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Documentos ilegales

Cae una red en Balears con ocho detenidos por falsificar empadronamientos de inmigrantes

La Policía Nacional detiene a ocho personas por presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal

Comisaria de la Policia Nacional de Ibiza

Comisaria de la Policia Nacional de Ibiza / Sergio G. Cañizares

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Efe

Ibiza

La Policía Nacional ha desarticulado en Baleares una organización criminal dedicada presuntamente a falsificar empadronamientos para ciudadanos extranjeros en situación irregular. La operación se ha saldado con la detención de ocho personas: cinco hombres y tres mujeres, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la organización habría llegado a empadronar de manera ilegal a cerca de 70 extranjeros mediante la elaboración de documentación fraudulenta destinada a sortear los controles administrativos del padrón municipal.

La investigación fue iniciada por el Grupo I de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif), adscrita a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Las pesquisas han permitido destapar una estructura criminal consolidada, con una actividad sostenida durante al menos tres años y un claro ánimo de lucro.

Para facilitar los empadronamientos irregulares, los detenidos confeccionaban contratos de alquiler y contratos de arras falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles. Posteriormente, elaboraban y firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de terceros, por las que cobraban entre 250 y 300 euros por cada alta fraudulenta.

Empadronamientos falsos para obtener beneficios administrativos

La organización seleccionaba oficinas administrativas con menores mecanismos de fiscalización para aumentar las posibilidades de éxito de las solicitudes y evitar ser detectada por los controles municipales. De acuerdo con la Policía Nacional, el objetivo de estos empadronamientos no era el uso real de la vivienda, sino la obtención de beneficios asociados al alta en el padrón, como el acceso a la tarjeta sanitaria, la solicitud de la Tarjeta Ciudadana para subvenciones al transporte o la acreditación de residencia de cara a futuros expedientes de arraigo social.

Los agentes han identificado hasta el momento a 70 beneficiarios directos de la trama. Además, la investigación ha permitido constatar una distribución coordinada de funciones dentro de la organización, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal estable y perfectamente organizada. Una vez identificados los integrantes y aclarado el funcionamiento del grupo, la Policía procedió a la detención de sus ocho presuntos miembros.

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