Migración
El PSOE denuncia el bloqueo del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, a la regularización de migrantes al negar certificados
Para los socialistas, el Ayuntamiento, al oponerse a la regularización, rompe con la lealtad institucional y convierte a los migrantes en rehenes de una estrategia política.
Un momento de la rueda de prensa ofrecida este jueves por la tarde en la sede del PSOE. / Vicent Marí.
El Grupo Municipal Socialista de Ibiza ha denunciado el bloqueo deliberado del Ayuntamiento de Ibiza al proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, al negarse, según el PSOE, a expedir los certificados de vulnerabilidad, un documento necesario para poder acogerse a este procedimiento.
La formación socialista sostiene que no se trata de una mera cuestión administrativa, sino de un "acto consciente de sabotaje institucional", y acusa al Partido Popular de querer mantener a estas personas "sin derechos".
Según el comunicado del PSOE, existen instrucciones internas para frenar la emisión de estos certificados, considerados esenciales para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan iniciar su regularización. A juicio de los socialistas, esta actuación sitúa al Ayuntamiento de Ibiza y al alcalde, Rafael Triguero, fuera de su deber legal y ético, al convertir la administración pública en una herramienta de confrontación política.
Acusaciones de sabotaje institucional
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Boned, ha afirmado que se trata de un "boicot en toda regla" y ha acusado a Triguero y a la edil de Bienestar Social, Lola Penín, de utilizar el Consistorio para impedir de forma consciente y organizada que personas vulnerables puedan regularizar su situación.
Boned ha advertido de que negar certificados de vulnerabilidad supone condenar a estas personas a la invisibilidad, a la economía sumergida y a la exclusión social, y ha reclamado al Ayuntamiento que deje de actuar con criterios partidistas y se comporte como una institución al servicio de toda la ciudadanía.
Para el PSOE, las consecuencias de este supuesto "boicot" son "devastadoras", ya que, según afirma, se estaría condenando a centenares de personas a permanecer en la irregularidad, sin acceso a derechos básicos y expuestas a la explotación laboral, la exclusión social y la marginalidad.
La formación considera además que la actuación del equipo de gobierno del PP es especialmente grave porque, en su opinión, rompe con los principios básicos de lealtad institucional. En este sentido, defiende que un ayuntamiento no puede convertirse en obstáculo para la aplicación de políticas públicas estatales por interés partidista.
El PSOE asegura que esta forma de actuar degrada la democracia, erosiona la confianza en las instituciones y convierte a las personas más vulnerables en rehenes de una estrategia política basada en la confrontación con el Gobierno central.
Por todo ello, los socialistas exigen la rectificación inmediata del Ayuntamiento de Ibiza, el cese de estas prácticas y la puesta en marcha de todos los medios necesarios para garantizar una atención adecuada a las personas afectadas. Además, advierten de que no tolerarán que se vulneren derechos ni que las instituciones públicas se utilicen para sabotear políticas destinadas a garantizar la dignidad y la integración de las personas.
