UP propone que Ibiza facilite la acreditación del arraigo de migrantes en el proceso de regularización

Unidas Podemos defenderá en el próximo pleno que celebrará el Consistorio de Ibiza una moción "de apoyo a la regularización extraordinaria de personas migrantes, en defensa de los derechos humanos y contra el racismo y los discursos de odio" en la que insta a todos los grupos, incluso al equipo de Gobierno, del PP, a manifestar "su apoyo expreso a la regularización extraordinaria de personas migrantes, reconociéndola como una medida necesaria de justicia social, dignidad humana y garantía de los derechos fundamentales".

Se pide en ella que el equipo de Gobierno, del PP, se comprometa a que los servicios municipales del Ayuntamiento "faciliten y colaboraren activamente en la acreditación y certificación del arraigo de las personas migrantes en el municipio, mediante informes de empadronamiento, convivencia, inserción social u otros instrumentos administrativos disponibles, con el objetivo de favorecer su acceso efectivo al proceso de regularización". Este punto es vital para no entorpecer las tramitaciones que cursen los migrantes, en las que el Consistorio tendrá un papel trascendental.

Garantías jurídicas

También se solicita que Vila inste al Gobierno de España a que la regularización "se lleve a cabo con la máxima celeridad, evitando retrasos que prolonguen innecesariamente la situación de vulnerabilidad de miles de personas", así como que el proceso "se desarrolle con las máximas garantías jurídicas y administrativas, asegurando trámites accesibles, transparentes y sencillos" y "una protección efectiva de los derechos de las personas migrantes durante todo el procedimiento".

Propone, asimismo, la condena "del racismo, la xenofobia, los discursos de odio y la criminalización de la migración, especialmente los promovidos por partidos y movimientos vinculados a la extrema derecha que vinculan falsamente la migración con la delincuencia o la criminalidad, rechazando cualquier intento de utilizar a la población migrante como causa o fuente de problemas o conflictos sociales para fomentar la división e intoxicar la convivencia entre vecinos y vecinas".

Es “una medida necesaria para aflorar empleo, garantizar derechos laborales, fortalecer los servicios públicos y las estructuras básicas del estado del bienestar”

En el argumentario de la moción se recuerda que los migrantes "son nuestros vecinos y forman parte activa de nuestra sociedad y de nuestros municipios", además de "sostener sectores económicos esenciales y contribuir de manera decisiva al bienestar colectivo". La falta de una autorización administrativa de residencia y trabajo les sitúa "en una posición de vulnerabilidad e indefensión, limitando el pleno ejercicio de derechos básicos y exponiéndolas a situaciones de precariedad, abuso y explotación", como quedó patente en el reciente informe de exclusión social de la fundación Foessa, vinculada a Cáritas: "Las personas migrantes en esta situación se ven obligadas a aceptar empleos sin contrato, salarios por debajo de lo legalmente establecido, jornadas excesivas y condiciones laborales inseguras por miedo a la denuncia, la expulsión o la pérdida de los ingresos que garantizan su subsistencia", se detalla en la moción.

Se trata de una realidad que, se arguye desde UP, afecta no solo a quienes la padecen directamente y sus familias, "sino al conjunto de la sociedad, al fomentar la economía sumergida, la explotación laboral y situaciones de discriminación que son incompatibles con una sociedad democrática".

Charla informativa sobre la regularización

Precisamente, a finales de febrero, el viernes 27, la sede de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas ofrecerá una charla informativa sobre la regularización extraordinaria de migrantes y sus requisitos y trámites. Intervendrán Sarah Terbaoui Senhaji, abogada especialista en extranjería e inmigración, y representantes de las asociaciones de uruguayos y argentinos de estas islas.

La regularización de migrantes constituye, según expone UP en la moción, "una medida necesaria para aflorar empleo, garantizar derechos laborales, fortalecer los servicios públicos y las estructuras básicas del estado del bienestar", además de ser, esencialmente, "una medida de justicia social y derechos humanos que reconoce la dignidad inherente a todas las personas".

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