Los ayuntamientos de Ibiza se reorganizan "sin información ni protocolos" para atender la regularización extraordinaria

Los ayuntamientos de la isla de Ibiza no saben todavía cómo tramitar uno de los documentos que pueden exigirse en el proceso de regularización de inmigrantes. Desde hace varios días, un gran número de personas acuden a las oficinas de Atención a la Ciudadanía o de Servicios Sociales para solicitar información y, en la mayoría de casos, pedir el certificado de vulnerabilidad, un trámite para el que los consistorios critican no han recibido directrices previas.

"Ante la aprobación del Real Decreto y la falta de información inicial, hemos estado trabajando desde el primer momento para organizar nuestros servicios y coordinarnos con el resto de concejalías implicadas para atender este trámite. Nuestro objetivo es garantizar la emisión de los informes de vulnerabilidad, pero sin desatender al resto de usuarios y servicios municipales", explica Lola Penín, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza. "Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad. Vamos a hacer todo el trabajo necesario para que ninguna persona se quede sin ese informe", asegura.

De este modo, desde Vila señalan que este lunes 20 se cerrarán "los últimos aspectos organizativos" con el personal de Servicios Sociales y que, a partir del martes 21, se empezarán a "tramitar las solicitudes de los residentes en el municipio", pero todavía no puede indicar dónde. El objetivo del Ayuntamiento es separar esta gestión del Servicio de Atención a la Ciudadanía para "evitar colapsos".

Un trámite diferente que requiere investigación

Desde el Consistorio señalan que esta reorganización también es necesaria porque "se ha diseñado un nuevo modelo de certificado de vulnerabilidad" distinto del que se gestiona en los trámites ordinarios en el ámbito local. Sin embargo, rellenarlo también implica un "trabajo de investigación" para demostrar la situación de vulnerabilidad.

El Govern balear también se ha pronunciado en este sentido: "Es un documento que implica una valoración por parte de los servicios sociales que no se hace en cinco minutos. Se ha evidenciado la absoluta improvisación e irresponsabilidad de una regularización masiva decretada por [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez, pero que después recae sobre las espaldas de ayuntamientos y las comunidades autónomas", critica el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

Vila destaca, además, que "la gente va por defecto a por este documento cuando hay algunos más fáciles de conseguir". Conviene tener en cuenta que este certificado solo es necesario si la persona en situación irregular no puede demostrar que ha trabajado durante su permanencia en España o que tiene la voluntad de hacerlo; si no puede acreditar que vive aquí con su unidad familiar —siempre que esté compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad— o si no tiene ascendentes de primer grado.

Empadronamientos y solicitudes

En cambio, Vila aclara que sí está emitiendo volantes de certificados de empadronamiento de residentes en el municipio. Este documento sirve para demostrar la estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026, uno de los requisitos que exige esta regularización. En caso de que las personas interesadas no estén empadronadas en Ibiza, pueden acreditarlo con cualquier documento que las identifique individualmente, como historiales clínicos o movimientos bancarios.

La regularización extraordinaria se puso en marcha este jueves 16. Desde entonces, se pueden presentar solicitudes de manera telemática en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También se puede pedir cita para la tramitación presencial, y en Ibiza solo se habilitará por el momento la Oficina de Correos de la avenida de Isidor Macabich. Desde CGT Correos también han criticado que la regularización se ponga en marcha "sin personal suficiente" y sin "haber recibido la formación pertinente". Según han denunciado, esta formación está prevista para el mismo lunes en el que las oficinas empezarán a atender solicitudes.

"No nos han dado información y supone una carga exprés", señala Vila. "No tramitamos certificados de vulnerabilidad por la falta de recursos y de protocolos precisos sobre cómo emitir este certificado", indican desde el Ayuntamiento de Sant Antoni. Este último explica que el departamento de Servicios Sociales registra una afluencia diaria de entre 50 y 60 personas que piden información.

El Ayuntamiento de Sant Josep también registra "más movimiento y volumen de peticiones", pero todavía no ha empezado a tramitarlas. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària señala que ya ha recibido 15 solicitudes formales de regularización, además de "consultas constantes" a Bienestar Social.

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