Denuncian que el Ayuntamiento de Santa Eulària cobra 50 euros por el certificado de vulnerabilidad: “Se está cobrando a la gente por demostrar que es vulnerable”

El cobro de una tasa de 50 euros por la expedición del certificado de vulnerabilidad social en Santa Eulària ha abierto una polémica política e institucional. El PSOE en el municipio ha exigido la retirada inmediata de este pago, mientras que el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears (Cotsib) ha advertido de que esta práctica podría vulnerar la normativa vigente. Frente a ello, el Ayuntamiento defiende que la medida se ajusta a la legalidad y asegura que ninguna persona acreditada como vulnerable tendrá que abonarla.

El Grupo Municipal Socialista ha rechazado “sin matices” la decisión del Consistorio de cobrar esta tasa a quienes no son usuarios de los Servicios Sociales. Su portavoz, Alan Ripoll, ha asegurado que se trata de una medida “injusta, insensible y completamente equivocada” y ha criticado que “se está cobrando a la gente por demostrar que es vulnerable”.

Los socialistas sostienen que este certificado no es un trámite opcional, sino un requisito necesario para acceder a ayudas y derechos básicos. Además, consideran que el cobro introduce una barrera de acceso para personas en situación de fragilidad social y económica, especialmente en el contexto del proceso de regularización extraordinaria.

Una barrera especialmente grave para personas vulnerables

El Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears (Cotsib), el primero en dar la voz de alarma, trasladó formalmente a la Delegación del Gobierno su preocupación por las actuaciones del Ayuntamiento de Santa Eulària en relación con el cobro por la tramitación de este informe. El colegio profesional señala que, según la información recabada, en el municipio se estaría exigiendo el pago anticipado de 50 euros por persona al presentar la solicitud a través del registro general. Elsa Herranz, vicepresidenta del colegio relató que las personas que acuden a solicitar este certificado se encuentran ya en una situación administrativa irregular y, solo por ese hecho, son personas vulnerables. Por ello, entiende que obligarlas a abonar primero el importe para después devolverlo “no es ético”.

El Cotsib recuerda que, según figura en la web del ministerio competente, “la descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición son gratuitos”. Por ello, considera que este cobro podría ser contrario a la normativa aplicable y advierte de que supone una barrera especialmente grave para personas en situación de vulnerabilidad social y económica. Con toda la información recibida hasta el momento, el colegio sostiene que Santa Eulària es el único municipio del que le han llegado datos sobre una actuación de este tipo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària replica que el cobro está amparado en el punto 3.5 de la Ordenanza Fiscal municipal y responde a la actividad administrativa necesaria para tramitar expedientes y emitir certificados oficiales. Además, afirma que el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, no establece la gratuidad de la expedición de documentos por parte de las administraciones locales.

El Consistorio destaca asimismo que la ordenanza prevé la exención del pago para las personas usuarias de los Servicios Sociales municipales. Según añade, para que esa exención pueda aplicarse, los profesionales deben conocer la situación personal, familiar y económica de los solicitantes.

En este sentido, el Ayuntamiento asegura que "ninguna persona calificada técnicamente como vulnerable tendrá que pagar por obtener este documento" y que la tasa "solo se aplica en los casos en los que no se acredita esa situación o cuando el solicitante no es usuario ni desea someterse a la valoración de los Servicios Sociales".

Mientras, el PSOE ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno para pedir la retirada inmediata del cobro, garantizar la gratuidad del certificado y reforzar los Servicios Sociales municipales.

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