Operación Enroque Bal-Manso
La Fiscalía sostiene que más policías y guardias civiles colaboraban con la red de narcotráfico de Stefan Milojevic
Los investigadores apuntan que «otros agentes no identificados proporcionaron información al inspector Nogales»
La banda quería «captar y corromper a funcionarios para garantizar su impunidad»
El inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, en 2021, cuando dirigía un equipo antidroga. / GUILLEM BOSCH
La Fiscalía sostiene que hay más policías o guardias civiles implicados en la gran trama de narcotráfico y blanqueo de capitales liderada por Stefan Milojevic. En un extenso escrito remitido esta semana al juez instructor, el ministerio público sostiene que además del inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, encarcelado por esta causa, otros miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que todavía no han sido identificados colaboraban con la organización mafiosa.
El fiscal insiste en que un chivatazo de Nogales obligó a adelantar la operación policial contra los acusados, que estaban preparando la introducción en España de un cargamento de 3.000 kilos de cocaína cuando fueron arrestados en agosto pasado. También se muestra partidario de que la Audiencia Nacional asuma la investigación a partir de ahora, como han solicitado algunos de los acusados, al entender que se trata de una «verdadera y compleja organización criminal» que habría operado en varias provincias, por lo que se cumplen los requisitos para trasladar la instrucción al órgano central.
Estructura criminal
El teniente fiscal Adrián Salazar desgrana en el escrito que la investigación de la operación Enroque Bal-Manso ha puesto de manifiesto «una estructura criminal de gran envergadura, de la que formarían parte decenas de personas y una organización bien estructurada y exitosa, que cuenta con una logística importante, grandes recursos económicos y personales y un entramado de empresas para el blanqueo de capitales».
Stefan Milojevic, el supuesto cabecilla de la organización. / Ana B. Muñoz
La Fiscalía resalta los «estrechos contactos» entre el líder de esta organización, Stefan Milojevic, y capos de la mafias albanesa y montenegrina para importar enormes cargamentos de cocaína desde Sudamérica y grandes alijos de hachís de Marruecos que llegaban a Balears para luego transportarlos a la península y el resto de Europa.
Corrupción policial
La red se nutría de la corrupción policial. El fiscal incide en la relevante presencia de topos en diferentes cuerpos que daban información a la organización de narcotraficantes. «Debe destacarse igualmente la importancia para la organización criminal de contar con la colaboración de miembros de los cuerpos de seguridad, que pudiera informarles de las investigaciones policiales, de conocer si están siendo seguidos e investigados», señala Salazar.
Apunta que el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales -antiguo jefe del grupo de Estupefacientes la Jefatura de Palma- no era el único. «De la investigación realizada se deduce la posible existencia de otros miembros de la Policía, Aduanas o Guardia Civil no identificados que proporcionaron la información» a Nogales. Este habría alertado en agosto pasado a los líderes de la banda de que estaban siendo investigados, lo que les llevó a abortar la llegada a España de un cargamento de 3.000 kilos de cocaína, desvela la Fiscalía.
Este es el material incautado en la operación Manso-Enroque Bal: 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros / MANU MIELNIEZUK / DMA
El chivatazo, detectado por los investigadores, obligó a adelantar las detenciones de los cabecillas. La investigación añade Salazar, ha revelado «la clara voluntad de la organización de captar y corromper a otros funcionarios policiales o de la administración de justicia para garantizar la impunidad de su actividad».
La investigación, a la Audiencia Nacional
La Fiscalía ha dado el visto bueno a que la instrucción de la macrocausa se traslade a la Audiencia Nacional, como ya han solicitado los abogados de algunos de los acusados. En el escrito remitido al juez de Palma que investiga el caso, señala que se trata de una «verdadera y compleja organización criminal» con actividad en diversasprovincias y sostiene que el órgano competente para instruir y enjuiciar el procedimiento es la Audiencia Nacional.
La operación se ha saldado, de momento, con la imputación de 74 personas -27 de las cuales están presas- y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros.
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