Giro importante en la causa penal del 'parking' de Sant Antoni: retirada la acusación por malversación

La empresa Subsuelos Urbanos SL ha retirado la acusación por un supuesto delito continuado de malversación contra varios exresponsables del Ayuntamiento de Sant Antoni en la causa penal derivada del largo conflicto por el aparcamiento subterráneo de la plaza de España y los aparcamientos disuasorios del municipio. Con esta decisión, el juicio, señalado para enero de 2027, queda limitado a un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, por lo que los acusados ya no se enfrentan a penas de prisión, sino únicamente a posibles penas de inhabilitación.

La providencia dictada el 27 de abril por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Eivissa da por retirada la acusación por delito continuado de malversación del artículo 433 del Código Penal y mantiene únicamente la acusación por prevaricación administrativa continuada, prevista en el artículo 404.

Subsuelos Urbanos obtuvo en 2006 la concesión administrativa para construir y explotar durante 75 años el parking subterráneo de la plaza de España, inaugurado en agosto de 2008 durante el mandato del entonces alcalde José Sala. La mercantil sostuvo durante años que el Ayuntamiento debía haber actuado contra los denominados aparcamientos disuasorios, al considerar que perjudicaban la explotación del aparcamiento de pago.

La concesionaria reclamó ya en 2010 casi cuatro millones de euros al Consistorio en concepto de daños y perjuicios por no cerrar esos estacionamientos. Con el paso del tiempo, la reclamación de responsabilidad patrimonial ha superado los 14 millones de euros, si bien el perito judicial ha situado la indemnización en 1,6 millones, mientras que el Ayuntamiento estima que, en su caso, debería abonar unos 700.000 euros.

La pugna entre la empresa y el Ayuntamiento derivó también en la vía penal. Los exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez, ambos del PP, se sentarán en el banquillo de los acusados por su actuación en relación con los aparcamientos disuasorios. También figuran como acusados varios exconcejales de los gobiernos de Sala y Gutiérrez: Vicent Ribas, Joan Pantaleoni, Vicent Costa, José Torres y Pepita Costa.

Subsuelos Urbanos formuló inicialmente acusación por supuestos delitos continuados de malversación y prevaricación contra los antiguos miembros de la corporación por no acceder a sus pretensiones de cierre de los aparcamientos disuasorios. Sin embargo, la acusación por malversación fue sostenida en solitario por la mercantil, ya que el Ministerio Fiscal no apreció delito alguno y no formuló acusación contra los exresponsables municipales.

Según fuentes jurídicas, en la audiencia preliminar celebrada el pasado mes de diciembre el abogado Germán García, de Campaner Law, que defiende al exregidor de Economía y Hacienda, planteó varias objeciones procesales. Entre ellas, sostuvo la falta de legitimación de Subsuelos Urbanos para acusar por malversación, al entender que la mercantil era ajena a la relación jurídica entre el Ayuntamiento y los titulares de los aparcamientos disuasorios.

Tras esa comparecencia, la acusación particular presentó un escrito en el que retiró expresamente la acusación por malversación y mantuvo el resto de sus conclusiones provisionales por prevaricación. La providencia judicial formaliza ahora esa retirada y delimita el objeto del juicio oral.

El procedimiento penal continúa así centrado en determinar si la actuación de los antiguos responsables municipales al no cerrar los aparcamientos disuasorios pudo constituir una resolución injusta a sabiendas, como sostiene la acusación particular, o si, por el contrario, no hubo conducta delictiva, como defendió el Ministerio Fiscal al no presentar acusación.

Un largo conflicto

El caso se enmarca en uno de los conflictos concesionales más prolongados de Ibiza. Subsuelos Urbanos explotó inicialmente el aparcamiento desde 2008 hasta febrero de 2014, cuando la sociedad entró en concurso de acreedores. A finales de ese año, el Ayuntamiento anunció el rescate de la concesión después de que el administrador concursal cerrara unilateralmente las instalaciones. Posteriormente, Med Real Estate Oportunity obtuvo la concesión mediante subasta judicial.

El expediente administrativo tampoco ha estado exento de obstáculos. En junio de 2025 trascendió que el Consell Consultiu consideraba caducado el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento para resolver la concesión, al haber superado el plazo de tres meses sin resolverlo. El dictamen, preceptivo pero no vinculante, obligaba al Consistorio a declarar la caducidad del expediente, sin perjuicio de poder iniciar uno nuevo si se mantenían las causas para resolver la concesión.

Posteriormente, el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó, con los votos de los 12 concejales del PP y las abstenciones de Vox y Unidas Podemos, declarar la caducidad del procedimiento y reiniciar el expediente de resolución del contrato para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de España y calles adyacentes. La decisión permite al Consistorio volver a activar el proceso para resolver una concesión que arrastra años de conflicto judicial, económico y administrativo.

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