71 millones de euros para solucionar el "infierno" de las pulseras antimaltrato

«Las pulseras han dado problemas. A veces saltan cuando no tienen que saltar, o tienen errores, o se puede quitar la pulsera y parece que tampoco pita... Lo que me sorprende es que haya tardado tanto en conocerse porque esto lleva tiempo».

Así de crudo se mostraba el pasado mes de septiembre Carlos Mañas, uno de los agentes que trabajan en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Ibiza. Su testimonio venía a confirmar lo que ya era bien conocido entre todas las personas implicadas en la lucha contra la violencia de género, ya sean agentes, jueces, abogados o las propias víctimas: que las pulseras son una chapuza.

«He tenido víctimas que me han dicho que la pulsera es un infierno porque está todo el día pitando. Pitaba por todo: si se acababa la batería, si el agresor se alejaba mucho de su pulsera…», continuaba el policía en conversación con Diario de Ibiza en la comisaría, donde varios agentes centran su trabajo exclusivamente en ayudar y proteger a las víctimas de violencia de género.

Hace tres semanas, el Consejo de Ministros aprobó las condiciones de la nueva licitación de las pulseras antimaltrato, que incorpora «mejoras para que el servicio sea más seguro para las víctimas y la sociedad española», según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Hasta 111 millones de inversión pública

El contempla un incremento presupuestario de 50 a 71 millones, ampliables a 111 millones, si el contrato, en un inicio por 36 meses, se amplía dos años más. Además, en los dispositivos se incorporan "mejoras importantes", a juicio de la ministra. En primer lugar, se incrementa el número de aparatos a adquirir hasta un total de 17.660, con el fin de tener un stock mínimo de 2.000 dispositivos libres para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas.

El stock garantiza también el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exige a la empresa que resulte adjudicataria la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses.

De esta forma, la nueva contratación incluye varias de las peticiones efectuadas por las víctimas, después de que la fiscalía destapara que un fallo en el traspaso de datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y la actual, Vodafone, provocó que durante unos meses no se pudiera corroborar, en los juzgados, si los agresores habían transgredido las órdenes de alejamiento.

Redondo puso en marcha dos auditorías, una interna y otra externa, para conocer a fondo los fallos y exigir posibles explicaciones a la empresa adjudicataria. El actual contrato finaliza el próximo mes de mayo.

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