Ya es oficial: la nueva normativa de ascensores obliga a las comunidades de vecinos de Ibiza a hacer reformas de hasta 40.000 euros

La entrada en vigor de la nueva regulación sobre ascensores ya está empezando a tener impacto en comunidades de propietarios de toda España, incluidas zonas con alta densidad de viviendas como Ibiza. La medida, que busca mejorar la seguridad y modernizar los sistemas, también implica importantes costes económicos para los vecinos.

Según ha informado El Español, el Real Decreto 355/2024, aprobado el 2 de abril, introduce la nueva Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 ‘Ascensores’, lo que obliga a actualizar miles de elevadores en todo el país, especialmente aquellos de mayor antigüedad.

Reformas obligatorias y costes elevados

La normativa establece que los ascensores que no cumplan con los nuevos requisitos técnicos deberán adaptarse progresivamente. Esto afecta principalmente a edificios con instalaciones antiguas, donde las reformas pueden alcanzar cifras de hasta 40.000 euros.

Entre las mejoras más habituales que exige la ley se encuentran:

• Nivelación de la cabina a ras de suelo
• Sistemas avanzados de seguridad en puertas, como barreras fotoeléctricas
• Instalación de comunicación bidireccional en cabina
• Control de sobrecarga
• Sustitución de guías antiguas por sistemas modernos de acero

Las intervenciones más sencillas, como incorporar sistemas de comunicación o sensores, pueden costar entre 800 y 1.000 euros. Sin embargo, las actuaciones más complejas, como la renovación completa de guías o sistemas de tracción, elevan considerablemente el presupuesto.

Un gasto que asumirán las comunidades

Estos trabajos serán obligatorios y deberán ser financiados por las comunidades de vecinos, ya que se consideran actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal establece que el coste se repartirá entre los propietarios en función de su cuota de participación, salvo excepciones recogidas en los estatutos.

En lugares como Ibiza, donde abundan edificios con varias décadas de antigüedad, esta normativa podría afectar a un número significativo de comunidades.

Plazos para adaptarse a la normativa

La aplicación de las reformas no será inmediata. Las comunidades deberán realizar los cambios tras la primera inspección periódica obligatoria. En caso de que el resultado sea desfavorable, dispondrán de un plazo que puede ir de tres a diez años, dependiendo del tipo de mejora requerida.

Seguridad frente a coste

El objetivo de la normativa es reducir accidentes y mejorar la seguridad de los usuarios, especialmente en ascensores antiguos. Sin embargo, su aplicación ha generado preocupación entre los propietarios por el elevado coste de las reformas.