Animales
La Justicia suspende cautelarmente la orden de sacrificio de una perra llegada en patera a Santa Eulària
El auto judicial establece que el animal continuará bajo aislamiento y vigilancia veterinaria en las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca

El animal se encuentra en Mallorca. / A.S.E.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha estimado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Santa Eulària y ha acordado suspender cautelarmente la orden de sacrificio de la perra llegada en patera a la playa de s’Estanyol procedente de Argelia en diciembre de 2025.
El auto judicial establece que el animal continuará bajo aislamiento y vigilancia veterinaria en las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde permanece actualmente y se encuentra en “perfectas condiciones”, mientras se resuelve el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por el Consistorio. Asimismo, la resolución determina que el Ayuntamiento seguirá asumiendo los gastos derivados de su atención y cuidado durante este periodo.
La perra llegó a Ibiza el 11 de diciembre de 2025 junto a un núcleo familiar procedente de Argelia. Según la información facilitada por la Policía Nacional-Extranjería, la familia fue derivada posteriormente a un centro de inclusión de Cruz Roja en Mallorca, mientras que el animal fue recogido por el servicio municipal de recogida y acogida en las dependencias de la Fundació Natura Parc Ibiza. Se trataba de un cachorro mestizo de caniche de aproximadamente tres meses de edad, que no presentaba heridas de mordedura visibles ni síntomas compatibles con la rabia en el momento de su recogida.
Recurso de alzada
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2025, la dirección general de Salud Pública del Govern balear remitió una resolución ordenando el sacrificio del animal al proceder de un país con rabia endémica. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Eulària presentó un recurso de alzada al considerar insuficientemente justificada esta medida y defender la posibilidad de mantener al perro en cuarentena y bajo observación veterinaria, siguiendo la propia normativa a la que aludía la resolución de la conselleria en sus fundamentos de derecho y protocolos similares a los aplicados en otras comunidades autónomas en situaciones excepcionales.
En el recurso, el Ayuntamiento argumentó que la propia normativa contempla, antes del sacrificio, otras medidas como el retorno del animal a su país de origen o el mantenimiento en cuarentena para determinar si desarrolla la enfermedad. Asimismo, defendió que, dada la corta edad del cachorro, su reducido tamaño y el hecho de convivir con el núcleo familiar sin presentar heridas compatibles con mordeduras, la probabilidad de que fuera portador del virus era “muy baja”.
El 12 de enero de 2026 el animal fue trasladado a las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde dispone de mayores garantías y medios para mantener el aislamiento y control veterinario exigidos. Este recurso de alzada fue desestimado el 6 de marzo, insistiendo en la orden de sacrificio, motivo por el cual Santa Eulària presentó un recurso contencioso-administrativo el 14 de abril solicitando medidas cautelares para paralizar la ejecución de dicha orden.
La protección de la salud pública debe prevalecer
En el auto judicial, la Sala considera que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizar ambos intereses, ya que el perro se encuentra “perfectamente aislado”, bajo vigilancia veterinaria y sometido a control sanitario permanente, sin que ello suponga actualmente un riesgo para la población. Asimismo, el tribunal entiende que ejecutar el sacrificio antes de resolverse el procedimiento causaría un “perjuicio irreversible” en caso de que posteriormente prosperara el recurso presentado por el consistorio.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària también han querido aclarar que, “en varias ocasiones”, se han difundido informaciones falsas atribuyendo al propio Consistorio la decisión de sacrificar al animal, cuando, según sostiene la institución municipal, ha sido precisamente el Ayuntamiento el que ha impulsado las acciones legales para evitarlo y garantizar que el caso pueda resolverse con todas las garantías jurídicas y sanitarias.
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