Carreteras de Ibiza
El PSOE acusa a Sant Josep de ignorar tres meses un informe policial sobre las señales "ilegales" de 29 km/h en un tramo mortal
Aseguran que el escrito del 16 de noviembre pedía retirarlas "inmediatamente"
Imagen de una de las señales de tráfico de 29 km/h en Cala de Bou, Sant Josep. / Sergio G. Cañizares
Añádenos en GoogleEl PSOE de Sant Josep ha acusado al equipo de gobierno municipal de mantener durante tres meses una señalización que califica de "ilegal" en la calle des Caló de Cala de Bou, donde en noviembre de 2025 se instalaron una docena de señales que fijaban un límite de 29 km/h. Unas señales que formaban parte de una campaña para llamar la atención de los conductores.
Según la nota difundida por los socialistas, dos días después de la colocación de esas señales, la Policía Local habría advertido por escrito al equipo de gobierno de que eran contrarias a la normativa, pero el Ayuntamiento no habría actuado hasta enero, cuando —siempre según el PSOE— se volvieron a colocar los carteles originales de 30 km/h.
Galería: nuevas señales de tráfico de 29 km/h en Cala de Bou, Sant Josep / Sergio G. Cañizares
El concejal socialista Vicent Roselló sostiene que en el pleno de noviembre el concejal Vicent Torres confirmó la existencia de un informe policial, pero se negó a facilitarlo a la oposición. Añade que en diciembre se comprometió a entregarlo cuando lo hubiera leído “él primero”, pero el documento no llegó a manos del PSOE hasta febrero de 2026, tras "tres exigencias consecutivas" en el pleno.
Los socialistas afirman que el informe policial está fechado el 16 de noviembre y que indicaba desde el primer momento que las señales eran "ilegales" y debían retirarse "inmediatamente". Por ello, el PSOE reclama saber quién ordenó instalar esa señalización, cuánto ha costado el proceso (compra, instalación, retirada y sustitución) y quién asumirá responsabilidades políticas por haber mantenido durante tres meses el criterio que, según la nota, iba en contra del de los propios agentes.
Roselló concluye que, a su juicio, "no ha habido un error de gestión", sino "una elección": mantener señales "ilegales" en un tramo "peligroso" y "ocultar" el informe, algo que califica de "mala praxis", "opacidad" y “falta absoluta de respeto” hacia los vecinos y la institución.
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