Ibiza detecta 70 viviendas en el Registro Nacional que se comercializan turísticamente por días

El Consell ha contabilizado ya “un mínimo de 320 viviendas turísticas legales” de Ibiza que han dejado de ser comercializadas en plataformas como Airbnb o Booking como consecuencia de la transposición, por parte del Gobierno, del reglamento de la Unión Europea que establece la creación de una ventanilla única para el registro de viviendas de alojamiento turístico. Pero en la institución insular también han detectado otro asunto que les “preocupa aún más” porque está vinculado directamente con el intrusismo: han hallado ya “un mínimo de 70 anuncios de viviendas apuntadas en ese registro nacional -creado a raíz del Real Decreto en materia de alojamiento turístico- que se están comercializando por días”. A juicio de Mariano Juan, conseller de Lucha contra el Intrusismo, suponen “un fraude de ley” porque, en realidad, se trata de “comercializaciones turísticas”, según ha explicado la mañana de este viernes en el pleno del Consell, en el que ha defendido, mediante una moción, la derogación de ese Real Decreto.

“El decreto ya está en vigor y pretende trasponer el reglamento europeo de ventanilla única. Y lo hace optando por crear un registro nacional”. Este “se articula a través del registro de la propiedad”, lo cual está teniendo serias consecuencias para los afectados: “La primera de ellas es que a las viviendas turísticas legales, con la licencia en regla, se las obliga a un nuevo trámite en el registro de la propiedad, que analiza cuestiones inmobiliarias y otro tipo de cuestiones y de formalidades, como las cabidas, si la finca está o no está inscrita, si la obra está o no está inscrita...”. Juan indica que esas “formalidades no son obligatorias en el Estado, porque no es obligatorio estar inscrito en el registro de la propiedad si no se quiere, y no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión turística”.

De manera “sobrevenida”, sus viviendas turísticas se han convertido en “ilegales” y “no pueden comercializarlas en redes sociales o en las plataformas a pesar de tener la licencia turística en regla. Y eso es inaceptable”

Pero la obligación de pasar ahora por el registro y demostrar que toda su documentación está según mandan los cánones urbanísticos da pie a que “pequeños propietarios que tienen su vivienda turística en regla, no obtengan del registro de la propiedad el nuevo número que ha creado el Gobierno de España”, además de ocasionarles “gastos, literalmente, de miles de euros para poder formalizar esos papeleos que le exige el nuevo registro único”.

Como muchos (algo habitual en la isla) no tienen sus viviendas en regla en términos urbanísticos, “se está denegando el registro a viviendas que son legales” para el alquiler turístico: “Eso les está ocurriendo a miles”. De manera “sobrevenida”, sus viviendas turísticas se han convertido en “ilegales” y “no pueden comercializarlas en redes sociales o en las plataformas a pesar de tener la licencia turística en regla. Y eso es inaceptable”.

"Un fraude descomunal"

Pero lo que más preocupa a Mariano Juan, por su relación con el intrusismo, es que ese registro no sólo se ha creado para las viviendas turísticas: “También sirve para las viviendas que se alquilan temporalmente, de temporada, que así obtienen un número de registro nacional. Eso ha abierto un agujero al fraude descomunal, pues se están dando registros supuestamente no turísticos a pisos que se están comercializando en las redes por días”.Ya han contabilizado “un mínimo de 70 anuncios de viviendas que se están comercializando por días y que, por tanto, son un fraude de ley, porque son comercializaciones turísticas”. “Nadie”, asegura Juan, “está comprobando” que esos alquileres no sean turísticos, “ni en el registro de la propiedad, ni en el Ministerio de la Vivienda”.

Como consecuencia, el Consell ha dejado de disponer de “herramientas legales para exigir a las plataformas que descuelguen esos anuncios”, pues ahora disponen del número nacional de registro: “Ya no les hace falta, obviamente, ningún otro registro de una administración turística, al no ser, formalmente, un alquiler turístico”, indica Juan. La institución insular se ve obligada así, de nuevo, a demostrar, yendo puerta a puerta, que se comercializan turísticamente y “en fraude de ley usando un número de registro nacional no turístico”.

Se viene así abajo, pues, el modelo que tantos frutos había dado en los últimos dos años y que contaba con la colaboración de las plataformas online, reconoce Juan: “Se está poniendo en riesgo el trabajo conseguido mediante la eliminación de anuncios. Con un número de registro nacional de temporada o de alquiler temporal, no tenemos potestad legal y dependemos de la buena voluntad de la plataforma o de que el Registro de la Propiedad o el Ministerio detecte que existe ese ese fraude”.

Los piratas ya saben que “existe esa posibilidad para entrar por la puerta de atrás”, admite el conseller. Juan alberga aún esperanza, pues la Unión Europea “ha dado de plazo al Reino de España para que el 20 de mayo de este mismo año arregle este problema”, apunta el conseller del PP.

Plataforma de intercambio automática

El pleno, finalmente, dio el visto bueno a que “haya una plataforma de intercambio de datos automática”. El PSOE rechazó dar su apoyo porque “sería un paso atrás en la lucha contra el fraude en el alquiler turístico”. Su portavoz, Elena López, aprovechó para preguntar retóricamente a Juan si, como afirmaba el pasado verano, Eivissa sigue siendo el primer territorio sin anuncios turísticos ilegales en las plataformas, dando a entender, como se desprende de algunos datos turísticos, que quienes comercializaban antes explícitamente en las plataformas han encontrado esa “puerta de atrás” que mencionaba el responsable de Lucha contra el Intrusismo.

Control de los 'concierges': sólo "35 o 37" registrados

Por otra parte, el pleno aprobó la moción presentada por Vox (que incluía una transaccional del PP) para luchar contra el intrusismo en la intermediación y prestación de servicios turísticos, los conocidos como concierges. Según el acuerdo alcanzado, se reforzarán las labores de inspección, habrá coordinación con el Govern y los ayuntamientos, se dará mas difusión al registro de concierges ya existente, y habrá más campañas informativas a consumidores y usuarios para contratar con garantías.

En ese registro ya están apuntados (en la categoría de centrales de reservas) “35 o 37 mediadores”, que es el término en castellano por el que también se conoce a los concierges.

Para el PSOE, la moción no aporta nada nuevo, y para UP, “queda floja” tras el acuerdo con el PP.

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