Con esta pensión no hay quien viva en Ibiza: 1.200 euros, de los que 900 se van en el alquiler

Carmen cobra “una miseria” de pensión, sólo 806 euros: “Y eso que ha subido un poco últimamente”. Tiene 71 años y fue autónoma. Trabajaba en una tienda de telas del Eixample junto a su madre, hasta que cogió las riendas del negocio. Como muchos otros, cuenta que no llegó a cotizar la cantidad suficiente (un problema que afecta especialmente a las mujeres), aunque sí el tiempo (35 años) necesario para cobrar la pensión. Eso sí, empezó recibiendo otra miseria, 660 euros, en 2020, año en que dejó de trabajar: “De todas formas, conozco otros pensionistas autónomos que, aunque han cotizado más tiempo que yo, perciben sólo unos 100 euros más. Ellos también lo están pasando mal”, explica tras estampar su firma en una iniciativa legislativa popular (ILP) que la Plataforma Pitiüsa per la Defensa d’unes Pensions Públiques Dignes ha impulsado este sábado en el parque de la Paz de Vila desde las 11 hasta las 13 horas. El propósito de esta recogida de rúbricas es “mejorar la vida de las personas más vulnerables”, de personas que, como Carmen, perciben unas pensiones que apenas les dan para cubrir las necesidades más básicas.

Carmen se defiende de los gastos del día a día con parte del alquiler de una vivienda cuya titularidad comparte con su hermana. Pero aun así, los gastos de luz, agua, teléfono y comunidad (“acaba de llegarnos una derrama para arreglar la fachada que es un dineral”) consumen su pensión. Para reducir la factura mensual, se deshizo del coche: “Me voy quitando de cosas. A la hora de comer, busco las marcas blancas… pero a veces incluso esas me resultan ya caras. Procuro adquirir justo lo necesario, intento mantenerme sin gastos extras”.

El 65% de los vulnerables, mujeres

Tal como cuentan desde la Plataforma Pitiüsa per la Defensa d’unes Pensions Públiques Dignes, el 51% de los jubilados de estas islas cobran menos de 1.000 euros, el 25% no llega a los 720 euros mensuales y el 17% no pasa de los 527 euros. Y el 65% de los pensionistas vulnerables son mujeres, consecuencia de que muchas renunciaron en su momento a sus oficios para dedicarse íntegramente al cuidado de sus familias.

En esta ILP (que requiere 7.500 firmas en esta Comunitat) se pide que el Gobierno español equipare la pensión mínima al salario mínimo interprofesional (SMI), establecido en 1.221 euros, e insta al Parlament balear a que apruebe un complemento económico social que lo equipare: “El Govern tiene competencias para llevarlo a cabo porque esta ILP no pide una pensión, que es competencia estatal, sino ayudas complementarias de carácter social. Es, por tanto, una cuestión de voluntad política”, se detalla en el manifiesto, leído a las 11 horas en el parque de la Paz.

Una pensión "justita"

Miguel, de 80 años, recibe una pensión similar al salario mínimo interprofesional, unos 1.200 euros. Firma “por solidaridad”, aunque reconoce que su pensión “es justita” para subsistir en una isla tan cara como Ibiza: “Me permite vivir”. No se queja, ni mucho menos, aunque si se hacen cuentas, es como para hacerlo. Paga un alquiler de 900 euros por su piso, coste que puede sufragar gracias a las ayudas que le prestan sus hijos (tiene cinco). Mallorquín con acento bonaerense (su padre había nacido en Mallorca, y su madre, pitiusa originaria de Cuba, como tantos hijos de emigrantes: ambos marcharon a Argentina cuando Miguel tenía seis años de edad), dice tener “pocas necesidades” en su vida diaria: “No viajo, el autobús es gratuito, el coche apenas lo uso… Vivo modestamente, sin necesidades. Y si necesito algo extra, lo pido a mis hijos”.

“Hay muchos ancianos que están atravesando una situación muy dura, pues no tienen suficiente dinero para subsistir”

Quien no tiene problemas con su pensión es Concha, exfuncionaria que ejerció de profesora de inglés y que a sus 61 años ya está jubilada. También añade su firma a la ILP “por solidaridad”, porque conoce de cerca el agobio que pasan otros pensionistas para llegar a fin de mes: “Hay muchos ancianos que están atravesando una situación muy dura, pues no tienen suficiente dinero para subsistir”. Lo sabe porque colabora con Creix, una asociación de Puig d’en Valls dedicada a las personas mayores y/o afectadas por enfermedades autoinmunes. Cuenta que una de sus amigas, que lleva siete meses en el hospital, “no puede permitirse ser acogida en una residencia”. No le salen las cuentas: su marido cobra una pensión de 600 euros; ella, de 900. No le da.

“Muchos ancianos viven al día, a no ser que de repente les llegue un gasto extra, que a su edad es muy difícil que no lo tengan”, explica Concha. Es lo que sucede a otra de sus conocidas, una mujer que ha padecido un ictus y que durante un par de semanas, “al no haber suficientes ambulancias en la isla”, se ve obligada a recurrir a “los caros taxis para acudir a hacerse una serie de pruebas”, lo que ha desbaratado sus endebles finanzas. Además, su familia no vive en la isla.

Las hojas de firmas se van llenando conforme avanza la mañana y van pasando por allí pensionistas y gente corriente atraídos por los carteles que han colgado los integrantes de la Plataforma Pitiüsa per la Defensa d’unes Pensions Públiques Dignes, en los que se puede leer lemas como “Las reformas nos roban, los recortes nos matan” o “Pensiones dignas y públicas, servicios públicos de calidad”, problemas mayúsculos pero silenciosos.

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