Todo a punto para el desalojo del supermercado de Ibiza que funciona como albergue ilegal: cinco años de tensión vecinal, insalubridad y altercados

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha comunicado el desalojo del supermercado de la calle Aragón, número 59, que funcionaba como albergue ilegal. La actuación está fijada para el 12 de mayo a las 10 de la mañana, después de un largo recorrido administrativo y judicial en torno a un local alquilado originalmente para uso comercial y reconvertido, según los documentos recopilados, en un conjunto de infraviviendas donde han llegado a residir alrededor de una veintena de personas.

El caso comenzó a aflorar públicamente en mayo de 2024, cuando se investigaba que un supermercado clausurado desde hacía años, situado en el centro de Vila, funcionaba por dentro como infravivienda. Desde fuera mantenía la apariencia de un viejo establecimiento cerrado: el rótulo seguía colocado, las cristaleras estaban cubiertas de negro y apenas se intuía actividad desde la calle. Sin embargo, las denuncias recibidas por el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento apuntaban a que en el interior malvivían unas veinte personas.

Según relató entonces el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, las primeras informaciones llegaron al Consell como si pudiera tratarse de un caso de alquiler turístico irregular. Al comprobar que los indicios apuntaban más bien a un local comercial utilizado como vivienda sin cambio de uso ni licencia urbanística, la institución insular se coordinó con el Ayuntamiento de Ibiza, al entender que podía tratarse, como mínimo, de una infracción urbanística municipal y quizá también de una infracción en materia de vivienda.

José, colombiano: pagaba 400 euros al mes para dormir en un colchón viejo en un "zulo habitacional"

El testimonio de José, un antiguo inquilino colombiano y usuario de Cruz Roja, permitió conocer las condiciones interiores del local. Explicó que un hombre de origen rumano le alquilaba una de las zonas en las que se había dividido el antiguo supermercado. Pagaba 400 euros al mes por un espacio donde dormía sobre una cama improvisada con cuatro palés y un colchón viejo. Según su relato, el local estaba compartimentado en una veintena de parcelas que funcionaban como habitaciones. Donde antes había estanterías de alimentos, había “zulos habitacionales”.

Las condiciones descritas eran extremas. José habló de estancias de unos dos por dos metros, sin insonorizar, levantadas “a lo bestia”, y de una falta de higiene que era “un sinvivir”. Aseguró que los baños estaban cubiertos de moho y que, por la acumulación de comida y escombros, aparecían larvas por el suelo. Finalmente abandonó el local y acabó comprando un coche que ni siquiera funcionaba para poder dormir en él.

La comunidad de vecinos del edificio también había advertido movimientos anómalos. En mayo de 2024, su portavoz explicó que hacía meses que habían detectado un trasiego frecuente en el supermercado, incluso durante la noche, pese a que el local no desarrollaba actividad comercial. Los vecinos avisaron a la Policía Local y pusieron la situación en conocimiento del propietario, que, según la comunidad, no tenía constancia de lo que ocurría dentro.

La comunidad de vecinos denuncia el "poco apoyo"

En ese momento, el albergue ilegal llevaba ya “alrededor de un año funcionando”, según la información publicada entonces. La comunidad lamentaba el “poco apoyo” recibido por parte de las fuerzas de seguridad y del Ayuntamiento de Ibiza. Los comerciantes de la zona también manifestaban malestar: algunos consideraban que la situación generaba “mala publicidad” para los negocios cercanos, aunque uno de ellos señalaba que la mayoría de quienes vivían dentro eran trabajadores silenciosos que salían por la mañana y regresaban por la tarde-noche.

La vigilancia conjunta del Consell, la Policía Local y la Policía Nacional permitió identificar a dos personas que, según Mariano Juan, actuaban como “gancho” comercializando la infravivienda. El Ayuntamiento, por su parte, ya había identificado a una tercera persona que ofrecía alojamiento en el colmado. En paralelo, Vila había solicitado autorización judicial para acceder al interior del establecimiento.

La documentación posterior reveló que el problema venía de mucho antes. En julio de 2025, la propiedad exigió formalmente al Ayuntamiento que precintara el local, recordando que el inmueble se había alquilado en agosto de 2020 “únicamente para su uso y destino como supermercado”. Según los propietarios, el arrendatario incumplió el contrato, realizó obras sin autorización, modificó la estructura del edificio y destinó el local a hospedar a personas hacinadas en condiciones infrahumanas. El expediente municipal ya había constatado la situación en 2023. Un decreto de alcaldía ordenó el 26 de septiembre de ese año la suspensión inmediata del uso del local como vivienda. El 19 de octubre de 2023, al comprobar que seguía utilizándose como vivienda, se ordenó el precinto. La inspección municipal había confirmado que el supermercado se había convertido en un albergue ilegal y advertía de que la distribución y las instalaciones incumplían las condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad, además de suponer un riesgo para las personas y para el inmueble.

Baños comunitarios, riesgo de accidentes eléctricos y suelos encharcados

El informe describía diez “unidades independientes”: habitáculos destinados a morada humana donde se realizaban funciones de dormitorio, comedor-salón y cocina, sin las dimensiones, equipamiento, ventilación e iluminación necesarias. También había baños comunitarios. En materia de seguridad, los técnicos alertaron de una instalación eléctrica sobrecargada con regletas y cables sin protección, con riesgo de cortocircuitos u otros accidentes eléctricos. Además, se constató un ambiente insalubre, con falta de ventilación, carencia de limpieza y suelos encharcados por una red de saneamiento saturada.

Pese a la orden de precinto, el supermercado continuó funcionando como albergue ilegal. En julio de 2025 se publicó que habían pasado 621 días desde aquella orden municipal sin que el local hubiera sido precintado. El Ayuntamiento había impuesto además una multa de 600 euros al inquilino que subarrendaba las infraviviendas por incumplir la suspensión inmediata del uso como vivienda, y le advirtió de posibles multas periódicas si persistía en el incumplimiento.

La propiedad también acudió a la vía judicial alegando cambio de uso del local sin autorización. El asunto se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza. Mientras tanto, la tensión en torno al inmueble siguió creciendo. El 28 de junio de 2025 se produjo uno de los episodios más graves: la Policía Nacional detuvo a un hombre de origen rumano como presunto autor de delitos de hurto, allanamiento de morada, daños y resistencia y desobediencia a la autoridad después de que irrumpiera violentamente en el local, sacara y lanzara objetos a la vía pública y causara daños en un coche aparcado.

Un día después de que la propiedad exigiera el precinto, el Ayuntamiento informó de que en febrero de 2025 había iniciado un procedimiento sancionador de 100.607,56 euros contra el encargado del albergue ilegal. También aseguró que preparaba un escrito al juzgado para pedir una inspección “urgente” por parte de técnicos municipales y valorar si procedían nuevas acciones administrativas.

El Consistorio explicó entonces que no pudo ejecutar el precinto ordenado en 2023 porque, al acudir a cerrar la actividad, detectó que ya no se ejercía la actividad de supermercado y que el local se había constituido en morada. Según esa versión municipal, el precinto solo se refería a la actividad comercial. Aun así, entre aquella constatación y la multa de más de 100.000 euros transcurrieron 16 meses.

Hartazgo vecinal: “Enfadados, disgustados y preocupados”

El hartazgo vecinal era evidente. Una portavoz de la comunidad relató que el episodio violento de junio les había dejado “enfadados, disgustados y preocupados”. Los vecinos llevaban tiempo alertando de peleas, mal ambiente y riesgo de incendio. Según su relato, al principio el local sí funcionó como supermercado, pero después comenzaron a observar obras interiores, levantamiento de tabiques e instalación de platos de ducha para crear diez infraviviendas.

La vía judicial terminó siendo decisiva. En noviembre de 2025, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza resolvió el contrato de arrendamiento del local y ordenó que todos los residentes desalojaran el supermercado. La sentencia dio por probados numerosos incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos: subarriendo no consentido, realización de obras ilegales y actividades insalubres. El juzgado recogió el historial del caso: el local alquilado en 2020 para uso exclusivo como supermercado, la transformación del espacio sin autorización, la inspección municipal de 2023 con resultado demoledor, la existencia de diez unidades independientes, los riesgos eléctricos, la falta de ventilación y limpieza, los suelos encharcados y la conflictividad vecinal. También recordó que ni la orden de precinto de octubre de 2023, ni la multa inicial de 600 euros, ni la sanción posterior de 100.600 euros habían conseguido acabar con la actividad.

El proceso judicial fue relativamente rápido. La demanda fue admitida el 8 de mayo de 2025, la audiencia previa se celebró el 20 de octubre y el juicio quedó visto para sentencia a comienzos de noviembre. Fuentes judiciales citadas en la documentación señalaron que los juzgados ibicencos estaban dando prioridad a los asuntos relacionados con el drama de la vivienda en Ibiza.

Ahora, con el desalojo comunicado para el 12 de mayo, el caso entra en su fase final. Después de cinco años de denuncias vecinales, informes municipales, sanciones, episodios violentos y una larga convivencia forzada entre un edificio residencial y un local transformado en infravivienda.