Familias afectadas por la explosión de gas en un edificio del Ibavi en Ibiza denuncian "abandono" y "falta de respuestas"

Apenas dos semanas después de la explosión de gas registrada en un edificio del Ibavi en Ibiza, varias familias afectadas denuncian que continúan viviendo en una situación de "abandono institucional, desinformación y falta de seguridad". Según relatan los residentes a través de una nota remitida a Diario de Ibiza, lo que en los primeros días fue una emergencia con presencia política, promesas públicas y atención mediática se ha convertido ahora en un escenario marcado por "obras defectuosas, riesgos eléctricos, alarmas que suenan sin control y ausencia de respuestas administrativas".

Los afectados aseguran que durante las primeras 48 horas posteriores al siniestro sí hubo presencia de responsables públicos, entre ellos el alcalde de Ibiza, así como de medios de comunicación. Sin embargo, sostienen que, pasado ese primer momento, “vinieron dos días, sacaron fotos, hicieron política y no volvió nadie más”.

Según denuncian las familias, ni el Ayuntamiento, ni el alcalde, ni responsables del Ibavi, ni otros representantes públicos han vuelto a interesarse de forma directa por la situación real en la que quedaron los residentes tras la explosión. “No tenemos un contacto. No tenemos una persona responsable. No sabemos a quién dirigirnos para pedir explicaciones, reclamar o simplemente saber qué va a pasar”, lamentan.

Denuncian que se les cobró el alquiler pese al anuncio de suspensión

Una de las cuestiones que más indignación ha generado entre los afectados es, según explican, la contradicción entre lo que se comunicó públicamente y lo que finalmente ocurrió. Los residentes recuerdan que el pasado 24 de abril varios medios informaron de que el Ibavi había suspendido temporalmente el cobro del alquiler a las familias afectadas por la explosión. Sin embargo, los vecinos aseguran que esa suspensión no llegó a materializarse y que el alquiler fue cobrado “sin previo aviso, sin resolución formal comunicada y sin explicación posterior”. A día de hoy, añaden, siguen sin haber recibido una notificación oficial clara sobre su situación contractual, sin confirmación escrita sobre los alquileres y sin instrucciones formales sobre cómo proceder.

Aseguran que la situación dentro del edificio, lejos de mejorar, se ha deteriorado con el paso de los días. Entre las actuaciones señaladas por los afectados figuran "cambios no notificados, retirada de elementos de las viviendas sin previo aviso, sustitución de instalaciones sin autorización y modificaciones ejecutadas sin explicación". También mencionan el cambio de puertas sin comunicación previa y la instalación de termos de 120 litros, una medida que, aseguran, rechazaron mediante firmas.

“Tenemos miedo. Cada vez que entran, dejan algo peor”, afirman los vecinos, que aseguran estar documentando con fotografías, vídeos y otras pruebas el deterioro progresivo de las viviendas y la falta de respuestas. Los residentes también alertan de posibles "riesgos de seguridad" en el interior del edificio. Según denuncian, actualmente existen instalaciones eléctricas improvisadas con regletas en zonas donde se han producido filtraciones o pérdidas de agua derivadas de nuevas instalaciones. A esta situación se suma, según explican, la instalación de alarmas en varias viviendas que se activan y suenan de forma continua, a cualquier hora del día y de la noche, sin revisión técnica ni asistencia. Los afectados sostienen que nadie acude a resolver estas incidencias, lo que incrementa la sensación de inseguridad y descontrol.

Afectados sin orientación médica y posible vía legal

Las familias también denuncian falta de atención y orientación a personas con daños o secuelas derivadas del siniestro. Según su relato, algunos afectados continúan sin recibir indicaciones adecuadas porque los propios servicios médicos les remiten a un procedimiento que, aseguran, debía haber sido activado o comunicado por la empresa interviniente o por el Ibavi, pero del que "nunca se informó a los residentes".

Los vecinos explican que han recurrido a asesoramiento jurídico especializado. Según esta valoración, los hechos podrían implicar posibles "vulneraciones de derechos básicos e incumplimientos legales relacionados con el derecho a una vivienda digna, la conservación y habitabilidad de las viviendas, la protección de los ocupantes, la falta de información administrativa y eventuales responsabilidades patrimoniales de la Administración por la gestión posterior al siniestro".

Para las familias, el problema ya no es únicamente la explosión, sino todo lo ocurrido después: "falta de información, ausencia institucional, viviendas intervenidas sin control, personas afectadas sin orientación médica y vecinos obligados a convivir con miedo dentro de sus propias casas".

“La explosión duró segundos. El abandono, desde entonces”, concluyen los afectados.

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