Dos meses sin psicólogo forense en Ibiza aumentan el atasco judicial en temas especialmente delicados

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza ha estado dos meses sin ningún psicólogo forense de los dos que tiene contemplados en su estructura oficial, lo que ha agravado aún más el atasco judicial, en algunos casos de años, que ya existía en casos especialmente sensibles debido a la ausencia de informes fundamentales.

La subdirección del IML de Ibiza contempla una dotación de doce trabajadores y dos de ellos son psicólogos, si bien nunca ha llegado a contar con ambos efectivos. Siempre había funcionado con uno solo, pero en los últimos tiempos la persona que se encargaba de esa labor estaba de baja, por lo que este servicio público fundamental ha quedado completamente inactivo.

Porque la justicia de Ibiza solo contaba con uno de los dos equipos psicosociales, formados por un psicólogo y un trabajador social, contemplados en el organigrama del IML de Ibiza, ya que el Ministerio del Interior nunca ha llegado a dotar al otro, dejando al sistema judicial sin un arma fundamental para aliviar su congestión endémica. La reciente Memoria Judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ya alertó recientemente de la preocupante situación del partido judicial de Ibiza y Formentera.

"Inicialmente, el equipo psicosocial se creó para dar cobertura al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero ahora esas valoraciones se han extendido y también elaboran informes sobre cuestiones de procedimientos penales, abusos sexuales a menores, agresiones sexuales, cuestiones de familias, custodias... Todo tipo de procedimientos conflictivos que acaban en el juzgado", explican fuentes del IML de Ibiza. Así, "la figura del psicólogo se ha extendido a toda la justicia". "Cada vez se piden más valoraciones psicológicas. La carga de trabajo sube", añaden.

"Una demora muy bestia"

Paradójicamente, esta creciente necesidad de informes psicológicos para resolver procedimientos judiciales no ha llegado acompañada por un incremento de los medios para hacerle frente. Todo lo contrario. En la memoria anual de 2024 del IML de Ibiza, la última publicada hasta la fecha, el Ministerio del Interiorr ya alertaba de "esperas elevadas" en los informes psicológicos, que tardaban una media de 491 días en elaborarse, es decir, un año y cuatro meses. Desde entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado.

Los propios trabajadores del IML lamentan que hay "una demora muy bestia y encima en asuntos delicados", casos que no pueden avanzar en su procedimiento judicial porque llevan "dos, tres años" esperando al informe psicológico. Hace un año, a la psicóloga forense titular le concedieron una baja médica que todavía sigue vigente. Le sustituyó otra psicóloga que, a su vez, también está de baja desde hace dos meses. El pasado lunes se incorporó la sustituta de la sustituta, quien, lógicamente, se ha encontrado con "una montaña de trabajo inmensa", según alertan sus compañeros.

Fuentes judiciales de máxima solvencia explican que la productividad estaba siendo muy deficiente: "Se hacían dos informes psicológicos al mes, cuando lo que se tenía que hacer eran dos informes psicológicos al día". Esto explicaría que, a finales de 2024, la espera media para un informe rozaba los 500 días. A la vista de los hechos, y de los testimonios recabados por Diario de Ibiza, la cifra real actual apunta a ser todavía más sangrante. El año pasado, dos funcionarios del Ministerio de Justicia se desplazaron hasta Ibiza para comprobar de primera mano la situación y concluir que el número de informes psicológicos emitidos era "lamentable y vergonzoso", según las mismas fuentes. Eso provocó la apertura de un expediente.

El problema continúa

A la vista de la situación, los responsables ministeriales tomaron varias medidas para tratar de aliviar el atasco. En primer lugar, que los médicos forenses realizaran informes para los que no eran tan necesarios los conocimientos psicológicos. En segundo lugar, recurrir a informes periciales externalizados a través de una bolsa de trabajo en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y como ayuda añadida, contar con el apoyo de la Fundación Conciencia. A través de un convenio, esta entidad privada se hace cargo, con sus fondos, del pago de pruebas periciales externas de casos que afectan a menores de edad.

Sin embargo, la solución no ha funcionado porque la raíz del atasco sigue sin solucionarse: escasa producción de informes y la segunda plaza sigue sin ser cubierta por el Ministerio de Justicia. Más allá de la voluntad o no de estrenar esa segunda plaza, la realidad es que tampoco sobrarían candidatos, ya que los psicológicos tienen acceso a mejores condiciones laborales en el ámbito privado y, como ocurre en otras profesiones debido al disparatado mercado de la vivienda que a tanta gente aleja de Ibiza, hay más demanda que oferta de trabajadores.

Además, la consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, también ha ofrecido que el organismo aporte dinero para que se elaboren cuanto antes esos informes psicológicos y se agilicen todos esos casos tan delicados que afectan a menores, pero la propuesta no ha cuajado. Mientras tanto, los jueces se siguen desesperando con la falta de unos informes que reclaman desde hace mucho tiempo y que son imprescindibles para impartir justicia.

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