Jornada sobre la vivienda: "¿Se puede construir más en Ibiza?"

Los tres ponentes protagonistas de la jornada 'Vivienda en Ibiza: ¿hay soluciones mágicas?', coinciden a la hora de apuntar que el alquiler turístico no es el responsable del precio desorbitado de las casas y también en que construir más pisos en los principales núcleos urbanos es una condición indispensable para reducir el problema, aunque no la única. Frente a estas valoraciones, el director de Cáritas en Ibiza, Joan Torres, presenta una objeción tajante en la mesa redonda que cierra el evento: "Aunque se construya más, ¿se va a poder comprar?", y recuerda que el 20% de la población se encuentra en situación de exclusión social en la isla.

Antes de que se celebre el debate, la jornada de vivienda, organizada por el Consell en la sede de la Universitat de les Illes Balears, ofrece las ponencias de tres expertos que aclaran cómo se ha podido llegar a esta crisis habitacional, la complejidad que supone paliar sus efectos y los diversos factores que han generado esta tormenta perfecta. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, recuerda que una quinta parte de las 24.000 viviendas de la ciudad de Ibiza no son primera residencia, aunque las licencias turísticas no han dejado de bajar en los últimos años.

De ahí que, según Nasarre, el efecto del alquiler turístico sobre el precio final sea escaso y que, en cambio, pese mucho más el hecho de que la vivienda de alto standing ha monopolizado el mercado, dejando de lado a la clase media y media baja. Aquí aparece otro factor clave: cada vez más extranjeros, de mayor poder adquisitivo, optan por fijar su residencia en Ibiza o en otros enclaves mediterráneos con mayor calidad de vida.

Gentrificación

Luis Falcón, director de la empresa de big data y planificación territorial estratégica inAtlas, recuerda que el 5% de las viviendas en España ya son propiedad de extranjeros. Además, suelen concentrarse en los centros de las ciudades y su perfil -mayores de 45 años, sin hijos ya a su cargo y con alto poder adquisitivo- los convierte en un rival imbatible para los jóvenes locales a la hora de conseguir casa.

Falcón incide en que este fenómeno tiene mucha mayor incidencia en los precios del mercado que el alquiler turístico y subraya que se está reduciendo el número de casas vacacionales. Así, detalla que existen 329.000 viviendas con un uso turístico activo frente a las "525.000 legalmente registradas" en todo el país. De esta cantidad, 365.000 pagan impuestos, "más de 3.000 millones de euros", precisa, en una defensa de los beneficios que aporta el turismo.

Gemma Peribáñez, arquitecta y urbanista de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, apunta un factor de pura matemática en su ponencia: la población de Ibiza se ha doblado en los últimos 25 años, "pero no su capacidad de alojamiento". Es decir, "existe un déficit estructural de vivienda como residencia permanente".

Peribáñez precisa que, sin nuevas promociones, el precio no se va a abaratar, pero que estas se deben centrar en los núcleos urbanos de Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep, ya que los usuarios con problemas para encontrar casa la están buscando en áreas cercanas a sus trabajos y con todos los servicios básicos.

El debate

Tras las ponencias, tanto Peribáñez como Falcón participan en la mesa redonda que cierra la jornada, junto al presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González, el vicepresidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Daniel Ramón, y el director de Cáritas, Joan Torres. La moderadora, Esther Matutes, delegada de IB3 en las Pitiüses, lanza una pregunta directa: "¿Se puede construir más en Ibiza?".

Los dos ponentes reiteran que puede recalificarse terreno para ello, pero que debe concentrarse en áreas urbanas y que es indispensable que exista una voluntad social para ello. Ninguno de ellos considera factible la fórmula de restricción de compra a los extranjeros, una apreciación a la que se suma el juez: "Me provoca risa, porque es inviable y vulnera la Constitución europea", subraya.

El representante de Pimeef apunta que unas normativas municipales obsoletas están agravando el problema, ya que se basan en "viviendas de tres habitaciones, que no es lo que se demanda actualmente". También recuerda que él, como empresario, encontró una casa decente a un precio asequible "en tan solo dos semanas".

Seguridad jurídica

En su caso, el propietario sabe que tiene una garantía a la hora de cobrar y esa confianza no la tiene con desconocidos, así que "sin seguridad jurídica, no van a salir más viviendas al mercado de alquiler residencial". González incide en esa idea y, como juez, subraya que la solución es muy fácil. La legislación es fácil de cambiar para echar "en 24 horas" a un okupa o un inquiokupa que no se encuentre en situación real de vulnerabilidad, "pero no se modifica", subraya González.

De ahí que los desalojos se dilaten durante largo tiempo y supongan gasto de dinero para los propietarios, que "están un año sin cobrar y al final recuperan su casa destrozada". "Estos procesos deberían ser urgentes", abunda el juez. Otro dato que agrava la situación es que los juzgados de Ibiza solo cuentan con dos funcionarios para tramitar los lanzamientos por desahucios.

Por su parte, el director de Cáritas pone el acento en que ni los asentamientos marginales ni los pisos patera "son fenómenos marginales, porque afectan a mucha población trabajadora y allí se ha detectado incluso a turistas en tiendas de campaña". "Es un problema que se debe abordar en profundidad y con urgencia", subraya.

Suscríbete para seguir leyendo