“Llevan al Cetis a los abuelos de Puig d’en Valls”: PSOE y UP cargan desde Santa Eulària contra la contrata de autobuses de Ibiza

El PSOE y Unidas Podemos de Santa Eulària presentaron en el pleno de este jueves una propuesta conjunta para exigir al Consell de Ibiza la "revisión urgente" del nuevo servicio de transporte público de la isla. "Es un auténtico caos y colapso entre usuarios”, señalaron, antes de recordar que la puesta en marcha del servicio se ha "denunciado de manera masiva por falta de coordinación y previsión". Vox se abstuvo y el PP votó en contra.

Las agrupaciones de la izquierda denunciaron que, varias semanas después de la implantación de la nueva contrata, el 1 de abril, "persisten" los autobuses saturados que no recogen a los pasajeros, las esperas de más de una hora, los cambios de ruta, la falta de información e incluso la necesidad de recurrir al taxi.

La escopeta de un tiro de feria

Alan Ripoll, portavoz del PSOE, criticó que ahora se haya anunciado un refuerzo para facilitar los desplazamientos a primera hora desde Santa Eulària: “Si alguien hubiera ido a mirar cuánta gente se subía a las seis de la mañana, se hubiera sabido antes”. El portavoz de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, denunció además que en Cala Llonga se han recortado la mitad de las frecuencias, "que hasta ahora eran dos por la mañana y dos por la tarde". Criticó el mal funcionamiento de la información en las marquesinas e ironizó que los botones de las paradas "fallan más que la escopeta de un tiro de feria”. También puso como ejemplo la modificación de las paradas de la línea L50: “Llevan al Cetis a los abuelos de Puig d’en Valls”.

Paula Salsoso, de Vox, se abstuvo, pero también reclamó cambios. Puso el foco en la seguridad en el interior de los autobuses en horario nocturno: “Se han convertido en un campo de batalla para que los jóvenes puedan volver a sus casas”, opinó.

Por su parte, la segunda teniente de alcalde de Santa Eulària, Antonia Picó, reconoció los problemas del nuevo servicio, pero defendió la gestión del Consell. Recordó que la licitación ha sido “muy complicada”, debido a los "problemas administrativos" y a todo el trabajo previo que se tuvo que "readaptar". Sostuvo que el conseller del área, Mariano Juan, “ha dado la cara”, se ha reunido con usuarios y asociaciones de vecinos y sigue introduciendo cambios.

El cobro del certificado de vulnerabilidad

En la misma sesión, el PSOE presentó otra propuesta para instar al Ayuntamiento a retirar el cobro de 50 euros por tramitar el certificado de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria. Los socialistas recordaron que el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears (Cotsib), que dio la voz de alarma, trasladó su preocupación a la Delegación del Gobierno al considerar que el pago anticipado podría ser contrario a la normativa vigente y dificultar el acceso de las personas más vulnerables. Además, reclamaron reforzar los servicios sociales con más personal y recursos.

De la Fuente votó a favor de la iniciativa y calificó el cobro como "usura y violencia institucional". Picó tildó las críticas de "alarmismo" y apuntó que el real decreto que aprobó la regularización extraordinaria de inmigrantes "no establece la gratuidad de estos informes". También explicó que, desde el inicio del proceso, se cobró a tres personas por falta de información en el procedimiento, pero que ya no se han cobrado más certificados: "Si se pide cita con Servicios Sociales, no hay tasa previa a pagar", indicó.

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