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Migrantes

PP y Vox reclaman en el Parlament la repatriación de menores migrantes no acompañados

La Cámara balear aprueba varios puntos de una iniciativa de Vox con el apoyo de los populares, entre ellos retirar ayudas a ONG que “faciliten la inmigración” y suspender cooperación con países que no colaboren en el control migratorio

Fotografía de archivo de las Instalaciones de primera atención y acogida de migrantes.

Fotografía de archivo de las Instalaciones de primera atención y acogida de migrantes. / Vicent Marí

Europa press

El PP y Vox han reclamado este martes en el Parlament balear la repatriación de los menores migrantes no acompañados, la eliminación de subvenciones a ONG que, según el texto aprobado, “promuevan o faciliten la inmigración y el tráfico de personas”, y la suspensión de la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.

Estas medidas forman parte de una proposición no de ley defendida por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha salido adelante parcialmente gracias al apoyo del PP. Aunque los populares habían presentado más de una decena de enmiendas para modificar la iniciativa, Vox las ha rechazado al considerar que pretendían “descafeinar” y “diluir” el alcance del texto.

Rechazo a la regularización extraordinaria

Entre los puntos aprobados, el Parlament ha manifestado su rechazo a una regularización extraordinaria de personas migrantes y ha instado al Gobierno central a repatriar a los migrantes en situación irregular, a quienes cometan delitos y a los menores que no estén acompañados por sus progenitores.

La Cámara también ha pedido al Ejecutivo central que endurezca las penas contra las mafias, ponga fin a las políticas que Vox califica de “efecto llamada”, impida “fraudes de ley” en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo y suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios.

Puntos rechazados o no aprobados

El resto de puntos de la proposición no de ley no han salido adelante, bien por la abstención del PP o por su voto en contra. Entre ellos figuran propuestas relacionadas con la denominada “prioridad nacional”, la creación de ordenanzas municipales para impedir que los migrantes irregulares puedan empadronarse, la supresión de ayudas a migrantes salvo las que precisen por motivos humanitarios “hasta la devolución a sus países de origen” o la prohibición de obtener la nacionalidad a quienes hayan entrado en España por vías irregulares.

Durante el debate parlamentario, Cañadas ha advertido de los efectos que, a su juicio, tendría una regularización extraordinaria de migrantes. La portavoz de Vox ha señalado una posible “sobrecarga” de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad.

“Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que solo beneficia a las mafias”, ha afirmado.

El PP defiende que los servicios “ya no dan más de sí”

La diputada del PP Cristina Gil ha defendido que en Baleares “no cabe todo el mundo” y ha sostenido que los servicios públicos “ya no dan más de sí”.

“Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse”, ha señalado.

La oposición acusa a PP y Vox de criminalizar la migración

Desde la oposición, la socialista Teresa Suárez ha considerado que los puntos contemplados en la iniciativa “dinamitan la sociedad con una naturalidad que espanta” y ha acusado a PP y Vox de oponerse a la regularización con la intención de “tener a la gente trabajando sin derechos”.

En una línea similar, la ecosoberanista Marta Carrió ha criticado que ambos partidos sean “muy contundentes con los migrantes vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico”. Por su parte, el diputado de Unidas Podemos José María García ha calificado el texto de “racista, clasista y contra las personas pobres” y ha asegurado que busca “la deshumanización del migrante”.

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