El Govern destina 15 millones de euros a medidas sociales ante la crisis provocada por la Guerra en Irán

El Govern balear aprobará este viernes una inyección extraordinaria de 15 millones de euros en ayudas sociales destinadas a contrarrestar la crisis económica derivada de la guerra en Irán. La presidenta autonómica, Marga Prohens, ha anunciado esta medida este jueves en la Mola durante la conferencia de presidentes, el encuentro que, de manera periódica, celebra con los cuatro presidentes de los consells insulares de Balears.

Estas nuevas compensaciones complementan el paquete de medidas económicas que aprobó el Ejecutivo autonómico el pasado 15 de abril, también para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, y que se centró en apoyar a empresas y autónomos. En esta ocasión, las iniciativas del Govern se centran en apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Prohens ha lamentado que la prolongación de este conflicto esté agravando la coyuntura económica, con una inflación del 3,6% y el consiguiente aumento de la cesta de la compra. Así, el Govern emprende ahora un paquete de hasta 20 medidas sociales «concretas y cualificadas para proteger a las familias, los colectivos más vulnerables, los ayuntamientos y el tercer sector», ha destacado la presidenta.

Las iniciativas

Por un lado, la Administración destina 5,7 millones de euros a subvenciones directas a las familias, con una aportación extraordinaria de un millón de euros a la consignación de las becas comedor, que ahora asciende a 11 millones de euros. Por otra parte, se abre una línea de ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación familiar, se amplían las partidas para la compra de libros y material escolar y se refuerza el fondo escolar para emergencias sociales.

Las familias más vulnerables de Balears también podrán beneficiarse de un aumento del 30% en el descuento de la factura de la luz —el bono social térmico—, mientras que las pensiones no contributivas, la renta social y la renta de emancipación se incrementan en un 15%, ha detallado Prohens.

El Govern prevé otra partida de tres millones de euros para reforzar los servicios sociales municipales, que se centrarán en los servicios comunitarios y en la atención a familias desfavorecidas con menores. También se habilita una línea específica para las entidades dedicadas a actividades sociales, el conocido como tercer sector, que recibirán 2,35 millones para ampliar sus programas destinados a personas con discapacidad, problemas de salud mental o dependencia, además de reforzar el reparto de alimentos.

Las medidas sociales excepcionales incluyen una inversión de 1,51 millones de euros en ayudas a la vivienda para colectivos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidad, las víctimas de violencia machista o los mayores en riesgo de exclusión social.

Por último, el Govern contempla un quinto bloque de ayudas, de 2,6 millones de euros, destinado a iniciativas que agilicen los trámites para solicitar prestaciones sociales. Así, se prevé reforzar el personal administrativo e implementar el sistema de ventanilla única para reducir la burocracia y los trámites que deben cumplimentar los ciudadanos.

Reivindicaciones históricas

En su comparecencia ante la prensa durante una pausa de la conferencia de presidentes, Prohens ha secundado algunas de las principales reivindicaciones históricas de los consells insulares, especialmente en relación con los sobreesfuerzos que asumen para la atención de menores migrantes no acompañados. En este sentido, ha alertado de que este año han llegado a Balears 1.500 personas en situación irregular a bordo de pateras, 300 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 33% de la inmigración irregular en un momento de «inacción absoluta del Gobierno de España».

La presidenta también ha puesto el acento en la modificación del Reglamento de Costas a nivel nacional, que «fue aprobada en el Senado, pero está bloqueada en el Congreso de los Diputados por [la presidenta del Parlamento] Francina Armengol». Así, ha recordado que el Govern prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas, que plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo-terrestre y la protección de las construcciones históricas en el litoral «dentro del ámbito competencial autonómico».

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