El TSJB confirma la demolición de las obras ilegales en Casa Lola y condena a la dueña a pagar casi medio millón de euros

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha confirmado la legalidad de la ejecución forzosa acordada por el Ayuntamiento de Sant Josep de la demolición en 2022 de las obras ilegales realizadas en Casa Lola. Además, ha condenado a la dueña del alojamiento turístico, Francisca Sánchez Ordóñez (conocida como Paquita Marsan), a abonar al Consistorio los trabajos realizados, cuyo coste roza el medio millón de euros.

Concretamente, Paquita Marsan deberá abonar 498.807 euros al Ayuntamiento de Sant Josep, una vez realizada la liquidación de los trabajos realizados de forma subsidiaria hace más de tres años. Esta es la factura que se pasará a Inversiones Hoteleras Faro, empresa de la polémica empresaria, después de la sentencia que desestima el recurso de apelación presentado y ratifica íntegramente la resolución dictada previamente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma.

El conflicto tiene su origen en dos expedientes de disciplina urbanística abiertos por el Ayuntamiento, que ya en 2011 y 2014 ordenaron demoler las obras ilegales realizadas en los terrenos de Casa Lola, oculta entre muros y un pinar junto a la carretera a Porroig, y devolver la zona a su estado original.

Ante el incumplimiento de esas órdenes, el Ayuntamiento inició en 2021 el procedimiento de ejecución subsidiaria, que permite a la Administración ejecutar directamente el derribo y posteriormente repercutir el coste a los responsables. La empresa afectada volvió a acudir a los tribunales, alegando, entre otras cuestiones, que las órdenes de demolición habrían prescrito y que la ejecución vulneraba el principio de proporcionalidad.

El TSJB rechaza ahora estos argumentos. La Sala considera que la empresa intentó introducir en la apelación cuestiones que no habían sido planteadas en la primera instancia, como la supuesta prescripción de las órdenes de demolición, lo que no es admisible en esta fase del procedimiento. Además, los magistrados recuerdan que la normativa urbanística balear establece un plazo máximo de 15 años para ejecutar de forma subsidiaria las órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística, plazo que no se había superado en este caso.

10.000 metros cuadrados demolidos

La sentencia también señala que el Ayuntamiento siguió el procedimiento legal al requerir previamente a las empresas para que demolieran las obras voluntariamente y, tras su incumplimiento, iniciar la ejecución forzosa, incluso solicitando autorización judicial para acceder a los terrenos.

Con esta decisión, el Tribunal Superior confirma la sentencia de primera instancia y condena a la empresa apelante a pagar las costas del procedimiento, con un límite máximo de 1.000 euros, aunque la resolución no es firme y todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Este nuevo eslabón del largo periplo judicial se conoce casi tres años y medio después de que las excavadoras contratadas por el Ayuntamiento de Sant Josep entraran en Casa Lola para tirar abajo todas las obras ilegales, que afectaban a casi todo el complejo. Ocurrió el 9 de agosto de 2022. Aunque la fecha estaba comunicada, los operarios se encontraron aquel día a 60 sorprendidos turistas que tuvieron que ser desalojados.

Los trabajos de demolición se prolongaron durante un mes y derribaron estructuras que ocupaban casi 10.000 metros cuadrados de superficie: 2.490 metros cuadrados de edificaciones cerradas, 514 de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de 322 metros cuadrados en total, suelos de terrazas y plazas en el interior de la finca que sumaban otros 3.900 metros cuadrados y 2.100 más de suelos exteriores y caminos. En total, 9.326 metros cuadrados. Además, se rellenaron los huecos que quedaron por las piscinas y aljibes. Tan solo quedaron intactos uno 2.002 metros cuadrados de la construcción original.

Suscríbete para seguir leyendo