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Tribunales

La Fiscalía se reitera en su petición de archivo de la causa abierta contra el presidente del Consell de Ibiza por 'La Vida Islados''

El ministerio público, analizado el auto de la Audiencia Provincial, mantiene su postura y no ve indicios para procesar a Vicent Marí

Vicent Marí y la actriz Olivia Molina durante la grabación del vídeo promocional, en el Consell en 2022.

Vicent Marí y la actriz Olivia Molina durante la grabación del vídeo promocional, en el Consell en 2022. / Consell de Ibiza

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César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

La Fiscalía de Ibiza no presentará escrito de acusación contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, dentro del proceso abierto por la contratación del vídeo promocional 'La Vida Islados' durante la pandemia del coronavirus. El ministerio público ya decidió en su momento no recurrir el auto de archivo del procedimiento decretado en primera instancia. Las dos acusaciones particulares personadas en la causa, el PSOE y la interventora de la institución, Marian Tur Díaz, ya han presentado sus respectivos escritos después de que la Audiencia Provincial ordenara retomar el caso a finales del pasado mes de enero.

Desde la Fiscalía explican que, una vez analizado el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, no ven motivos para cambiar su postura; esto es, no pedirán la apertura de juicio oral ni presentarán petición de penas contra Vicent Marí porque siguen sin apreciar indicios de delito en su actuación en este caso.

En su última decisión, la Audiencia avaló el procedimiento de emergencia utilizado por el Consell de Ibiza para contratar, en el verano de 2020 y en plena crisis sanitaria del covid, la campaña de promoción turística 'La Vida Islados', pero en su resolución instaba a "continuar" la causa judicial contra el presidente, Vicent Marí, "respecto de la adjudicación del contrato objeto del presente procedimiento (...) a Fuera de Escena S.L.". También "respecto de los hechos denunciados" por la interventora de la institución, Marian Tur, sobre un presunto caso de acoso y/o coacciones.

Análisis de las pruebas

En la parte dispositiva de su auto sobre los recursos presentados por el PSOE y la interventora del Consell, defendida por el abogado David Salvà, contra el sobreseimiento de la causa dictado en diciembre de 2024 por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Ibiza, el alto tribunal concluía que el procedimiento judicial debe continuar para "esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato" a Fuera de Escena S.L. y para el "análisis de las pruebas aportadas sobre las coacciones denunciadas", por lo que estima parcialmente las peticiones de las dos partes. No así la que ponía en entredicho el procedimiento de emergencia utilizado por el Consell para sacar adelante el proyecto de 'La Vida Islados' en el verano posterior al covid, con el objetivo de recuperar el turismo. En este caso, avaló el sobreseimiento.

Retomado el caso, el Tribunal de Instancia, sección de Instrucción Plaza número 4 de Ibiza, dio diez días a las partes personadas para que presentaran sus respectivos escritos de acusación. Lo han hecho la representación legal de la interventora y el PSOE. No así la Fiscalía, que se reafirma en su postura de respaldar el archivo del caso.

Las acusaciones particulares

La defensa de Marian Tur Díaz, además de la lógica apertura de juicio oral, solicita para el presidente un total seis años de prisión y casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una indemnización de 80.000 euros. Le atribuye los delitos de prevaricación (inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer sufragio pasivo por 12 años), tráfico de influencias (dos años de prisión, multa de 500.000 euros e inhabilitación especial por siete años), coacciones (1,6 años más) y de lesiones psíquicas (otros 2,6 años)

Los socialistas, por su parte, le acusan de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Por ellos, reclama una pena de un año de prisión, 19 de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio y una multa también de medio millón de euros.

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