Movilidad
La retirada de la tarjeta de transporte a migrantes en Ibiza llega al Defensor del Pueblo: PSOE e IU-Podemos presentan una denuncia
El Partido Popular reitera que es una medida "responsable, legal y necesaria"

Un autobús en la parada de Bartomeu Roselló en una imagen de archivo / Vicent Marí
El PSOE e Izquierda Unida-Podemos han denunciado ante el Defensor del Pueblo la decisión del Consell de Ibiza de retirar la tarjeta de transporte público a migrantes empadronados en la isla sin DNI o NIE. Según han expresado en rueda de prensa estas formaciones, se trata de una medida "inconstitucional" y "la más discriminatoria que se ha hecho nunca en esta institución", afectando a más de 3.000 personas residentes en la Isla.
La portavoz socialista Elena López ha explicado que la decisión de acudir al Defensor del Pueblo se ha adoptado después de que el presidente del Consell, Vicent Marí, se haya negado a rectificar la orden, en vigor desde diciembre. Según ha reiterado, se trata de "un castigo horroroso, un castigo que nunca debería haber hecho esta institución a los migrantes. Por esta misma razón pensamos que la única forma de que esto se pare es acudiendo al Defensor del Pueblo".
Desde IU-Podemos, el conseller Óscar Rodríguez ha dudado sobre los argumentos técnicos y legales utilizados por el Consell para sostener la decisión. Rodríguez ha criticado que se ha intentado justificar el recorte basándose en presuntos fraudes cometidos por determinados perfiles de turistas, aunque la medida se ha hecho "sin ningún informe del impacto que tiene esta medida sobre la vida de la gente".
Las formaciones han lamentado que esta exigencia de tener DNI o NIE puede vulnerar el principio de igualdad y generar "discriminación" puesto que impide acceder al transporte público bonificado a residentes que cumplen con la obligación de empadronarse, pero que no disponen de estos documentos administrativos.
La denuncia solicita al Defensor del Pueblo que admita a trámite la investigación y valore la posible vulneración de varios artículos de la Constitución, así como la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España y que, si lo considera, formule una recomendación instando al Consell a garantizar el acceso a los abonos "en igualdad de condiciones a las personas empadronadas, con independencia de su situación administrativa".
Según han insistido, en una isla con una fuerte dependencia del transporte por carretera y unos elevados costes de vida, la pérdida del bono gratuito o bonificado puede afectar directamente el acceso a la ocupación o educación. Las formaciones cuestionan el sistema de excepciones parciales previsto para colectivos vulnerables que "sustituye un criterio objetivo de residencia por un sistema asistencial condicionado, incompatible con el carácter universal y general de la medida de gratuidad".
El PP se defiende: una medida "responsable, legal y necesaria"
El Grupo Partido Popular del Consell de Ibiza, por su parte, defiende como "medida responsable, legal y necesaria" el hecho de que para emitir un documento oficial la institución insular pida algo tan básico como un DNI o un NIE. Así insisten en que "ste requisito que alegremente tachan de racista no es más que hacer cumplir el mismo que imponen los gobiernos socialistas en Cataluña, o incluso en el conjunto de España, a través de los bonos de transporte de Renfe, por poner solo dos ejemplos".
Los populares tildan de hipócritas a la izquierda que les exige "lo que no son capaces de aplicar allá donde gobiernan". Además, apuntan: "entrando al fondo de la cuestión, que de una subvención de casi 8 millones de euros se pretenda que no haya el mínimo control, como pedir un simple DNI o NIE, al igual que pasa en cualquier otro lugar de España, incluidos los pocos en los que gobierna el PSOE, significa declarar públicamente la intención de no querer tener ningún cuidado por los recursos públicos".
Finalmente, desde el PP señalan en el comunicado que si actuaran como si no hubiera habido fraude estarían "gobernando de espaldas a la realidad y sin dar respuesta a situaciones y problemáticas reales". Por este motivo, dicen que "si el Defensor del Pueblo investiga, confiamos en que validará la medida, como ocurre en cualquier otro lugar de España".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido