El Consell se apunta una victoria judicial con la amnistía urbanística en Ibiza

El Consell de Ibiza se ha apuntado una victoria en los tribunales relativa a la amnistía urbanística, aprobada por el Govern balear y que entró en vigor el pasado mes de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha vuelto a rechazar un recurso interpuesto por los dirigentes del PSOE ibicenco Víctor Torres, Elena López y Aida Alcaraz, que pedían suspenderla mientras se resolvía el fondo del asunto.

Así, el TSJB le da la razón al Consell y rechaza paralizar de forma provisional el acuerdo aprobado por el Pleno de la institución el 28 de marzo de 2025. Dicho acuerdo se refiere a la aplicación en Ibiza de la ley autonómica 7/2024, que permite tramitar la legalización extraordinaria de determinadas edificaciones, construcciones, instalaciones y usos ya existentes en suelo rústico.

De esta forma, por tercera vez la Justicia desestima la petición de medidas cautelares realizada por los socialistas de Ibiza. El primer precedente data de febrero de 2025, cuando lo rechazó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, que dictaminó que no se había argumentado la inseguridad jurídica para los ciudadanos, y el segundo de hace tres meses.

Los miembros del PSOE habían pedido que el acuerdo quedara suspendido mientras se estudia el recurso principal. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ya rechazó esa segunda petición en enero y ahora el TSJB confirma esa decisión. Los recurrentes defendían que permitir la aplicación del acuerdo podía consolidar situaciones ilegales y hacer muy difícil volver atrás si, más adelante, el acuerdo fuera anulado. También advertían de posibles perjuicios económicos para las arcas públicas.

Oposición del Consell

El Consell de Ibiza se opuso a esa suspensión. Según recoge la sentencia, la institución sostuvo que el acuerdo “nada legalizaba”, ya que serán los ayuntamientos quienes deberán decidir en cada caso si una construcción puede legalizarse o no. La Sala considera que los recurrentes no han demostrado un perjuicio concreto y difícil de reparar. En este sentido, la sentencia afirma que la parte apelante “ni alega ni acredita ningún perjuicio de imposible o difícil reparación propio”.

Además, el TSJB da especial importancia al interés público de mantener en vigor una norma aprobada por una administración. La sentencia dice que suspender cautelarmente una disposición de este tipo es “una medida de carácter extraordinario”, porque supone dejar sin efecto, aunque sea de forma provisional, una norma integrada en el ordenamiento jurídico.

Por todo ello, el tribunal concluye que debe mantenerse el acuerdo del Consell de Ibiza mientras continúa el procedimiento judicial principal. La Sala desestima el recurso de apelación y condena a los recurrentes a pagar las costas, con un límite máximo de 1.000 euros.

Esperando al Tribunal Constitucional

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional continúa deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2024 de simplificación administrativa que incluye la amnistía urbanística en suelo rústico. Esta apelación se presentó en marzo de 2025, después de un trabajo conjunto de varios meses por parte del PSOE, Més, Podemos y el GOB. La iniciativa también contó con el respaldo de diversas entidades sociales y del Fòrum de la Societat Civil. Cuatro meses más tarde, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra la amnistía urbanística del Govern de Marga Prohens, que llevaba la firma de más de cincuenta diputados.

A la espera de este pronunciamiento judicial clave sobre el fondo del asunto, la amnistía urbanística del Govern sigue impulsando el número de viviendas visadas en Ibiza. La construcción de viviendas registró un repunte el año pasado en casi todas sus áreas, con un 33% más de obras visadas respecto a 2024, y gran parte de este incremento se debe a la amnistía urbanística, según detalló el mes pasado Lluís Oliva, presidente de la Demarcación del Colegio de Arquitectos de Baleares en Ibiza y Formentera (Coaib), durante la presentación de los datos de evolución de la edificación en Baleares.

El año pasado se visaron 865 obras en Ibiza, por las 651 del año anterior, y una cuarta parte, 215, correspondieron a proyectos de legalización que se presentaron entre abril de 2025 y enero de 2026, según los datos divulgados por Coaib.  "En el momento en el que quitamos las legalizaciones extraordinarias, vemos que solo hemos crecido casi un 7% en relación con el mismo periodo del año pasado", explicó Oliva.

En 2025 se visaron 737 proyectos vinculados a viviendas, un 44% más que en 2024. También un 15% más de obras turísticas (37 en comparación con las 32 de 2024) y un 67% más de obras industriales y agrícolas (15 en comparación con las nueve de 2024). A las construcciones del año pasado se suman 13 proyectos comerciales y administrativos, cuatro centros docentes, 12 construcciones destinadas a otros usos y los mismos 47 anexos a viviendas que en 2024.