamiento de Sant Josep— defiendan el rechazo a la ampliación en todos los órganos de coordinación aeroportuaria donde tienen representación.

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