Sant Antoni
La Justicia pone fin a la pesadilla de una comunidad de vecinos de Ibiza con un caso de Diógenes
Los trabajos de limpieza podrían durar un mes entero y el Ayuntamiento de Sant Antoni tomará "medidas para reducir las molestias a los residentes"

Galería: vecinos de Sant Antoni piden soluciones por un caso de síndrome de Diógenes / Toni Escobar
Los vecinos de un bloque de viviendas en Sant Antoni podrán respirar después de 14 años conviviendo con una mujer con síndrome de Diógenes. El Ayuntamiento ha obtenido la autorización judicial necesaria para acceder a la vivienda particular y a las zonas comunes de su comunidad de propietarios para llevar a cabo una intervención mediante ejecución subsidiaria: eliminar la acumulación de residuos que hay en la propiedad. Según el Consistorio, "la actuación no ha sido corregida de forma voluntaria pese a los requerimientos previos realizados por la administración".
La intervención afecta tanto al interior de la vivienda como a espacios comunes del edificio, especialmente el aparcamiento, además de dos vehículos estacionados en la comunidad. Según ha informado el Ayuntamiento, la acumulación de residuos puede suponer riesgos sanitarios e higiénicos, perjudicar la convivencia vecinal, afectar a la salubridad del entorno e incluso representar un posible peligro en caso de incendio.
El procedimiento administrativo que ha desembocado en esta autorización judicial se inició formalmente en agosto de 2025, después de una fase previa de recopilación de información y de tramitación de los expedientes necesarios. El Ayuntamiento sostiene que durante todo el proceso se han respetado las garantías legales y los derechos de las partes implicadas.
Desde el Consistorio señalan que la apertura del expediente respondió a la necesidad de dar solución a una problemática que afectaba al interés general y al bienestar de la comunidad de propietarios. La decisión de recurrir a la ejecución subsidiaria se adoptó, añaden, después de agotar las vías de diálogo y los requerimientos formales dirigidos a la titular de la vivienda para que resolviera la situación por sus propios medios.
Un mes de limpieza
La autorización judicial permite ahora al Ayuntamiento actuar directamente y da cobertura legal al acceso tanto al domicilio como a los elementos comunes necesarios para desarrollar los trabajos previstos. Los servicios municipales ya están coordinando el operativo para ejecutar la intervención “de forma eficiente y segura”, según la administración local.
El Ayuntamiento calcula que los trabajos podrían quedar concluidos en aproximadamente un mes desde su inicio. Durante ese tiempo, asegura, se adoptarán "medidas para reducir al máximo las molestias a los residentes del inmueble y a los vecinos de la zona, al tiempo que se supervisará todo el proceso para garantizar que la actuación resuelve de forma definitiva la situación que originó el expediente", destacan.
En paralelo, los Servicios Sociales municipales han participado en el caso desde el inicio, prestando asistencia y realizando seguimiento de la situación. El Consistorio ha subrayado que la intervención también se desarrollará con su apoyo y acompañamiento, con el objetivo de minimizar el impacto de la actuación y asegurar una atención adecuada a la persona afectada.
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