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Vivienda

Construir más y recuperar pisos vacíos: los retos de la vivienda en Ibiza

El Club Diario de Ibiza aborda la crisis de la vivienda en Ibiza en una mesa redonda en la que se analizaron los principales desafíos

Mesa redonda sobre los retos de la vivienda en el Club Diario de Ibiza

Mesa redonda sobre los retos de la vivienda en el Club Diario de Ibiza / Vicent Marí

Claudia Marí Prats

Claudia Marí Prats

Ibiza

La vivienda es uno de los grandes factores de exclusión en Ibiza. El encarecimiento de la vivienda tanto en régimen de compra como de alquiler ha provocado que el 33% de la población de Ibiza esté en situación de exclusión residencial. Con estos datos, extraídos del último informe Foessa elaborado por Cáritas y el Consell Insular y presentado el pasado mes de enero, comienza la mesa redonda ‘El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta’, celebrada este viernes en el Club Diario de Ibiza. Se trata de la última jornada del ciclo de ponencias y debates organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib), que cuenta con la participación del vicepresidente de la Pimeef, Daniel Ramón; el director de Cáritas Ibiza, Juan Torres; el conseller insular de Territorio, Mariano Juan; el presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib, Lluís Oliva; Marina Moheno, coordinadora técnica de Aliança per l’aigua; y Mateu Turbany, patrón de la Fundación Salas.

Los participantes comienzan debatiendo cuál creen que es el mayor reto de la residencia en Ibiza. «Para mí es que el parque inmobiliario se use correctamente. Hay muchas viviendas cerradas o que no se destinan para la residencia durante todo el año de la gente de la isla», reflexiona Turbany. Para Juan Torres, quien comparte algunos datos más sobre el informe Foessa, la prioridad debe estar en «aquellas personas que viven en asentamientos o en pisos patera, que no se ven tanto, pero existen».

Para el conseller, el crecimiento de la población que ha experimentado la isla en los últimos 20 años es uno de los grandes desafíos. «Hemos estado muchos años con planes urbanísticos que no han previsto un crecimiento de la población tan grande», afirma Oliva. «Los temporeros, que antes venían unos meses solo para hacer la temporada, ahora se quedan. Y eso aumenta la presión también», añade Oliva. «Es un problema tan gordo, que ya no pasas solo por construir viviendas de protección, sino que hay que ofrecer protección a quien lo necesite para que puedan acceder a ellos», reflexiona Ramón.

Para quién se construye

¿Se edifica en Ibiza más para los ricos? Para Turbany, el precio de la vivienda es resultado de varios factores. «No es tanto a quién se construye, sino que es el resultado del proceso. Los promotores tienen en cuenta el precio del suelo, el coste de la construcción o la financiación. Esto resulta en proyectos caros, que quienes los pueden pagar son los más ricos», afirma el patrón de la Fundación Salas, quien considera que para llegar a personas con rentas más bajas, es clave la colaboración público-privadas.

Para Oliva, también es importante utilizar todos los recursos de los que se dispone. «No se trata de construir todo, de Ibiza hasta Sant Josep. Eso sería una aberración. Hay que aprovechar todos los recursos como solares que ya disponemos», asegura el presidente de Coaib. «Hay margen de mejora para los planteamientos urbanísticos. Quizá deberíamos adaptarnos y construir un par de plantas más en altura o pisos de 70 metros en lugar de cien», interviene Ramón. «Compran ricos porque el suelo está caro y son los que pueden hacerlo. Necesitamos construir más vivienda de precio limitado para llegar a quienes más lo necesitan», opina el conseller.

El director de Cáritas Ibiza considera, además, que es necesario recurrir a métodos «imaginativos y construcciones menos convencionales» para dar solución a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. «Para nosotros, es una prioridad atender a quienes viven en infraviviendas, pero atendemos también a personas que sufren los alquileres de temporada y viven con la angustia de saber que les van a echar del piso», lamenta Torres.

«Las viviendas de protección oficial deberían hacerse solo para destinarlas al alquiler social a quienes más lo necesitan», afirma Ramón. La mesa también debatió sobre si es necesario poner un tope al precio de los alquileres. Moheno, quien afirma haber estado a punto de abandonar la isla por no poder pagar las cantidades que requerían los caseros, se muestra partidaria de la medida. «No es normal que una habitación llegue a costar 1.400 euros», critica. Sin embargo, otros como Juan, Oliva o Ramón argumentan que se trata de una medida que no soluciona el problema a largo plazo. «El mercado está roto, pero para arreglarlo no hay que romperlo más», justifica el conseller. «Si conseguimos controlar el precio medio, pero se han retirado viviendas de la oferta de alquiler no arreglamos nada», argumenta Ramón. En este punto el debate deriva en aquellos propietarios que retiran sus pisos en alquiler del mercado ante el temor a no poder recuperarlos o a sufrir desperfectos. «Existe, sin embargo, el programa Alquiler Seguro para estos propietarios, que no entiendo por qué no se le da más difusión», lamenta Torres.

Las propuestas

El evento concluye con las propuestas de los participantes a la crisis de la vivienda, aunque ninguno de ellos considera que esta pueda solucionarse a corto plazo. «Hay que combinar medidas. Ampliar el parque de viviendas y actuar en la demanda con ayudas al alquiler o a la compra de la vivienda», opina Turbany.

Para Moheno, la solución debe pasar por el respeto a los recursos de la isla. «Hay que respetar los recursos hídricos de la isla, utilizar las viviendas que están vacías y aprovechar solares urbanos. El agua es un bien muy limitado», recuerda. «Hay que tener en cuenta siempre el consumo hídrico que tendrá una nueva vivienda, incluido el de aguas residuales», añade.

«Si actuamos bien desde ya y nos coordinamos desde todas las administraciones, podemos comenzar a ver brotes verdes a este problema de aquí a cinco años», opina Oliva. Menos optimista se muestra Ramón. «Conseguir este acuerdo entre administraciones y que se pongan a trabajar desde ya en soluciones me parece difícil. Soy algo escéptico», sentencia.

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