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Política

La reforma de la Constitución que dará un senador a Formentera finalizará su recorrido parlamentario la próxima semana

La medida finaliza su recorrido parlamentario la próxima semana en el Senado

Fachada principal del Senado, en Madrid.

Fachada principal del Senado, en Madrid. / Europa Press

Europa Press

Madrid

La Mesa del Senado ha incluido en el orden del día del pleno de la próxima semana la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament balear que modifica el artículo 69.3 para que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa, según informaron fuentes parlamentarias.

De esta manera, la cuarta reforma de la Constitución Española de 1978 finalizará la próxima semana su recorrido parlamentario, ya que se aprobará de manera definitiva y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Senado, al igual que el Congreso, decidió tramitarlo en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

El Congreso

El apoyo definitivo del PP se desatascó en el Congreso después de que el PSOE permitiera aprobar una enmienda a esta reforma para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlament balear.

En cualquier caso, el Parlament de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, aunque ahora las Cortes Generales han pisado el acelerador y prevén aprobarlo la próxima semana.

Detalle de la fachada del Senado, en Madrid.

Detalle de la fachada del Senado, en Madrid. / Efe

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

Ya ocurre con Canarias

La propuesta del Parlament de Baleares, que finalmente se aprobará, es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También incluyen una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".

Asimismo, pone de manifiesto el protagonismo de las islas para que una decisión como esa "se considere una buena reforma constitucional", sentida "como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".

Se ciñe a Formentera

Como suele ocurrir cuando se plantea una reforma constitucional, algunos grupos habían aprovechado para plantear enmiendas sobre otras cuestiones, aunque el Congreso quiso ceñir esta iniciativa al tema de Formentera.

En este contexto, la Mesa del Congreso vetó la tramitación de la enmienda que presentó Unión del Pueblo Navarro (UPN) porque no guardaba relación con el objeto de esta proposición de ley. Los regionalistas navarros planteaban derogar la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que regula el procedimiento específico para la posible incorporación de Navarra al régimen autonómico del País Vasco.

El mismo criterio se aplicó con las once enmiendas que presentó el PNV a esta reforma puntual de la Constitución y que pretendían modificaciones de calado para, entre otras cosas, modificar artículo 2 de la unidad de España, reconocer la autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey y derogar el artículo 155 que permite al Gobierno intervenir a comunidades autónomas.

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