Maestras depuradas por "inmorales" en Ibiza

Aurelia Castelar Barranquero «llevaba una vida muy inmoral». Carmen Cuevas Miguel había mantenido «relaciones amorosas inmorales». Eran motivos más que suficientes, en ambos casos, para que la Comisión Depuradora del Magisterio del bando nacional acordara separarlas de sus servicios como maestras en Ibiza. Son dos de los 23 casos pitiusos que Pere J. Carrió Villalonga recoge en ‘El magisteri depurat a les illes Balears durant la Guerra Civil i la postguerra’ (Lleonard Muntaner Editor), presentado este miércoles en Ibiza, un libro que se nutre de las mismas fuentes que utilizó en 1998 Santiago Miró para escribir otro volumen indispensable sobre la historia de estas islas, ‘Maestros depurados en Balears durante la Guerra Civil’.

A la «inmoral» Aurelia Castelar, que ejercía de maestra en una escuela unitaria de Vila, se le imputaba de todo: «ser de ideario marxista», haber enseñado «en sentido disolvente, incluso prácticas inmorales», ser «antirreligiosa», llevar «una vida muy inmoral» y «ser deficiente en su conducta profesional». Por esos cargos, todos ellos morales y ninguno penal, la Comisión Depuradora acordó el 5 de agosto de 1937 separarla definitivamente del servicio. No se lo pudo comunicar, pues había huido a València, donde fue rehabilitada por la República y destinada a Benicalap. En 1940 fue separada definitivamente del servicio, si bien en 1956, tras ser anulada la sanción, ejerció en Huesca.

Carmen Cuevas (madrileña que entonces tenía 26 años), la otra maestra considerada «inmoral» por las autoridades nacionales, fue suspendida «de ocupación y sueldo» desde el 1 de octubre de 1936 por mantener relaciones extramatrimoniales. Aunque el gobernador civil remitió su certificado de matrimonio pocos meses más tarde e incluso solicitó que se levantara la sanción que se le había impuesto, se mantuvo la falta por «haber mantenido relaciones amorosas inmorales, siendo por ello frecuentemente criticada».

Durante la Guerra Civil, esta maestra vivió una auténtica odisea, según recoge Carrió. En agosto de 1937 se hallaba «refugiada en Alemania desde que Ibiza fuera amenazada por los rojos», consta en un escrito. Tres años más tarde sería confirmada como maestra y sin sanción.

Dos depuraciones

Carrió explica que hubo dos comisiones depuradoras en Ibiza. La primera, presidida por José Cardona, un carabinero, comenzó en cuanto los nacionales tomaron la isla en septiembre de 1936: su objetivo fue, únicamente, declarar aptos a los maestros que se consideraba adeptos al régimen. Se basaban en «la apariencia religiosa» y las informaciones de testigos locales. Sus resultados (quiénes eran aptos o no para seguir ejerciendo) se dieron a conocer en enero de 1937. La segunda comisión, encabezada por Bartolomé Bosch, que ya es provincial, inicia su andadura en marzo de 1937 y hasta octubre de 1940, la comisión central, ubicada en Burgos y presidida por José María Pemán, no publica sus datos: en este caso, se recopila más información, que se pide a alcaldes, párrocos y falangistas. Carrió subraya que no hay que olvidar que la depuración era una investigación en la que los docentes «tenían que entregar unos documentos para demostrar que no habían estado a las órdenes de los republicanos, que no habían sido concejales ni pertenecido al Frente Popular ni a ningún un sindicato». Valía con que lo confirmara «el párroco del pueblo, el obispo, la Guardia Civil, la Falange, personas de reconocido prestigio, un médico…».

En Ibiza hay una circunstancia diferente al resto de las islas: «Que muchos huyeron con los rojos en septiembre de 1936. A València se fueron muchos maestros y también profesores» . Hay otra circunstancia diferencial: «Ibiza es la única isla en la que se les denomina rojos, porque ni en Mallorca ni en Menorca se habla de rojos en esos expedientes». En esas islas se les cataloga como afines al Frente Popular, apunta Carrió.

En las Pitiusas, de 64 maestros, 17 fueron depurados, 15 de ellos de Ibiza y dos de Formentera. Seis de ellos por pertenecer al sindicato UGT. Ninguno por delito de sangre. Solo por sus ideas o por ser «inmorales», como Castelar y Cuevas. Había varias maneras de depurar: «Desde un traslado en la propia provincia o en la propia isla, a un traslado fuera de la provincia, que ya era bastante grave. O una separación del servicio. Hay bastantes casos en Ibiza que reciben la máxima pena, es decir, que pierden la plaza». Para ocho se decretó la separación definitiva de la enseñanza. Tres fueron trasladados forzosamente fuera de la provincia. Para dos se ordenó el traslado forzoso dentro de la provincia. Dos fueron jubilados forzosamente y uno fue inhabilitado para cargos públicos. Proporcionalmente, hubo menos expedientes en Ibiza que en Mallorca porque numerosos docentes huyeron con las tropas republicanas en septiembre de 1936, antes de que llegaran los nacionales.

¿Y cómo vivieron tras ser depurados? «Los que son separados definitivamente, tienen que dar clases particulares. Eso sí pueden hacerlo. Al principio no, claro, porque tienen tanto miedo... Los tienen tan agarrados y tan asustados que no se atreven a hacer nada. Pasan hambre. Lo pasan mal. Pero luego pasa el tiempo y se van adaptando. Unos empiezan a trabajar en otras cosas, en representación de marcas, por ejemplo, los que más. Se hacen representantes de una casa gracias a que alguien les tiene afecto. Y también muchos dan clases particulares o montan una academia». Y con el paso del tiempo «recurren sus sanciones. Y van ganando. Después de la guerra ya no hay interés en este tema porque tampoco habían hecho nada importante», es decir, no habían cometido delitos ni matado a nadie: «Recuperan la plaza, pero a algunos les llega casi cuando ya tienen la edad de jubilarse. En algunos casos, es su viuda o su viudo el que la recupera». La mayor parte no recuperó sus derechos y plaza hasta la Ley de Amnistía de 1976.

El caso Anckermann

Las mujeres son mayoría entre los maestros depurados de Ibiza: nueve de 15. Entre ellas está Margarita Anckermann Canet, nacida en Palma en 1882 y a la que inicialmente acusan por «las difamaciones» que prodigó su esposo al párroco de Santa Eulària y que este denunció. Aunque parezca increíble, fue sancionada por ello: traslado forzoso dentro de la provincia con la prohibición de solicitar vacaciones durante dos años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza en las instituciones culturales y de enseñanza. De noviembre de 1940 a enero de 1942 tuvo que dar clases en Manacor, para volver luego a Santa Eulària, donde se jubiló una década más tarde y, pasado el tiempo, se puso su nombre a una calle.

Otra madrileña, la joven Rosa Domingo Fernández, fue depurada por tener «ideario comunista, hacer propaganda entre sus compañeros, ser antirreligiosa y haber enseñado en sentido disolvente». Más o menos los mismos cargos que otra madrileña, Diodora García Gómez, que había enseñado en Vallecas y que en 1934 obtuvo plaza en Ibiza. A María de la O Marcos Botia (Valladolid, 1909), maestra de La Revista en Ibiza, se le imputaban cargos similares y «haber orientado la enseñanza en dicho sentido, tanto la oficial como la privada».

Peor fue el caso de Francisca Riera Roca (Girona, 1904), pues además de estar afiliada a un sindicato y de ser de «ideología completamente izquierdista», había «actuado con gran intensidad durante el dominio rojo en Ibiza, huyendo con estos» en septiembre de 1936.

Además de los 17 maestros, fueron depurados seis profesores de instituto, todos ellos con propuesta de «separación definitiva». Entre ellos, Emilio Cifre Ferrer por el cargo de ser de «ideología izquierdista»; los hermanos Juan y Ramón Medina Tur, la «izquierdista» Covadonga Peñamaría; Ángel Torrejón Bartolomé, por ser candidato socialista a diputado a Cortes y pertenecer a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, y Antonio Soto Brioso, en este caso un administrativo con «ideología del Frente Popular y notoriamente antirreligioso». Se libraron ocho, entre ellos Manuel Sorá y Narcís Puget Viñas.

El autor del libro recalca que la depuración de estos docentes fue «una acción plenamente premeditada y planificada por las autoridades franquistas desde los primeros momentos del alzamiento». Su finalidad era «mantener y garantizar la homogeneidad política e ideológica» del nuevo régimen «mediante la eliminación de los miembros considerados peligrosos o desafectos».

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