Santa Eulària considera que la versión del senador de Ibiza sobre los desalojados de Can Rova 2 “no se ajusta a la realidad de lo ocurrido”

“En estos momentos, nos encontramos trabajando en la preparación del expediente de respuesta”. El Ayuntamiento de Santa Eulària se defiende de las acusaciones del senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer Martínez, quien culpaba al Consistorio “por no haber respondido nunca al Defensor del Pueblo sobre la información exigida en relación con los menores desalojados en el poblado chabolista de Can Rova II”.

Santa Eulària considera que “la versión de Ferrer no se ajusta a la realidad de los hechos”. Por ello, recuerdan: “En primer lugar, fuimos nosotros mismos quienes el pasado 30 de mayo de 2025 solicitamos el amparo del Defensor del Pueblo en relación con Can Rova II. En dicho escrito, pusimos de manifiesto la pasividad del Estado y de los órganos jurídicos competentes ante dicha problemática”.

"La información solicitada ya se había facilitado en el anterior escrito"

El Ayuntamiento agrega: “En esta comunicación ya se detallaba de manera exhaustiva el panorama, señalando que las personas que vivían en este asentamiento ilegal lo hacían en condiciones de grave hacinamiento y en un entorno que no reunía las condiciones adecuadas de habitabilidad. Y es que el poblado lo integraban tiendas de campaña, caravanas e infraestructuras construidas con materiales reutilizados, una situación que implicaba un elevado riesgo de incendios. Además, en este contexto convivían familias de cinco o más miembros, entre los cuales había menores de edad, en espacios con graves problemas de salubridad”.

Sea como sea, el Consistorio reconoce que “el pasado 6 de junio de 2025 el Defensor del Pueblo envió un requerimiento”. Sin embargo, lo declinó al considerar que “la información solicitada ya se había facilitado en el anterior escrito, en el que se explicaba tanto la situación de las personas que residían en Can Rova II como la peligrosidad del asentamiento”.

Suscríbete para seguir leyendo