El Govern investigará la denuncia del PSOE sobre las presuntas irregularidades de la vivienda del alcalde de Ibiza "como se hace con todas las demás"

El Govern balear investigará las presuntas infracciones de la Ley 5/2018 de vivienda y la Ley 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda que habría cometido el alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafael Triguero y que han sido denunciadas por el Partido Socialista de las Illes Balears. Así lo ha anunciado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tras ser interpelado en dos ocasiones sobre esta cuestión durante el pleno del Parlament balear: primero por Irantzu Fernández y posteriormente por Pilar Costa, ambas diputadas del Grupo Parlamentario Socialista.

"Se recibió la denuncia en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y, como toda denuncia, será tramitada y respondida desde la dirección general de Vivienda y Arquitectura, como todas las demás", ha asegurado Mateo en su primera intervención para responder a Fernández.

La socialista había manifestado previamente que, de la gestión de Vivienda del Ejecutivo de Prohens, "solo quedarán tres cosas a los ibicencos: la obscena y continuada negativa a declarar la ciudad como zona tensionada; el fracaso absoluto del programa Alquiler Seguro, con solo tres viviendas adheridas; y la Ley de medidas urgentes de vivienda, que incluía la figura de las Viviendas de Precio Limitado (VPL)". Fernández ha recordado que, cuando se anunció la aprobación de esta última ley, que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso, desde el Partido Socialista ya se avisó de que estaba "repleta de medidas que permitían la especulación urbanística", añadiendo que el alcalde de Ibiza "también se dio cuenta de esto y sin ningún escrúpulo se puso a trabajar para él mismo, no para los ciudadanos de Vila". Según la diputada socialista, Triguero habría llevado a cabo "maniobras ficticias con las propiedades para dar apariencia de legalidad".

Por su parte, la también diputada por el Grupo Socialista Pilar Costa ha interpelado al conseller sobre el mismo asunto, comenzando su intervención con la afirmación de que tanto él como la presidenta Prohens "quedan inhabilitados para hacer cualquier debate sobre vivienda mientras tengan implicado a la máxima autoridad municipal de la isla de Ibiza por presunta corrupción a la hora de obtener una VPL de forma fraudulenta".

Costa ha calificado con cierta ironía de "casualidad" el hecho de que el alcalde de Ibiza se comprara un local en uno de los barrios donde se aprobó la posibilidad de reconvertir los locales en viviendas, lo transformara en vivienda y se "autoconcediera" la licencia de primera ocupación para posteriormente trasladarse allí y alquilar su vivienda "a precio de mercado".

Fraude de ley

La socialista considera que estos hechos suponen "un fraude de ley", ya que la norma prohíbe acogerse a esta figura a quien dispone de otra vivienda. Tras esta exposición de la situación denunciada por su grupo político, Costa ha preguntado directamente a Mateo "en qué situación se encuentra el expediente" de la denuncia y si el Govern "tiene previsto actuar o no" y ha aseverado que, si desde el Govern no se actúa "con contundencia" ante este caso, "serán cómplices y cooperadores necesarios de este fraude de ley perpetrado".

El responsable del área de Vivienda en el Ejecutivo balear ha reiterado a su vez que la denuncia se ha recibido y se tramitará como cualquier otra, procediéndose a su investigación "cuando se tenga toda la documentación". Mateo ha criticado la "desesperada y poco edificante" labor de oposición de los socialistas, asegurando que desde la formación se están vertiendo acusaciones en un procedimiento que está abierto, en tramitación y, por tanto, "en plazo". Ha añadido que, hasta la fecha, "la dirección general de Vivienda y Arquitectura no ha recibido documentación para inscribir la vivienda (de Triguero) en el registro autonómico de VPL ni para el posterior registro de sus futuros beneficiarios". Cuando se reciba, se revisará que cumpla los requisitos, "como en cualquier otro caso" y, por tanto, todavía "no se puede hablar de incumplimientos en un procedimiento que aún está en tramitación".

VPL en 21 municipios

El conseller balear del área ha explicado durante sus intervenciones que la figura de las VPL se creó "para generar vivienda asequible para los residentes en las islas". Ha defendido también que cuenta con un régimen de protección que está permitiendo a residentes en el archipiélago "el acceso a viviendas a precios entre un 30% y un 50% más bajos que la vivienda a precio libre", situando estos precios entre 119.000 y 164.000 euros. "La reconversión de locales es una de las figuras de mayor acogida por los municipios", ha añadido, explicando que un total de 21 ayuntamientos, "algunos de izquierdas como Inca, Pollença y Manacor", han aprobado acuerdos en los plenos para regular esa medida, delimitando zonas donde puede ser aplicada.

El orden del día del pleno del Parlament celebrado este martes también incluía una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política de vivienda del Govern balear. Tanto la representante socialista, Irantzu Fernández, como el conseller de Vivienda balear, han repetido durante el debate las quejas, argumentos y denuncias planteados previamente sobre el mismo tema. Fernández ha incidido en denunciar que tanto el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, como su esposa, son propietarios de otras viviendas, lo que imposibilita que sean beneficiarios de una VPL. También ha asegurado que el local cuestionado recibió la licencia de primera ocupación el pasado 6 de marzo y que Triguero y su familia residen desde entonces allí. Por su parte, Mateo no ha accedido a condenar específicamente la supuesta irregularidad, afirmando que desde el Govern se condena y se persigue "a todo aquel que incumpla la normativa", pero sin personalizar.

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