El Defensor del Pueblo urge a Santa Eulària a responder por la situación de los menores del poblado de chabolas Can Rova 2 en Ibiza

El Defensor del Pueblo emitió el pasado 13 de marzo un escrito en el que respondía al senador por Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer, en relación con su queja dirigida contra el Ayuntamiento de Santa Eulària, en la que reclamaba que "los menores que vivían en el poblado chabolista de Can Rova II no quedaran en situación de desamparo" tras su desalojo en julio del año pasado.

En ese documento, el Defensor del Pueblo deja constancia de la demora en la respuesta del Consistorio: "Con relación a su queja y ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Consistorio, en esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma".

Esta nueva actuación se enmarca en un conflicto que se arrastra desde hace un año. Ya el 22 de abril de 2025, el senador ibicenco remitió un primer escrito al Defensor del Pueblo para exigir que "el Ayuntamiento no dejara en situación de desamparo a los menores que viven en el poblado chabolista" de Can Rova II.

Desde entonces, y tras sucesivos cruces de reproches entre Ferrer y el equipo de gobierno municipal de Santa Eulària, del Partido Popular, la tensión política no ha dejado de aumentar. Casi un año después del inicio de la controversia, el senador pitiuso mantiene intacto su malestar y denuncia que el Consistorio sigue sin atender los requerimientos. "Hemos presentado varias quejas exponiendo la situación al Defensor del Pueblo y Santa Eulària no le ha remitido la documentación exigida", asegura.

Cuando Ferrer presentó aquella primera denuncia, el asentamiento chabolista situado en la carretera de Sant Antoni, junto a la rotonda del Hiper Centro, todavía seguía en pie. El desmantelamiento definitivo no se produjo hasta el 16 de julio de 2025, poniendo fin, al menos sobre el terreno, a una situación que durante meses generó una profunda preocupación institucional y social.

Respuesta del Defensor del Pueblo

La respuesta del Defensor del Pueblo no tardó entonces en llegar. En un escrito con registro de salida del 6 de junio de 2025, la institución comunicó al senador que, "una vez estudiada la queja, procede admitirla a trámite porque reúne los requisitos legales establecidos". En ese mismo documento, además, precisaba que ya se habían iniciado actuaciones tanto con el Ayuntamiento como con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), y que se daría traslado al denunciante de la información que se fuera recibiendo y de los trámites posteriores.

Pocos días después, en la mañana del 20 de junio de 2025, el propio Ferrer, líder del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, hizo público a través de un comunicado oficial que el Defensor del Pueblo había admitido a trámite la denuncia presentada contra el Ayuntamiento "por desatención de los menores que viven en Can Rova II".

«El Ayuntamiento no ha respondido al Defensor del Pueblo»

A juicio del senador, el expediente sigue avanzando sin la colaboración del Consistorio. "El Ayuntamiento nunca ha respondido a la documentación que le ha exigido el Defensor del Pueblo en este sentido", sostiene Ferrer, que añade que la propia institución le ha confirmado que Santa Eulària sí ha recibido esos requerimientos.

Por ello, advierte de las posibles consecuencias de mantener ese silencio administrativo. "Lo normal es que, si sigue sin contestar, salga en el próximo informe elaborado por el Defensor del Pueblo que Santa Eulària es una Administración pública que no colabora con dicha institución, lo cual es algo negativo", recalca.

Cabe recordar que esta zona llegó a albergar cerca de 90 infraviviendas y que, según relataron residentes del asentamiento a Diario de Ibiza el 9 de abril de 2025, en ella vivían entonces "unas 90 familias". Un escenario de extrema precariedad que acabó convirtiéndose en uno de los focos más sensibles del debate político y social en Santa Eulària.

Ferrer recuerda cómo surgió el motivo de la queja: "Después del primer intento de desalojo en Can Rova II y al darnos cuenta de que había menores afectados por la situación, nos pusimos en contacto con el abogado de una parte de los afectados. En base, un poco, a la experiencia que habíamos tenido con el Ayuntamiento en otros asuntos similares, como con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, quisimos hacer ver al Consistorio que no estábamos de acuerdo y que, si no hacían lo adecuado, que es defender a los menores, íbamos a presentar una queja al Defensor del Pueblo, cosa que finalmente hicimos".

Suscríbete para seguir leyendo