Parlament balear
Regularización extraordinaria en Ibiza y Formentera: El Parlament reclama al Estado más medios para agilizar los trámites de extranjería pendientes antes de continuar con el proceso extraordinario
La Comisión de Asuntos Institucionales aprueba una iniciativa para reforzar las oficinas de extranjería y priorizar la resolución de los 10.800 expedientes expedientes pendientes antes de continuar con la regularización extraordinaria
El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, denuncia la "doble insularidad administrativa" que sufre la pitiusa del sur

Colas de migrantes en las oficinas municipales del Cetis, en Ibiza / Vicent Marí
La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament balear ha aprobado este miércoles una iniciativa en la que reclama al Gobierno de España que refuerce de forma inmediata con medios humanos y materiales las oficinas de extranjería de las Illes Balears, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes en materia de extranjería pendientes, tramitados de forma ordinaria, y evitar así que la falta de medios "siga afectando a personas, trabajadores, empresas y familias".
La proposición no de ley, aprobada íntegramente en sus tres puntos, pide al Ejecutivo central que dote de más recursos a los servicios estatales de extranjería, que priorice la resolución de los expedientes ya presentados y que cumplen con la legalidad, y que no traslade nuevas cargas administrativas a las comunidades autónomas mientras no se garantice el funcionamiento adecuado de los procedimientos que dependen directamente del Estado.
Actualmente, y según recoge el Partido Popular en un comunicado, más de 10.800 expedientes pendientes de resolución en las oficinas dependientes de la Administración General del Estado en Balears, una situación que refleja, según los populares, "un problema estructural en la gestión administrativa que depende exclusivamente del Estado". Este colapso afectaría directamente tanto a los trabajadores extranjeros como a sectores clave de la economía balear, como la hostelería, el comercio, la construcción o los servicios, que necesitan mano de obra con su situación regularizada.
La iniciativa ha sido defendida en el Parlament por el diputado del PP Jacobo Valera, quien ha subrayado que "el principal problema no es la falta de personas dispuestas a trabajar, sino la demora en la tramitación de expedientes que, en muchos casos, corresponden a renovaciones de permisos, modificaciones de autorizaciones o solicitudes plenamente ajustadas a la legalidad vigente. Por ello, defendemos que una resolución ágil permitiría incorporar de forma inmediata a muchas personas al mercado laboral". En este contexto, el popular ha asegurado que "es única y exclusivamente un problema de falta de medios y mala gestión por parte del Gobierno de España". "Antes de abrir nuevas vías extraordinarias, resolvamos las ordinarias", ha añadido. En el texto de la iniciativa presentada por los populares se afirma que "si el Gobierno de España resolviera los expedientes actualmente pendientes, no sería necesario recurrir a procesos extraordinarios de regularización, ya que una parte muy significativa de la mano de obra que reclaman las empresas de las Illes Balears podría incorporarse de forma inmediata y legal al mercado laboral".
"Doble insularidad administrativa"
En este sentido, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha defendido la iniciativa desde una perspectiva “institucional y no partidista” y ha advertido de que, “si el Estado exige legalidad, el Estado tiene que poner los medios para que la legalidad se pueda tramitar en tiempo y forma”.
Córdoba ha puesto el foco en la realidad específica de Ibiza y Formentera, donde la insularidad añade dificultades al proceso. En el caso de las Pitiusas, el punto presencial habilitado para determinados trámites relacionados con el proceso de regularización extraordinaria se concentra en la oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich, en Ibiza, sin un punto equivalente en Formentera.
Esta situación obliga a muchos residentes de Formentera a desplazarse a Ibiza para realizar gestiones presenciales, depender de una cita, asumir costes de transporte y dedicar más tiempo a unos procedimientos que ya resultan complejos. Durante la comisión se ha advertido de que este caso refleja una situación de “doble insularidad administrativa”, que debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar y aplicar los procedimientos estatales. "Desde Madrid se diseñan procedimientos pensando en territorios grandes, continuos o urbanos, sin tener presente la realidad de Balears, de Ibiza y, especialmente, de Formentera”, ha denunciado Córdoba.
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