El Ayuntamiento de Sant Antoni interviene en la vivienda con un caso de Diógenes tras obtener autorización judicial

El Ayuntamiento de Sant Antoni inició este martes una intervención en un domicilio particular con un caso de Diógenes, caso que los vecinos denunciaron a Diario de Ibiza, mediante ejecución subsidiaria, tras obtener la correspondiente autorización judicial. El operativo, que ha contado con la supervisión del departamento de Medio Ambiente y la colaboración del servicio de limpieza municipal UTE Portmany y la Policía Local de Sant Antoni, responde a la acumulación de una gran cantidad de residuos tanto en la vivienda como en zonas comunes del edificio, principalmente en el aparcamiento y en dos vehículos estacionados, según ha informado el Consistorio en un comunicado. "Esta situación puede generar riesgos sanitarios y de higiene, además de afectar a la convivencia vecinal, a la salubridad del entorno y suponer un posible riesgo en caso de incendio", ha destacado el Ayuntamiento.

Esta acción se puso en marcha para resolver una situación que no había sido atendida de forma voluntaria por la persona titular del inmueble, a pesar de los requerimientos previos de la administración.

En todo este procedimiento, los Servicios Sociales municipales han estado implicados, prestando asistencia y seguimiento a la situación. La actuación se ha llevado a cabo también con su apoyo y acompañamiento, con el objetivo de minimizar el impacto de la intervención y garantizar una atención adecuada a la persona afectada y a los familiares.

Procedimiento

El procedimiento administrativo que ha culminado en esta autorización judicial se inició formalmente en agosto de 2025. Dicho inicio se produjo tras completar, previamente, un exhaustivo proceso de recopilación de datos y la realización de todos los trámites preceptivos, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legalidad y los derechos de las partes implicadas. La incoación del expediente fue la respuesta a una situación que requería una solución para salvaguardar el interés general y el bienestar de la comunidad de propietarios afectada.

La decisión de recurrir a la ejecución subsidiaria se fundamenta en la falta de respuesta y de acciones correctivas por parte de la titular de la vivienda. La administración municipal agotó las vías de diálogo y los requerimientos formales para que la situación fuera resuelta de manera voluntaria, sin obtener los resultados esperados. Ante esta circunstancia, y en ejercicio de sus competencias, el Ayuntamiento procedió a solicitar la intervención judicial para poder actuar directamente.

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