La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota

La sanción de 4.000 euros impuesta por la Guardia Civil en Ibiza a una ambulancia de GSAIB tras detectar irregularidades en su documentación ha sido el detonante de una nueva denuncia pública de UGT. El sindicato sostiene que ese episodio ha permitido comprobar “otro tipo de irregularidad” que, a su juicio, evidencia una “negligencia total y absoluta” en la gestión del transporte sanitario no urgente por parte de la empresa pública y del IB-Salut. Aseguran que se está poniendo en "riesgo grave" tanto a trabajadores como a pacientes y usuarios.

En un comunicado, UGT afirma que, a raíz de la intervención de los agentes la semana pasada en la isla, ha aparecido la documentación de vehículos que, según el sindicato, hasta ahora se justificaban como “en subsanación” o “en adaptación” para rebajar su peso por debajo de los 3.500 kilos. Esa cifra es clave porque marca el límite a partir del cual se requiere un permiso de conducción diferente al carnet B.

El responsable del Transporte Sanitario de UGT Illes Balears, Javier Marín, asegura que, tras analizar la documentación de esas unidades, han detectado un hecho “gravísimo”: “Desde hace 3 meses, se han estado conduciendo ambulancias de más de 3.500 kilos por trabajadores que poseen el carnet B mientras la empresa y el Servei de Salut aseguraban que dichos vehículos pesaban menos de 3.500”.

“Furgotaxi” y plazas “fuera de ficha”

UGT denuncia además que, aunque desde la gerencia de GSAIB y desde la Conselleria se habría transmitido que esas ambulancias podían ocuparse hasta con seis plazas, la ficha técnica, según el sindicato, solo autoriza un máximo de cuatro plazas en total, incluyendo a los dos técnicos. Marín ironiza en la nota con que estos vehículos pueden llamarse “furgotaxi”, porque “poco queda” de la idea original de ambulancia “más que por una pegatina” en el lateral.

La central sindical añade que, con las modificaciones realizadas para rebajar el peso, estos vehículos marcan 3.190 kilos en báscula sin ocupantes. Con el peso medio atribuido por ley de 75 kilos por ocupante, UGT sostiene que, si viajan dos técnicos y dos pacientes, el conjunto se situaría en 3.490 kilos, dentro del límite. Sin embargo, si se ocupa el vehículo con seis plazas, como, según denuncia, se habría ordenado mediante instrucciones operativas, el peso se elevaría hasta 3.640 kilos, superando el umbral de 3.500 kilos.

“Por mucha administración que sea, no están exentos de cumplir las leyes de tráfico y de seguridad vial”, afirma Marín en el comunicado, en el que acusa a la gestión de “engaño continuo” y de haber obligado a trabajadores a realizar servicios “a sabiendas” de que se superaban los pesos máximos y la ocupación autorizada.

UGT encuadra esta situación en la compra de la nueva flota, presentada por la administración como “la mejor de Europa” tras una inversión inicial de 56 millones de euros. El sindicato recuerda que, al llegar los vehículos, se habrían retirado “todo tipo de mejoras técnicas”, entre ellas rampas de acceso para sillas de ruedas o camillas, con el objetivo de rebajar el peso y permitir su conducción con carnet B. Asegura incluso que esas retiradas suman “más de 50 toneladas de chatarra tecnológica” pagada con dinero público.

Demoras en Ibiza de hasta 14 horas

En paralelo, UGT vincula el rediseño de la flota con una falta de recursos operativos: afirma que se ha pasado de 135 vehículos el año pasado a 130 en la actualidad en Baleares, pero con solo 30 con camilla, lo que, según denuncia, provoca esperas prolongadas en los traslados no urgentes. En ese contexto, cifra en hasta 14 horas en Ibiza las demoras para trasladar a pacientes del hospital a su domicilio tras recibir el alta, con el consiguiente efecto en la disponibilidad de camas y la congestión hospitalaria.

UGT sostiene que ha comunicado a la empresa que los trabajadores realizarán traslados “solo y exclusivamente” respetando la ocupación máxima de la ficha técnica, “por mucha orden que se envíe con lo contrario”, para evitar riesgos y posibles responsabilidades.

El sindicato exige explicaciones, depuración de responsabilidades y la destitución inmediata del responsable de la situación. Si no se actúa, advierte de que no descarta acudir a órganos superiores y judiciales y reclama al Govern balear y a la Conselleria de Salut que se llegue “hasta las últimas consecuencias”.

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