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Denuncia

Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: "Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad"

Asegura que ha solicitado, sin éxito, acceso al expediente sobre el balizamiento

Además, el vecino considera "irregular" el aviso de retirada de 48 horas colocado este martes en su embarcación

La pegatina que el Ayuntamiento colocó en las barcas fondeadas en sa Punta.

La pegatina que el Ayuntamiento colocó en las barcas fondeadas en sa Punta. / DI

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La retirada iniciada este martes en sa Punta, en es Viver, ha motivado la denuncia pública de uno de los usuarios habituales del embarcadero de la zona. Se trata de Manuel Serrano Vila, vecino de Ibiza, quien se ha comunicado con Diario de Ibiza para exponer lo que considera una situación "de extrema gravedad".

Según explica, desde el pasado 23 de febrero ha presentado "diversos escritos por vía telemática ante el Ayuntamiento de Ibiza" para solicitar acceso al expediente administrativo relativo a la instalación de un balizamiento en la zona del embarcadero, "sin haber recibido respuesta alguna hasta la fecha".

Tal como detalla, el 1 de marzo registró nuevos escritos para pedir una aclaración sobre la situación del canal náutico existente en sa Punta, que, según recuerda, aparece "señalizado por el propio Ayuntamiento como 'Canal Nàutic - Entrada y salida de embarcaciones', con prohibición expresa de baño", además de solicitar su personación como interesado en el procedimiento.

Vídeo: Un propietario de una barca fondeada en sa Punta en Ibiza: "Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas"

DI

Sin embargo, el vecino relata que este martes se ha encontrado con "un aviso de retirada" pegado en su embarcación "en el que se concede un plazo de 48 horas". Para Serrano Vila ese aviso presenta "graves irregularidades", ya que, según enumera: "no identifica la embarcación afectada; no indica expediente administrativo; no establece con claridad el inicio del plazo; y no contiene resolución ni autoridad firmante".

Añade además que el contenido del adhesivo "corresponde a modelos propios de retirada de vehículos en vía pública, con referencias a normativa de tráfico, sin relación alguna con normativa marítima o de costas", algo que considera "totalmente improcedente".

El vecino agrega que, paralelamente, ha recibido una "comunicación informal a través de WhatsApp" por parte del concejal de Movilidad, Fondos y Proyectos Europeos, Playas y Turismo, Rubén Sousa, en la que se anunciaba "la retirada de embarcaciones, la imposición de sanciones e incluso la posible comisión de infracciones medioambientales".

Retirada de boyas este mediodía en Sa Punta.

Retirada de boyas este mediodía en Sa Punta. / DI

"Desde mi punto de vista, y a falta de resolución administrativa notificada o acceso al expediente, las actuaciones que se están anunciando podrían estar ejecutándose al margen del procedimiento legalmente establecido, sin constar acuerdo formal ni aprobación en órgano municipal competente", explica el vecino de Ibiza. Asimismo, apunta que la zona es "un espacio integrado en el dominio público marítimo-terrestre", por lo que, según sostiene, la competencia correspondería al Estado, lo que "plantea dudas adicionales sobre la legalidad de las actuaciones".

Teniendo en cuenta la situación actual, añade que "ante la inminente retirada de embarcaciones", ha iniciado "acciones legales para evitar actuaciones que podrían causar daños irreparables".

La queja llega el mismo día en que el Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado la retirada de boyas y otros elementos del embarcadero ubicado en la playa de sa Punta, en es Viver. El Consistorio ya había anunciado a mediados de febrero su intención de actuar sobre este punto del litoral. Entonces explicó que el balizamiento instalado en sa Punta tenía como objetivo "proteger el litoral, ordenar el uso del espacio marítimo y evitar fondeos y amarres no autorizados".

Según la versión municipal, la recuperación de la zona pasa por cerrar lo que califica como un "puerto encubierto", donde cada verano se concentran numerosas embarcaciones. El Ayuntamiento sostiene que esta situación degrada el litoral y vulnera la normativa vigente, por lo que instaló boyas para delimitar el área y prohibir el amarre no autorizado. También abrió un periodo de cortesía para que los propietarios retiraran sus barcos antes de principios de marzo, advirtiendo de que, a partir de entonces, adoptaría medidas si persistían los incumplimientos.

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